Es un grave desacato la no comparecencia a la Asamblea Nacional, -AN- de altos funcionarios del Gobierno del gabinete económico para detallar el decreto de emergencia económica, cuando el artículo 223 de la Constitución los obliga a suministrar toda la información necesaria al parlamento, explicó Haro en entrevista con El Estímulo.
Precisó los ministros, el presidente del Banco Central de Venezuela, -BCV- y el vicepresidente de la República, están violando responsabilidades constitucionales, al no asistir al llamado de la AN, pero esto no impide al Parlamento pronunciarse sobre la aprobación o no del decreto de emergencia económica.
“Si el Presidente de BCV, Vicepresidentes y los Ministros de Economía no comparecieron a la AN a pesar de la citación, la AN no está obligada a esperarlos. Más bien su desacato al Poder Legislativo puede acarrearles graves sanciones que incluyen votos de censura”, explicó.
Advirtió Haro que la Ley sobre el régimen para la comparecencia de funcionarios públicos y particulares ante la AN, establece en su articulado -21 al 26-, las sanciones a tal desacato que van desde el pago de multas, remoción de sus cargos e inclusive el enjuiciamiento.
De acuerdo al abogado la AN debe continuar por la ruta constitucional, “es su principal deber el cumplimiento de la Constitución y de la voluntad del electorado. Porque con cada violación a la carta magna, se viola la voluntad del constituyente, del pueblo soberano y de todos los venezolanos”.
El TSJ se extralimitó
En relación a la constitucionalidad del decreto de emergencia económica dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, -TSJ- Haro dijo que aunque es competencia de esta sala haber hecho la declaratoria, para que este fallo tenga validez se requiere de dos aprobaciones, una jurídica y la aprobación política de la AN, como lo establece el artículo 339 de la Constitución.
“Si alguna de las dos aprobaciones falta, no tiene validez, ni surte efecto jurídico el decreto de emergencia económica”, explicó.
¿Considera que decisiones como la del TSJ abren la posibilidad de un Fujimorazo en Venezuela?
“Pareciera que existe por parte del TSJ, (Sala Electoral-Sala Constitucional), un patrón para que sistemáticamente a través de decisiones judiciales se vaya desconociendo la voluntad del electorado que se manifestó el 6 de diciembre. En otras palabras van desconociendo las facultades, competencias y legitimidad que tiene la AN.
Semanas atrás la Sala Electoral desconoció la potestad que tiene la AN de acuerdo al artículo 187 numeral 20, de calificar a sus miembros. Se omitió la inmunidad parlamentaria que tenían los diputados del estado Amazonas a partir de su proclamación, -artículo 200 de la Constitución-.
Ahora la Sala Constitucional del TSJ, en medio de una decisión “gravísima”, se pronuncia sobre la supuesta constitucionalidad del decreto de emergencia económica”.
¿Por qué califica de gravísima la decisión?
“Me parece grave porque el decreto viola entre otros derechos humanos fundamentales, el derecho a la propiedad y a la libertad económica, contemplados en los artículos 112 y 115 de la Constitución. La sentencia del TSJ no analizó, ni dio importancia a estos derechos fundamentales que están amenazados por el decreto.
También considero grave un párrafo de la sentencia que reza: la decisión es constitucional y por lo tanto se declara obligatoria y vinculante para todos los poderes de Estado”.
¿Qué significado tiene esta decisión para la sociedad y sus instituciones?
“Significa que la Sala Constitucional del TSJ se está extralimitando en sus atribuciones, usurpa funciones de la AN al decir que la decisión es vinculante y obligatoria para todos los poderes del Estado y la colectividad.
¿Se materializa un auto golpe?
“Se está materializando un intento de darle un golpe de estado a la Asamblea Nacional, desconociendo la voluntad del electorado lo que nos coloca en una situación similar a la que vivió Perú en 1992, cuando el Poder Ejecutivo se enfrentó abiertamente a través de diversas herramientas contra el parlamento hasta que llego el momento en que fallos de este tipo -de los poderes judicial y ejecutivo- llegaron a disolver el congreso peruano, lo que se conoció como un auto golpe de Estado”.
¿Cómo se vive esta experiencia en el escenario venezolano?
“El pronunciamiento que la AN, de en las próximas horas sobre el decreto de emergencia económica será clave y vital en lo que se refiere a la estructura del parlamento porque dependiendo de la decisión adoptada por el Poder Legislativo, habrán reacciones del Ejecutivo y del propio TSJ.
Si la AN, hace lo que tiene que hacer, es decir, no aprobar el decreto, -en mi opinión no debe aprobarse- , seguramente el Ejecutivo nuevamente volverá a decir que existe un desacato a la decisión del TSJ. Los diputados del PSUV acudirán nuevamente a la Sala Constitucional, a decir que se está desobedeciendo a un fallo y dirán otra vez que el poder de la AN no es legítimo.
Es posible que se reedite la situación ya vivida con los diputados de Amazonas, con un peligro mayor porque esta vez no habrá salida política que impere”.
¿Es un decreto de emergencia o una ley habilitante?
“En mi opinión lo que el Ejecutivo publicó en gaceta oficial no fue un decreto de emergencia económica. En el fondo por la manera en que está redactado, con la generalidad y magnitud que lleva de contrabando, es una ley habilitante con facultades exorbitantes. Esa es otra de las razones por las que el decreto no debe ser aprobado”.
