Una semana sin rastro de los mineros desaparecidos en Tumeremo

Hoy se cumple una semana sin rastro de los mineros que desaparecieron desde la noche del pasado viernes en la población de Tumeremo, municipio Sifontes del Estado Bolívar.

El pueblo sigue militarizado y los familiares molestos por el silencio y la supuesta «complicidad» de las autoridades.

Una comisión legislativa llegó anoche a Puerto Ordaz y ya se encuentra en Tumeremo. El grupo arribó junto a miembros del Foro Penal Venezolano (FPV) con la finalidad de brindar asistencia técnica.

El abogado y defensor de los derechos humano, Rafael Narváez, cuestionó que hasta ahora el Ministerio Público no haya «citado a los efectivos encargados de la custodia de los sectores mineros».

Desde que ocurrió el hecho, diversas versiones de voceros gubernamentales han salido a la luz pública. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que colombianos están involucrados en el caso, mientras que el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, aseguró que hasta ahora no se había conseguido evidencia alguna.

La Fiscalía señaló ayer que había logrado confirmar la identidad de 16 de los mineros desaparecidos, tras una veintena de entrevistas a familiares y testigos que reportaron el hecho.

El propio mandatario nacional Nicolás Maduro también recalcó que investigarían la tragedia «hasta las últimas consecuencias», sin embargo, hasta el momento aún no se sabe el paradero de los mineros desaparecidos en la entidad.

Un secreto que todos conocen

Junto a los padres, familiares y amigos del bebé fallecido, los chicos debieron sortear las barricadas de palos y cauchos que mantuvieron los familiares de los 28 mineros desaparecidos, que presuntamente fueron ejecutados en un fundo ubicado en la selva.

Pero el pueblo está convencido de que el grupo de jóvenes –entre 20 y 31 años- fue masacrado y mutilado por una banda criminal con la supuesta venia del gobierno regional.

Ante decenas de vecinos y de los transportistas que estuvieron varados por la tranca impuesta por los familiares en la troncal 10, los otros dolientes cumplieron con el cortejo fúnebre, llevando globos blancos y aguantando el intenso calor que parecía convertir en vapor el mercurio que llevan los mineros en sus bolsos.

El pueblo del sur del estado Bolívar apenas comienza a salir del shock de la tragedia. La protesta agota las pocas reservas de medicinas y alimentos que tiene. La gasolina está escasa y las minas vecinas fueron tomadas militarmente el martes para buscar algún rastro de los desaparecidos.

Entre las asistentes del cortejo fúnebre estaba Mary Ruiz, la madre de Marielys y Mari Dalia, las jóvenes cocineras desaparecidas desde el 4 de marzo cuando se denunció la masacre en el fundo El Peregrino. Su presencia no impactó a nadie, sólo a los reporteros de El Estímulo que la ubicaron entre las personas que acompañaron el ataúd.

La idea era tener información sobre el rastro de sus hijas y conocer si el fallecido tenía algún vínculo familiar. “No, era un niño que murió por una complicación al momento de nacer. Era el hijo de una amiga”, explicó la señora.

Lo dicho por Ruiz reforzó una idea que hay sobre sobre los habitantes de Tumeremo: su asombrosa impasibilidad para expresar sus tragedias.

Ruiz era la misma mujer que el lunes denunció, sin inmutarse, cómo fueron asesinadas sus hijas de 19 y 22 años, dejando la mayor huérfana a una niña de 6 años. Ambas jóvenes, denunció, fueron abaleadas y luego mutiladas con una motosierra.

Los asesinatos de mineros que desaparecen en la selva parecen ser comunes entre los habitantes de los pueblos al sur de Bolívar.

“Lo que pasa es que estos no son los únicos desaparecidos en estas circunstancias. El problema es que la gente tiene mucho miedo”, aseguró una concejala opositora de Tumeremo bajo condición de anonimato.

Bajo esa misma condición, al menos una decena de familiares de los desaparecidos ofrecieron escalofriantes declaraciones de la forma en cómo presuntamente acribillaron a sus seres queridos.

Todos denunciaron y lanzaron durísimas acusaciones sobre los responsables de la masacre. Señalaron a la banda liderada por un criminal apodado «El Topo», a efectivos militares y al gobernador del Estado Bolívar.

Sus declaraciones partieron de lo que presenciaron supuestos testigos del horror que huyeron de la matanza. Pero si se pide hablar con ellos, todos dan la misma respuesta: “tienen miedo a las autoridades y a la mafia”.

Ese sentimiento bajó un poco en las calles de Tumeremo estos días ante el impacto por la desaparición de los mineros.  Vanessa Hernández se aproximó a la tranca que mantienen los manifestantes para recordar que su cuñado, Luis Alfredo Hends, está desaparecido desde el año 2012 en la mina Hoja de Lata, cercana al pueblo.

“Eso sucede siempre aquí, pero esto fue la gota que derramó el vaso”, dijo.

Hernández explicó que la desaparición de Hends, al igual que la de otros mineros perdidos en la selva bajo circunstancias sospechosas, es ignorada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Contó que los familiares reciben la misma respuesta de la policía cuando presentan una denuncia por desaparición en una mina de Bolívar: “Eso es como buscar una aguja en un pajar”.

El caso de Hends ha sido un misterio, al igual que decenas de mineros que han desaparecido por las mafias ilegales que explotan el oro en la zona, según denunciaron políticos de la oposición y periodistas regionales.

Un trabajador de Minerven, la empresa encargada explotar el oro en Guayana, denunció a El Estímulo que el Estado no tiene ningún control sobre las minas que son explotadas ilegalmente en la selva que circunda a las localidad des de El Callao, Guasipati, Tumeremo y La 88.

“La mayoría de las minas son controladas por las llamadas ‘bases’, mafias fuertemente armadas que imponen su ley a sangre y fuego sin que Minerven ni la Guardia Nacional actúen”, aseguró el trabajador en condición de anonimato.

Agregó que la empresa estatal ya no puede explotar parte de las famosas minas de El Callao ante el control ejercido por las bandas criminales. “Allí pasa de todo y nadie se entera”.

Cada sector al sur de Bolívar estaría controlado por un jefe criminal, al que implican en la explotación ilegal del oro mediante extorsiones a los mineros.

En el caso de Tumeremo, la banda que controla las minas es la de “El Topo”, Edwin X. Un sujeto que, según la prensa regional, es el tercer delincuente más buscado del Estado, aunque su nombre no esté en la cartelera de los más buscados en la sede del Cicpc de la localidad.

Pero los familiares de los desaparecidos saben perfectamente quién es él. Aseguran que este es el mejor momento para rebelarse ante su poder:

“Tenemos la esperanza en Dios. Pero tenemos que dejar el miedo”, manifestó la madre de uno de los sobrevivientes de la tragedia, que sin embargo, pidió que su nombre no aparezca ante la prensa.