Salida por Cúcuta: la ruta de escape de algunos venezolanos tras el 28J

Desde el 29 de julio hasta la fecha, decenas de venezolanos han cruzado la frontera entre Táchira y el Norte de Santander. Huyen de la represión. Temen ser encárcelados por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hacen después de que ya se reportan más de 2.200 personas tras las rejas, acusados de instigación al odio y terrorismo después de las protestas el pasado 28 de julio.

Desde el comienzo de la jornada electoral, el estado Táchira vivió de cerca la violencia. Desde disparos a las filas de electores a primeras horas de la mañana en la Escuela Nacional El Palotal, en el Liceo Nacional Manuelita Sáenz y en la Escuela Nacional República de Cuba de San Antonio, pasando por amenazas con pintas en las puertas y paredes de las casas de la dirigencia opositora, hasta culminar con un fallecido y varios heridos durante la noche del 28 de julio, producto de los disparos en contra de las personas que se encontraban a las afueras de los centros de votación esperando los resultados.

“Nosotros estamos aquí (Cúcuta) desde la semana pasada. La mayoría nos vinimos a partir del miércoles o jueves; otros se han quedado en la casa de familiares o conocidos donde pudieron resguardarse de la persecución tan horrible que nos han aplicado”, dijo a El Estímulo desde Colombia, Pedro, un dirigente del Comando con Venezuela, que ha solicitado protección al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El político precisó que junto a él se encuentran más personas provenientes de distintos municipios del estado Táchira y otros estados del país que también han llegado a la frontera con el mismo propósito: huir de la represión y buscar protección internacional.

“Somos una cantidad aproximada de 20 personas. Del Comando con Venezuela nos vinimos 12 y de la Plataforma Unitaria Democrática son ocho, pero hay más gente de otros municipios que también llegaron en la misma situación que nosotros, atemorizados de que los busque y saquen de sus casas con cualquier excusa”.

Protección internacional

Al cruzar cualquiera de los cuatro puentes (Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y Unión) que unen al Táchira con el departamento colombiano de Norte de Santander, organismos de ayuda internacional como ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) han desplegado junto a Organizaciones No Gubernamentales de la zona, mecanismos para la atención de los venezolanos que han llegado a la ciudad colombiana de Cúcuta en los últimos días.

“Lo primero que nosotros tocamos fue a ACNUR y muy amablemente recibió a todas las personas, nos escucharon y nos ofrecieron varias opciones a quienes llegamos pidiendo protección”, señaló una de las activistas políticas venezolanas en Cúcuta.

El tipo de protección que ofrece ACNUR está adecuada a la nacionalidad de los solicitantes e intenciones que manifiestan de no regresar a Venezuela. Una de las opciones que proponen es alojamiento temporal por ocho días, allí se le proporciona hospedaje, alimentación por el referido espacio de tiempo.

Esta opción ha sido la elegida por algunos que tienen la esperanza de que en Venezuela la situación en pocos días cambie. “Me quedo por los ocho días que me ofrecieron, no voy a optar por refugio, ni asilo aun. Me quedó esperando a ver qué pasa”.

Las opciones en Colombia

Quienes son venezolanos, sin otra nacionalidad, tienen la posibilidad de solicitar refugio o asilo en el vecino país, pero quienes tienen como segunda nacionalidad la colombiana pueden ser referidos a un tercer país, explicó una de las fuentes entrevistadas por El Estímulo.

“Yo puedo quedarme o solicitar asilo aquí en Colombia, pero si yo tengo la doble nacionalidad a mí me cubren los derechos de los ciudadanos colombianos, pero me ofrecen asilo en un tercer país”, agregó.

Con los ánimos más calmados, aferrados a la esperanza y pegados a las pantallas de la televisión y redes sociales, esperan atentos a lo que sucede al otro lado de la frontera.

“Hoy estamos un poco más calmados. Ayer no sabíamos qué hacer ante tan duras amenazas y persecución en contra nuestra. No sabíamos cómo salir de las casas que en Venezuela nos acogieron desde el domingo pasado. Estuvimos muchos días ahí metidos sin poder salir y en medio de una situación muy inestable. Aquí tenemos más tranquilidad, todos llegamos alterados, nerviosos y muy asustados por la persecución y amenazas, pero los servicios que nos han prestado nos han hecho sentir bien”, dijo uno de los dirigentes políticos protegidos por ACNUR.

El caso se presenta alarmante para las ONG en frontera que reciben peticiones de protección que deben canalizar ante los organismos internacionales.

“Esto es sorprendente, cada día vemos a más y más hermanos venezolanos que llegan asustados en busca de protección. Somos varias las organizaciones que ayudamos a gestionar esta ayuda con ACNUR y el NRC, pero nosotros solamente en dos días hemos agilizado 40 peticiones de refugio de venezolanos y esto parece ir en aumento”, declaró el integrante de una ONG que pidió reserva de su identidad.

El temor persiste

En algunas poblaciones del Táchira aún persiste el temor a ser señalado por haber apoyado al candidato presidencial Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones, bien sea como testigos de mesa, activistas o simplemente por ser opositores a Nicolás Maduro y demostrarlo públicamente.

A más de una semana de las elecciones, aún la gente se cuida de hablar de temas electorales en medio de las calles que empiezan a retornar a la cotidianidad, luego de días de soledad y comercios cerrados.

En la frontera de San Antonio del Táchira, la persecución empezó el domingo 28 de julio en horas de la noche en el centro de votación Escuela Ramona Redondo, donde los militares del Plan República sacaron a los testigos de mesa del oficialismo y los resguardaron mientras las personas que apoyaban a la oposición protestaban a las afueras de esta institución. En ese momento llegaron colectivos disparando e hiriendo a Libardo Nieto, quien más tarde es trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad colombiana de Cúcuta.

