Chavismo colapsó a Venezuela mucho antes de las sanciones de EEUU

Nicolás Maduro ha llevado al chavismo una suerte de laberinto en el que no se vislumbra una rendija de luz que le ofrezca una salida para seguir frente al Gobierno. Por quinto año consecutivo el país presentó la inflación más alta del mundo según las estimaciones de la Asamblea Nacional con 1.698.488,2% al cierre de 2018. La Comisión de Finanzas de la AN, indica que la economía se ha contraído 50,61 % entre 2013 a 2018. Se trata de un retroceso económico nunca visto en América Latina, según coinciden diversos analistas del área.

El último estudio publicado por el grupo Torino Economics, con encuestas elaboradas por la firma Datanálisis, indica que la aprobación hacia Maduro es de solo 10,1% con una apreciación negativa de 84,6%. Es el rechazo más pronunciado que ha sufrido el chavismo en 20 años.

En esa encrucijada Maduro y el grupo que comanda la llamada revolución bolivariana se han justificado atribuyendo esta caída a los ataques y el bloqueo financiero de Estados Unidos y otros países. Sin embargo las cifras económicas muestran que el descenso comenzó mucho antes de que se produjeran las primeras medidas financieras.

Hasta diciembre de 2018, 41 países emitieron sanciones contra 108 funcionarios del gobierno venezolano según el estudio 2018 realizado por Transparencia Venezuela. Sin embargo, es de precisar que las medidas directas a personas vinculadas al régimen cuyo motivo va desde violación a los derechos humanos, narcotráfico y violaciones al estado de derecho, afectan solo a individuos. Mientras que las de carácter financiero, que se extienden al país, comenzaron en agosto de 2017.

Dos aspectos se destacan de las sanciones propiamente financieras. La primera de ellas es que la debacle ya estaba ocurriendo aún sin las sanciones, pero ellas han profundizado los estragos económicos que alcanzan a toda la sociedad. En segundo término se plantea el dilema de si esas sanciones serán un elemento acelerador para una salida de Nicolás Maduro para un cambio hacia la democracia.

Sobre las medidas

El 25 agosto de 2017 entró en vigencia la primera sanción de carácter financiero contra Venezuela en la que se prohibía cualquier tipo de asociación, préstamos o compra de bonos vinculadas al gobierno de Venezuela para ciudadanos estadounidenses o residentes. En esa oportunidad el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808. Las causa alegadas en el decreto señalaban que Venezuela ha incurrido: “en serias violaciones a los derechos humanos y libertades esenciales; responsabilidad por la profundización de la crisis humanitaria; el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que ha usurpado el poder de la Asamblea Nacional democráticamente electa y otros poderes públicos del Gobierno de Venezuela; la desenfrenada corrupción pública; y la continua represión, persecución y violencia hacia la oposición política”.

Las primeras sanciones que aplicó Estados Unidos se iniciaron en 2006 y estaban dirigidas a personas o grupos vinculadas con el narcotráfico o núcleos de apoyo a terroristas como el Hezbolá y la guerrilla. Más adelante ese tipo de medidas se profundizaron y alcanzaron a figuras del Gobierno venezolano.

En 2008 fueron sancionados el mayor general Clíver Alcalá Cordones, el general Henry Rangel Silva y el capitán Ramón Rodríguez Chacín, por vinculaciones con el narcotráfico y la guerrilla colombiana, en especial con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2011 se amplía esta lista y se incluyó a importantes figuras del chavismo. El 18 de diciembre de 2014, el entonces presidente Barack Obama promulgó la ley de “Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela” patrocinada por el senador Robert Menéndez, la cual impone sanciones a personas responsables de violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

El presidente Obama declaró una emergencia nacional respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos que supone la situación en Venezuela. Como señalamos, esta Ley afectaba solo a personas y no estaban destinadas a sancionar económicamente al país. A partir de esa fecha se restringieron visados y se congelaron cuentas bancarias y bienes en EEUU a altos funcionarios, empresarios y militares vinculados al lavado de dinero y a la corrupción en negocios ilícitos con el gobierno de Nicolás Maduro. La propaganda oficial manejó que esas sanciones eran en contra del país y a partir de allí se comenzó a justificar la profunda crisis económica era el resultado de los ataques a Venezuela.

Sanciones económicas

Continuando con las sanciones financieras, en mayo de 2018 se aprueba una nueva Orden Ejecutiva, la número 13827, en la que se prohíbe cualquier transacción con criptomonedas emitidas por el gobierno venezolano y en especial El Petro.

