Con la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) el gobierno confundió especulación con inflación. Al no corregir los desequilibrios macroeconómicos que desquician los precios, atacó el problema como si de un delito se tratara, cuando la inflación en realidad es un fenómeno económico causado por las distorsiones fiscales, monetarias y cambiarias que aún no han sido corregidas.
En lugar de encarar las desviaciones y errores de la política económica, la actuación del gobierno ha sido de contingencia, enfocada en combatir los problemas de escasez, acaparamiento, especulación e inflación a través de operativos, controles, multas y penas de cárcel. La acción más emblemática fue la LOPJ y la creación de la SUNDDE. Pero a pesar de toda la expectativa y despliegue generado, después de más de un año la inflación no ha sido contenida. Por el contrario la situación emporó y la inflación subió de 56,3% en 2013 a 68% en 2014, y en lo que va de año corre a un ritmo de 10% mensual.
La distorsión de los precios
Generalmente, el control de precios se aplica a los productos de consumo final, pero no sobre los precios de la fuerza de trabajo, materias primas, maquinarias, etc. que se requieren para producirlos. Si los componentes del costo aumentan de manera incesante, pero los precios se dejan congelados, llega un momento en que los costos superan el precio regulado y así ni siquiera las empresas de la economía solidaria pueden producir.
No todos los productores tienen el mismo costo, unos son muy competitivos y otros muy ineficientes. Estos últimos quedan fuera del mercado cuando el precio se fija con base en los costos de los productores más competitivos. Pero cuando el Precio Máximo de Venta al Público se fija con base en los altos costos de las empresas ineficientes, entonces se castiga al consumidor y se facilita la obtención de ganancias extraordinarias a los productores que tienen menores costos.
En Venezuela es muy baja la densidad empresarial, predominan los monopolios y oligopolios, por eso se tiende a cartelizar y aumentar los precios de forma desmesurada. Abatir los precios implica un aumento de la producción nacional, pero esto requiere una política de promoción de inversiones que estimule la creación de miles de empresas que compitan entre sí, ofreciendo al consumidor productos de mayor calidad y mejores precios.
Cuando la rigidez de los controles genera pérdidas, se desestimula la producción y se empeoran los problemas de escasez, caldo de cultivo perfecto para que surjan las perversas prácticas del acaparamiento y la especulación. De allí la importancia de revisar periódicamente la estructura de costos y mantener actualizados los criterios con los cuales se fijan los precios. Pero la SUNDDE se concentró en la espectacularidad de los operativos de fiscalización de empresas y establecimientos comerciales y descuidó el fortalecimiento de sus capacidades humanas y tecnológicas para asegurar una actualización consciente, flexible y oportuna de los costos. Al rezagarse los precios se castigó la producción y se agravaron los problemas de escasez, acaparamiento y especulación que azotan a la población.
No hay que confundir inflación con especulación
La inflación es un fenómeno económico que se manifiesta en un alza generalizada de los precios, debido a un aumento en los costos o por una expansión de la demanda derivada del aumento del consumo privado o del gasto del gobierno. Mientras que la especulación es una práctica ilegal que se manifiesta en la venta de un bien o servicio por encima del precio controlado, o en fraudes cometidos con el fin de obtener ganancias exorbitantes.
Cuando ocurren aumentos de salarios, en el valor de las materias primas, maquinarias, etc., el incremento en los costos termina trasladándose a los precios. Pero cuando una empresa que recibe dólares preferenciales crea empresas de maletín, simula que son sus proveedoras, a través de ellas importa con sobreprecio, deja afuera el monto de dólares preferenciales equivalente a las mercancías que no ingresó y fija el PVP con base en el dólar paralelo para obtener escandalosas ganancias, allí se está cometiendo un delito de especulación y fraude a la Nación.
La estrategia antiinflacionaria implica estimular la producción, corregir el déficit fiscal, prohibir la emisión de dinero sin respaldo y fijar una tasa de cambio que exprese la verdadera productividad del aparato productivo. Aumentar la oferta nacional de bienes y eliminar las presiones de demanda que surgen del financiamiento monetario del déficit fiscal, son condiciones elementales para derrotar la inflación.
Castigo a la iniciativa emprendedora
Una de las debilidades de las Pymes formadas por los nuevos emprendedores se expresa en el crónico retraso de su contabilidad, información exigida por la SUNDDE en cada fiscalización. Este rezago que pudiera ser considerado solo como un ilícito administrativo, dejó un enorme margen para la discrecionalidad de los fiscales, dando origen a sanciones penales que inhiben la iniciativa emprendedora, ante el terror de ser multados y encarcelados. Incluso, en el caso del acaparamiento, la incomprensión del manejo de los inventarios por parte de los fiscales condujo a cálculos arbitrarios que terminaron en el comiso de la mercancía, y en la aplicación de multas y penas injustas.
Por la SUNDDE han pasado cuatro superintendentes en menos de año y medio. Después de haber sido anunciada con tanta resonancia, los persistentes problemas de contrabando, escasez, acaparamiento, especulación e inflación que tanto malestar generan en la población demuestran que la LOPJ no dio los resultados esperados.
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Este es un artículo de opinión de Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram. Chowdhury fue profesor de economía de la Universidad Occidental de Sídney y ocupó altos cargos en la ONU entre 2008 y 2015 en Nueva York y Bangkok. Kwame Sundaram fue profesor de economía y secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.