Tras la confrontación, los grupos colectivos dispersaron la protesta y amedrentaron a quienes exigían que se entregaran las actas firmadas y selladas a los testigos electorales una vez se conocieran los resultados de la votación en ese centro.

Pero no fue suficiente replegar a las personas. Horas después, una comisión conformada por unos 50 hombres de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegaron a la vivienda de José Sandoval, vecino del sector y se lo llevaron detenido, dijo Alfredo Sánchez habitante de la población fronteriza con Colombia.

“Lo sacaron delante de todos nosotros y nunca supimos por qué lo hacían. El señor José que fue acusado de agavillamiento e incitación al odio, fue señalado por una vecina de estar generando violencia en el sector cercano a la escuela Ramona Redondo. No es verdad, porque ese señor el día de las elecciones fue un mediador, pacífico y al contrario de lo que lo acusan. Él aportó comida e hidratación incluso a la gente que lo acusó”, precisó el vecino.

Quienes han acudido hasta la sede policial a indagar sobre la situación de Sandoval corren peligro. Por ejemplo, el dirigente municipal del partido Movimiento por Venezuela, Juan Urbina, fue a la policía a preguntar por la situación de Sandoval y lo dejaron detenido.

A Keimer Joan Puentes Aranda, también vecino del barrio Antonio Ricaurte, también se lo llevaron detenido los cuerpos policiales, denunció su hermana Laudy Sanabria.

“A mi hermano lo sacaron de la casa como a un perro, sin haber hecho nada. Quienes lo conocen en este pueblo saben quién es él: un chamo sano que no se mete con nadie. Él trabaja con su mamá y mi papá vendiendo pasteles frente a la escuela Ramona Redondo”, agregó que se lo llevaron funcionarios de la DAET, que lo mantuvieron incomunicado.

Sin lugares seguros

En la zona sur de San Antonio del Táchira, el sector Llano Jorge es un espacio conocido por sus propios habitantes como “liberado” donde “la ley” no la ejerce el Estado venezolano, sino un grupo armado.  Allí también se han sentido las consecuencias post electorales que mantienen al país en zozobra.

“Aquí esta gente (grupos guerrilleros) nos reunió y advirtieron que «cero celulares». La convocatoria en sí era para advertirnos que no quieren nada de política en la zona, nada a favor de María Corina o a la oposición y quien no atienda la advertencia, pues que se atenga a las consecuencias. Aquí ya estamos advertidos por los jefes de calle y ese grupo irregular”.

La situación en el municipio Guásimos del Táchira, no es diferente a la frontera y ha alcanzado niveles alarmantes de inseguridad y paranoia en el colectivo.

Existe un temor generalizado de que las comunicaciones, incluso por WhatsApp, estén intervenidas. Aunque no se puede confirmar la veracidad de estas intervenciones, la gente toma precauciones.

Este municipio ha sido uno de los más atacados y amenazados, especialmente desde la visita de María Corina Machado durante su gira en Táchira. La situación se agravó con la detención de Ricardo Albacete, la toma de su empresa y el asesinato de José Valerio García el 28 de julio por un grupo de hombres que se desplazaban en camionetas de alta gama, encapuchados que dispararon contra los civiles desarmados que esa noche esperaba con celebraciones a las afueras de los centros de votación los resultados electorales.

Justo antes de las elecciones, las casas de varios líderes políticos, incluidos concejales, fueron marcadas, y la persecución continuó después del evento electoral en varios municipios del Táchira. Directores de campaña regional, municipal y parroquial, coordinadores de centros de votación, testigos de votación y activistas han tenido que abandonar sus municipios debido a las amenazas.

Con esperanza

Panfletos y perfiles en diferentes redes sociales, entre ellas de Instagram fueron creados para difundir fotos de estos dirigentes, generando un clima de miedo y obligando a muchos a cambiar de residencia y evitar salir de noche. La presencia de funcionarios policiales y otros cuerpos de seguridad ha sido constante. La comunidad vive en un estado de alerta constante, dijo uno de los habitantes del municipio Guásimos que conversó con este medio.

“A pesar de las amenazas, la comunidad sigue con esperanza y precaución. Se han realizado cacerolazos y manifestaciones, aunque con temor. Jóvenes en sectores como La Aduana (Guásimos) han sido amenazados por colectivos, y muchos han decidido abandonar el municipio o incluso el país por seguridad”.

Al otro lado de la frontera, otro activista político señaló que “tenemos esperanzas en María Corina Machado, ella no es como otros dirigentes que al tercer día tiraron la toalla. Ella seguirá dándole la cara a todos los venezolanos, porque la confianza que recibió de todos los venezolanos está intacta. La confianza en que esto tendrá un giro impresionante es lo que nos mantiene con la fe intacta”.

Mientras tanto, los mercados y supermercados de la región empiezan a reponerse en sus ventas, pues días posteriores a las elecciones presidenciales presentaron una caída abrupta de compradores.

“Poco a poco estamos retomando la normalidad, los primeros días estuvimos cerrados, pero ya el cuarto día tuvimos que abrir, la gente está saliendo poco y quienes vienen pues se preguntan ¿por qué han subido los precios? La razón todos la conocemos: hay poca movilización de mercancías y de la frontera nos está llegando casi nada, esto ha hecho que los precios se incrementaran un 30% aproximadamente”, dijo Néstor Gómez en el mercado de La Ermita en San Cristóbal.