En julio de 2018 el Departamento del Tesoro emite la Licencia General número 5 con la cual autoriza a los tenedores del bono de PDVSA 2020 a ejecutar la garantía constituida por las acciones de CITGO. En noviembre de 2018 el presidente Trump emite otra Orden Ejecutiva (13850) en las que se bloquea cualquier tipo de operación relativa a transacciones de oro, o cualquier activo.

El 28 de enero de 2019, la Orden Ejecutiva 13850, permitió que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyera en su lista de sancionados a PDVSA, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasan a estar bloqueadas. Toda persona estadounidense tiene prohibición de establecer negocios con esa empresa venezolana. Las transacciones con dos subsidiarias de PDVSA en EEUU como CITGO y PDVSA Holding relativas a la importación de petróleo y aditivos está permitida hasta el 28 de abril de 2019. Los pagos realizados a estas empresas de PDVSA en EEUU se congelaran en cuentas estadounidenses. Estas medidas han limitado la importación de aditivos para el procesamiento de gasolina en Venezuela indispensables para el procesamiento del crudo pesado.

A partir de abril de 2019 se le niega el acceso a activos congelados del gobierno y a reservas en oro, como fue el caso del Deutsche Bank de Alemania, del Bank of England y Citibank. Medidas sobre las que el canciller Jorge Arreaza alegó que han impedido acceder a los recursos que estaban destinados a la compra de medicinas; atribuyendo así la crisis hospitalaria y el fallecimiento de menores, a este bloqueo económico.

Pero las organizaciones gremiales señalan que la crisis de medicinas y hospitalaria del país se remonta a varios años antes de las medidas y en especial al ahorcamiento de la industria farmacéutica venezolana con una reducción de 70% a partir de 2014, según datos de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar) ahogada por la falta de proveedores nacionales que han desaparecido por las intervenciones del Estado y el limitado acceso a las divisas que hoy se obtienen en el mercado paralelo. De 200 empresas de este sector en 1997 apenas quedan 60 de 30 a 40% de su capacidad de producción, en palabras de su presidente Tito López.

En el tema petrolero “la caída acumulada de la producción desde 2015 no tiene casi precedentes (900 mil b/d OPEP) y es probable que se prolongue si la política del país no cambia. La carencia de recursos para mantener las infraestructuras petroleras limitan más a esta industria que las sanciones, ya que Venezuela aún cuenta con el apoyo de sus clientes en Asia, lo que le permitiría redireccionar sus exportaciones”, refiere el Instituto Internacional de Finanzas.

Según aprecia el economista Manuel Sutherland, en su estudio: “El impacto y naturaleza real de las sanciones impuestas sobre Venezuela” indica que éstas alcanzaron su punto más alto en mayo de 2019 con una acumulación importante en diversos sectores, desde el ámbito armamentístico hasta el petrolero, pasando por las finanzas y la economía. Sostiene que su verdadero efecto está apenas manifestándose.

Aspectos de la crisis

Algunos ejemplos pueden ilustrar cómo los extraordinarios ingresos de los que disfrutó Venezuela a partir de 2003, fueron despilfarrados y desviados hacia la corrupción.

Uno de ellos es el auge importador que se inició en esa década a la par de otras políticas como el control de cambio y las expropiaciones de fincas productivas y de empresas industriales. Estas políticas redujeron al mínimo el número de industrias y la capacidad productora del país en los distintos rubros: alimentarios, farmacéuticos e industriales, con empresas cerradas o trabajando al 30% de su capacidad según las cifras ofrecidas por los distintos gremios empresariales de producción.

La ONG Transparencia Venezuela destaca que en 1978 Venezuela producía 75% de todos los alimentos que consumía, para 2018 sólo se produce el 5%. En 2018 el Estado era dueño de 576 empresas, 441 creadas o estatizadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, con un desempeño 100% negativo, indica la ONG.

En su trabajo sobre las sanciones, Sutherland precisa que “las importaciones que en 2003 apenas rozaban los 14 mil millones de dólares, en 2012 alcanzaron los 80 mil millones de dólares (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2014); importación que siendo “supuestamente” orientada en 70% a la inversión productiva (Juan Kornblihtt, 2015) no se vio reflejada en un aumento correlativo de la producción nacional. El aumento de las importaciones de 457% para el período (2003-2012) “refleja que el ritmo en la importación es a todas luces exagerado y sin ninguna vocación de ahorro ante una posible declinación del ciclo económico, ante una eventual caída en los precios del petróleo” concluye el informe.

