¿Por qué la CPI ordenó el arresto del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte?

La Corte Penal Internacional, que mantiene abierta una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, por varios años había venido investigando al ex presidente filipino Rodrigo Duterte, de 79 años, quien gobernó al país asiático con mano dura entre 2016 y 2022. Se le acusa de asesinatos masivos durante la represión antidroga que llevó adelante desde el poder.

El número de personas muertas, producto de la represión del gobierno de Duterte, varían como suele ser en estos casos, entre las cifras oficiales y las que han recopilado las organizaciones de derechos humanos. Para la Policía Nacional de Filipinas, se registraron 6.000 muertes en el combate al tráfico de drogas, pero los activistas de derechos humanos han documentado al menos 30.000 casos de personas asesinadas.

Las violaciones a derechos humanos investigadas incluyeron los años previos a la llegada de Duterte a la presidencia, cuando ejerció como alcalde en la ciudad sureña de Davao.

La CPI envío a la fiscalía general en Manila un oficio solicitando la detención del expresidente. El actual mandatario, Ferdinand Marcos (hijo), un archirrival político del ahora detenido, facilitó la actuación policial que incluyó de forma inédita un envío prácticamente exprés de Duterte a La Haya, sin posibilidad de apelar la medida ante jueces locales.

La orden de detención enviada por la CPI a las autoridades filipinas sostiene que “hay motivos razonables para creer que” el ataque a las víctimas “fue tanto generalizado como sistemático: el ataque tuvo lugar durante un período de varios años y miles de personas parecen haber sido asesinadas”.

Según esta orden de arresto, emitida el 7 de marzo por la CPI, la detención de Duterte era necesaria “para asegurar su comparecencia ante la corte”. Y el propio tribunal internacional reconocía este dato, que es no menor: aunque Duterte ya no ejerce como presidente, “parece seguir ejerciendo un considerable poder” en Filipinas.

Así que su detención, cuando llegaba en un vuelo procedente de Hong Kong, parece marcar un punto de inflexión en la no tan abundante historia de casos relevantes, de ex presidentes llevados ante la CPI.

Familias de las víctimas sorprendidas

De acuerdo con corresponsales internacionales en Manila, como es el caso de periodistas de la agencia estadounidense Associated Press (AP), la detención de Duterte en primer lugar sorprendió a miles de familias de las víctimas, y esto se tradujo en algunas celebraciones espontaneas en las calles de la capital filipina.

Una expectativa presente entre estas personas es que la actuación de la CPI no se reduzca al ex presidente, sino que también se sancione a los altos mandos policiales que ordenaron la represión y a los oficiales de policía que la llevaron adelante.

Aunque Filipinas llevaba tiempo sufriendo el problema de la impunidad antes de que Duterte llegara al poder en 2016, Amnistía Internacional sostuvo que la situación empeoró considerablemente durante su gestión, con los miles de homicidios de personas presuntamente relacionadas con las drogas, asesinatos cometidos de forma generalizada y sistemática.

“La intervención de la CPI debe poner fin a este círculo de impunidad en el país y transmitir a la policía, y a quienes tienen vínculos con ésta y continúan perpetrando o aprobando tales homicidios, el mensaje de que será inevitable que rindan cuentas por los crímenes que cometen”, manifestó Amnistía Internacional, cuya sede principal está en Londres.

El exsenador Antonio Trillanes, uno de los críticos más severos de Duterte y quien lideró la presentación de una denuncia en su contra ante la CPI, dijo que el arresto era histórico y un gran golpe a la impunidad estatal y la tiranía en cualquier parte del mundo.

Duterte cumplirá 80 años este 28 de marzo y según una revisión médica a la que fue sometido tras su detención en el aeropuerto de Manila, goza de buena salud.