A Laureano González lo escogerá una asamblea electoral de mentira

En Delta Amacuro no se ha practicado fútbol de campo de una forma estructurada durante siete u ocho años, hasta donde le alcanza la memoria a Héctor Rojas, ex árbitro y presidente del club Francisco Tamayo FC, quien apoyó el proyecto Somos Vinotinto de Richard Páez y ha emprendido una cruzada para denunciar la forma irregular en que fueron electos los delegados de la entidad, que participarán el martes en los comicios de la Federación Venezolana de Fútbol.

Ha sido el fútbol sala (modalidad también regida por la FVF) el que ha mantenido vivo el balompié en medio de los caños, sembradíos y bosques de manglares. Treinta y dos clubes de fútbol y fútbol sala cumplieron en los últimos años con los extremos legales para la inscripción en el Registro Nacional del Deporte, en un intento por revertir la tradición según la cual los mismos siete clubes han reelegido por 18 años al mismo grupo en la junta directiva de la asociación.

Sin embargo, la mayoría de estos fueron impedidos de participar en el proceso de elección con el argumento de que no habían participado en torneos válidos para la Asociación de Fútbol de Delta Amacuro (AFEDA), invocando unos estatutos según los cuales solo podían votar clubes federados, a pesar de que la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física  reconoce en sus artículos 40, 41 y 42 la potestad de los clubes de federarse o no.

“Yo introduje un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y otro ante el Instituto Regional de Deportes del estado”, revela Rojas. “El primero no ha respondido y el segundo argumentó que no podía pronunciarse porque la asociación tenía autonomía”.

El presidente Fernando Gómez convocó el 24 de noviembre de 2016 a una asamblea extraordinaria para reformar estatutos y definir Comisión Electoral, aunque ambos actos deberían ser celebrados en asambleas distintas, dado que el segundo deriva de decisiones que se toman en el primero.

Esta convocatoria fue sustituida luego por una publicada el 20 de diciembre, que citaba a los delegados para realizar la asamblea extraordinaria al día siguiente, violando el lapso de 15 días de antelación fijado en el artículo 22 de los estatutos.

Rojas asegura que la asamblea que reeligió a Gómez el 21 de febrero pasado fue ensamblada a la medida del candidato: “Excluyeron a los árbitros de fútbol de campo y dejaron solo a los de fútbol sala. Los representantes masculino y femenino de los jugadores que van a ir a votar por Delta Amacuro en las elecciones de la FVF son ambos familia de Fernando Gómez. Los clubes que votaron fueron inscritos en el Registro Nacional del Deporte en octubre de 2016, fuera del lapso de seis meses de actividad comprobada que establece la Ley del Deporte, y la memoria y cuenta fue presentada un día antes de la elección, cuando los estatutos indican que debe hacerse 15 días antes”.

Rojas impugnó la relegitimación de Gómez ante la Comisión Electoral, que declaró improcedente su recurso. “Iba a pedir la intervención del IND en este caso, pero ahora que (el presidente) Pedro Infante está en la plancha de Laureano González creo que es inútil. Sin embargo, el ministro (de Juventud y Deporte) Mervin Maldonado sí nos dio esperanza de que habrá un pronunciamiento”.

A troche y moche

El 6 de septiembre de 2016, la Consultoría Jurídica y el directorio del IND negaron el reconocimiento oficial a las asociaciones de Fútbol de los estado Sucre  y Miranda, presididas por Pedro Guevara y José Luis Rincones, respectivamente, obligando con ello a la instalación de autoridades provisionales, que a su vez tendrían la misión de definir una comisión electoral para organizar comicios para una nueva directiva. Tanto Guevara como Rincones se las arreglaron para volver al poder, por las vías más insospechadas.

En el caso de Sucre, 25 clubes convocaron en el diario Región el 6 de octubre a la constitución de una Comisión Reorganizadora para el 21 de octubre de 2016, considerando ese número como quórum válido, por representar al 72% de los clubes que hacen vida en la entidad oriental. Sin embargo, el artículo 17 de los estatutos de la Asociación establece que la asamblea general de la misma está formada no solo por los representantes de los clubes, sino por los delegados de los equipos de primera división (en el caso de Sucre no hay), los atletas del estado, los entrenadores, los árbitros, los jugadores profesionales y los colectivos afiliados a la entidad. Este universo marca un quórum totalmente distinto.

La convocatoria, además, incluye a dos clubes inhabilitados para votar, la Asociación Civil Daniel Cafú Arismendi, cuyo certificado del Registro Nacional del Deporte estaba vencido para el momento, y la Escuela de Fútbol Cantarrana, cuyo registro lo identifica como un club de fútbol de salón, una disciplina no amparada por la FVF (que rige el fútbol de campo, de playa y el fútbol sala).

La proporción de convocantes resulta aún más insuficiente si se toma como válido el registro del Instituto Autónomo de Deportes de Sucre, que en una comunicación del 7 de noviembre de 2016 da cuenta de que en la entidad hacen vida 69 clubes de fútbol y fútbol sala.

Sin embargo, la asamblea del 21 de octubre se llevó a cabo, arrojando el triunfo por unanimidad de los 21 clubes asistentes de Jesús Acosta Licett, afín a Guevara, quien procedió a una reforma de estatutos y a una elección de Comisión Electoral, en una asamblea que se llevó a cabo el 2 de diciembre.

El propio Licett realizó la convocatoria para esa fecha a través del diario Región, “en mi carácter de presidente de la Asociación de Fútbol del Estado Sucre”, a pesar de que nunca fue investido con ese cargo, pues el acta notariada de asamblea del 21 de octubre da cuenta de que fue electo como presidente de la Comisión Reorganizadora. En otros documentos, como aquel en el que solicita la presencia de un notario público para el 2 de diciembre, Licett se presenta como “Presidente de la Autoridad Provisional”.

El 15 de febrero, una nueva asamblea arrojó el triunfo de Pedro Guevara, que regresaba así a la cabeza de la Asociación siete meses después de que el IND le negara la providencia.

“Al no ser válida la convocatoria del 6 de octubre, no pueden tener validez ninguno de los actos posteriores, como la reforma de estatutos, la elección de la Comisión Electoral o la de la junta directiva como tal”, asegura Rojas, quien introdujo una impugnación ante la Comisión Electoral, declarada improcedente por ésta, y un amparo cautelar y un recurso contencioso electoral ante el TSJ.

Adicionalmente, Rojas denunció a Guevara ante el Ministerio Público por irregularidades en su rendición de cuentas de 2013, correspondiente a su gestión anterior al frente de la AFES.

La aventura de Miranda se las contaremos en una próxima entrega de nuestra serie sobre las elecciones de la FVF.