Un ejemplo claro destacado en el informe de Sutherland en cuanto a las fechas de la caída económica fue la pérdida del salario. Utilizando las cifras del Banco Central de Venezuela se refleja cómo el salario mínimo desde el año 2001 en el país alcanzaba a 400 dólares por mes y a partir de 2012 comenzó un descenso vertiginoso hasta llegar a 3,38$ en marzo de 2019. El mayor declive se registra en 2013 que es el año que coincide con la muerte de Chávez y el ascenso de Maduro al poder.

El dinero de la corrupción

Resalta el trabajo de Sutherland que “luego del control de cambio y de su no actualización acompañado de la impresión de dinero inorgánico, a niveles nunca antes vistos, la importación se hipertrofió a base de adquisiciones fraudulentas. El total recibido por exportaciones desde 1999 hasta 2015 fue de: $1.004.399 millones, es decir, más de un millón de millones de dólares. Eso es equivalente a 10 planes Marshall (medidos con dólares bajo la paridad del año 2000). Si las importaciones hubieran conservado su ritmo promedio de 20 mil millones de dólares anuales, el ingreso de ese período hubiera alcanzado para financiar cincuenta años de importaciones sin problema alguno. Con la mitad de ese dinero se pudo haber pagado la deuda externa total de Bolivia unas 62 veces.

Según el abogado Alejandro Rebolledo, desde Venezuela se ha lavado aproximadamente 800 mil millones de dólares a través de los mecanismos desarrollados por la delincuencia organizada vinculada al Gobierno en los últimos 20 años.

La ONG Transparencia Venezuela hizo seguimiento a 15 casos investigados en el mundo que involucra a 70 personas vinculadas al gobierno con procesos judiciales iniciados, los cuales registran un monto extraído de 13.199 millones de dólares. “Se trata de casos que se enmarcan en el concepto de Gran Corrupción, caracterizado por la participación de funcionarios de alto nivel en irregularidades graves, causando daño a toda la población, con vínculos internacionales y amparados en la más absoluta impunidad” .

Los altos montos de capitales congelados o detectados en la banca internacional y la vida de magnates a la que accedieron importantes figuras del chavismo, expuestas en casos de corrupción en distintos países, reflejan la dimensión de las altas cifras de recursos perdidos por Venezuela en esos actos. Se trata de personajes, quienes al llegar al poder en 1999 eran funcionarios de menor nivel, con una vida modesta, militares, escoltas, enfermeras, etc, que escalaron hasta altas posiciones. La incidencia de este daño patrimonial fue fundamental en la caída económica, al lado de las políticas expropiatorias y de controles sobre la economía.

Sanciones y cambio

Los analistas difieren en cuanto a si las sanciones a un país pueden acelerar los cambios políticos o no. En el caso de Venezuela ese punto ha estado polarizado y hay quienes afirman que al final son más los daños que los objetivos esperados.

El estudio realizado por el equipo de Sutherland reseña algunos ejemplos estudiados en otras experiencias. Uno de ellos cercanos al caso venezolano es el referido a las largas sanciones a Cuba. Según refiere el informe, citando un escrito de Francis & Duncan (2016) los más de 50 años de sanciones y embargos, no eliminaron los vínculos de Cuba con la Unión Soviética, como era de esperarse; más bien los fortalecieron. Según la investigación citada, las sanciones castigan a quienes quieren colaborar activamente con los más necesitados de la isla, y deja relativamente ilesos a los líderes del gobierno. Otro ejemplo resaltado son las fuertes sanciones impuestas a Sudán, según la cual, no llevaron de ninguna forma al cambio político, según explica (Dylan O’Driscoll, 2017) más bien dificultaron enormemente la muy necesaria ayuda humanitaria que con urgencia requerían los sudaneses.

Igualmente cita que el estudio de (Manuel Oechslin, 2014) que investigó a países sancionados entre 1914 y el año 2000, refleja que sólo en 21% de los mismos las sanciones fueron parte del éxito en una transición. En 65% de 23 casos las sanciones fueron abandonadas sin apenas conseguir sus objetivos. Aún 14% de esas naciones seguía teniendo sanciones en su espalda en el año 2000, sin producir cambio político alguno. Las sanciones conducen a severas caídas en el crecimiento económico de la nación y tienen un éxito estadísticamente bajo.