En 2007, ganadas las elecciones presidenciales bajo la promesa difusa de construir el socialismo del siglo XXI, comenzaron estatizaciones de empresas grandes y pequeñas como política de gobierno. Pasados los años, los resultados de la nueva administración son deplorables.
La caída en la producción privada no fue compensada por el prometido incremento en la pública, a pesar del rápido incremento de las importaciones públicas con respecto a las privadas durante años de bonanza petrolera.
Al día de hoy, además de la obsolescencia tecnológica, las empresas públicas adolecen de mantenimiento y cargan con pesadas nóminas de trabajadores que, por el diseño de sus cargos, no pueden contribuir con la producción. Las empresas petrolera y eléctrica no pueden responder a cambios de mercado y de clima, respectivamente, arrastrando con su deterioro y debilidad al resto de las empresas públicas y privadas a una situación peor que la de 2009.
En situaciones críticas como la que vivimos, luego de más de una década de discurso polarizador aceptado por gobernantes y grupos opositores, existe el peligro de reacciones pendulares. Si estatizarlo todo fue malo, para algunos será bueno privatizarlo todo. Y en estos casos se crean condiciones para nuevos problemas.
La comparación entre los sectores público y privado suele hacerse en términos de eficiencia desde hace décadas. Para muchos bastaba afirmar que el sector público era ineficiente para proponer no sólo su abandono de las actividades productivas, sino también de la regulación de las actividades privadas. La defensa de los sistemas de mercado con frecuencia se limitó a promover la propiedad privada y la libertad de precios, omitiendo considerar sus efectos en distintos escenarios de distribución de la riqueza y del ingreso.
La imposibilidad de redefinir o reanimar empresas públicas en Inglaterra, América Latina y Europa del Este a finales del siglo XX dio pie a múltiples privatizaciones, con distintas consecuencias. Más allá de los problemas de negociación (o de represión) que debían resolverse con los trabajadores de las empresas, existían problemas no relacionados con el tipo de propiedad: monopolios, externalidades e información asimétrica, entre otros. Cambiar las formas de propiedad sin una adecuada regulación que promoviera la división del poder no aseguraba las ventajas atribuidas a la competencia, ni la provisión de bienes públicos, ni la protección de los menos informados y de las generaciones futuras.
Así como la corrupción favorece a unos pocos que violan incluso sus propias leyes, las privatizaciones mal diseñadas también pueden favorecer a unos pocos, legalmente. Las opciones extremas omiten los matices. Deben explorarse múltiples experiencias de privatizaciones y de colaboración público privada que reconozcan los conflictos de intereses que persisten una vez se abandona un sistema estatizador y destructivo como el que hemos sufrido.
Nicolás Maduro ha hecho reiterados anuncios de que “está listo para recibir a las petroleras norteamericanas”. Ha llamado a todo aquel que quiera a convertirse en inversionista en empresas del Estado y ha anunciado que su gobierno promoverá las inversiones extranjeras. Luego de 23 años de socialismo con caída económica, el heredero de Chávez emprende un viraje de apertura sin renunciar al control político e institucional del país.
El régimen chavista de Nicolás Maduro emprende un viraje económico a través de la llamada "Ley Antibloqueo", que en el papel supone la apertura de sectores completos de la economía. También, la privatización de empresas mixtas, o de firmas que fueron confiscadas a sus legítimos dueños.
Todas las empresas públicas del sector construcción pasarán a ser dirigidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), adscrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, con el fin de impulsar la industrialización de la construcción de viviendas en el país, informó el presidente Nicolás Maduro.
