La persecución del gobierno venezolano no solo va contra manifestantes, sino contra trabajadores públicos y vecinos de comunidades vulnerables. Todo ocurre arbitrariamente: de un estado de WhatsApp se pasa al despido, y de una cacerola a recibir amenazas de la "Operación Tun Tun"
El 29 de julio, luego de que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, diera a conocer sus resultados de las elecciones presidenciales, el silencio habló por Venezuela. No hubo gritos de celebración ni fuegos artificiales como en el pasado. El descontento se hizo sentir con pocas palabras y muchas fotos, videos y mensajes por redes sociales. Fue una reacción colectiva que no solo involucró a personas opositoras, sino también a trabajadores de administración pública.
Algunos publicaron la bandera al revés y otros fueron frontales al decir que no estaban de acuerdo con el resultado ni la proclamación inmediata de Nicolás Maduro como vencedor. Lo anunciado no era lo que escucharon en sus centros de votación. Tampoco lo que esperaban. Casi de inmediato, unos fueron reprendidos por sus coordinadores principales. La tensión en el ambiente laboral se disparó.
El Estímulo conversó con algunos trabajadores públicos y líderes en comunidades vulnerables para conocer cuál es la situación en sus entornos y esto fue lo que dijeron:
Cintia* trabaja en el Ministerio de Educación y el día del cierre de campaña de Nicolás Maduro le indicaron que tenía que asistir junto a sus compañeros a este evento. El viernes 26 de julio, antes de irse a su casa, le advirtieron: «Tienes que votar a consciencia». Y también que el lunes después de las elecciones, pasara lo que pasara, debía ir al trabajo.
Lo hizo. «Cuando llegamos, estaba sonando el primer cacerolazo y nos dijeron que no podíamos estar allí y en toda la semana no fuimos a trabajar», cuenta.
Cintia regresó el siguiente lunes, el 5 de agosto, y de inmediato las reglas cambiaron: a ella y sus compañeros les pidieron que bajaran Telegram y comenzaran a migrar toda la información del grupo de trabajo. Sin embargo, por la inexperiencia y la practicidad, su departamento continuó usando el WhatsApp: «Ninguno respetó eso, pero nos dijeron que ahora toda la información se iba a manejar por ahí».
En el Ministerio Público, que ha sido una institución activa durante las manifestaciones que se dieron a partir del 29 de julio, la situación no es muy distinta. Los superiores comenzaron a evaluar el horario de salida y entrada; también a monitorear lo que subían los empleados a sus estados de WhatsApp y otras redes sociales.
Felipe* se enteró de que estaban vigilando a todos porque uno de sus compañeros fue despedido por subir estados a su perfil: «No pasaron muchos días para que le llegara la remoción formal y él la mostró, dijo que lo botaron por tener una posición contraria».
Hubo más despidos inmediatos, Felipe estima unos 10 y señala que también ha ocurrido con fiscales que se niegan a imputar delitos a algunos manifestantes: «Ellos tienen 45 días para investigar, debería haber presunción de inocencia, pero los imputan y el que se niega, pa’ afuera».
Tarek William Saab, fiscal de la República, ha hablado al respecto en sus redes sociales, donde informó que dos fiscales estaban detenidas por «omisión intencional de funciones», sin dar más detalles.
#AHORA
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 3, 2024
#Fiscalía Quinta y Novena #Anzoátegui #imputarán
a Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como Fiscal Provisoria de la Fiscalía Sexta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui:
Por el #delito de #retraso u omisión intencional de funciones, la misma… pic.twitter.com/Gcmve805JR
A Felipe y sus compañeros también le pidieron bajar Telegram y crear el grupo de su dirección: «Pero igual nosotros usamos nuestro WhatsApp personal, solo que no publicamos nada».
Trabajadores del Ministerio de Salud indicaron a El Estímulo que les pasó lo mismo: «No se puede hablar nada y eliminaron todos los grupos de WhatsApp. Ahora las cosas institucionales las manejamos por Telegram».
En el Ministerio de Interiores, una fuente aseguró que se creó un «departamento de revisión de audios» para evaluar lo que envían por WhatsApp los empleados. Contó también que hay grupos de trabajo activos de día y de noche para armar los casos que presenta el fiscal: «Están montándole los procedimientos… Imagínate cuántos muchachos inocentes hay ahí».
El control sobre el uso de las redes sociales parece que no cambiará en las próximas semanas, sino que se agudizará. El pasado 9 de agosto Nicolás Maduro pidió suspender el servicio de X (Twitter) por 10 días. Tras dar ese anuncio, el bloqueo inició y los usuarios venezolanos tuvieron que empezar a usar VPN para acceder.
Cuatro días después, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, indicó que iniciaría un mayor control sobre estas y que se discutiría con los diputados.
«Las redes sociales son el mayor peligro que existe contra la libertad del ser humano y la paz del planeta», dijo en una reunión con el Consejo de Defensa del gobierno.
WhatsApp es una de las redes sociales que funciona como mensajería y es de las más usadas en Venezuela. Además, según Maduro, TikTok también está en la mira luego de que le quitaran la posibilidad de publicar hasta el 19 de agosto.
«Después del domingo 28 de julio, la situación en las oficinas de la administración pública se torno tensa y persecutoria, por órdenes superiores solicitaron al personal cerrar WhatsApp de teléfonos personales (…) en los celulares no podía existir la aplicación de WhatsApp», cuenta Paola*.
«Muchos compañeros, que se perfilan por el partido de gobierno PSUV, se tornaron agresivos con el resto del personal, vociferando que no pueden estar ocupados cargos de jefatura o gerenciales por personas con dudosa inclinación y participación política hacia la oposición», relata.
Quienes coordinan el ministerio donde labora desde hace años, les informaron que analistas y jefes de departamento serían sometidos a cambios con partidas presupuestarias: «Eso significa que sacan a la persona del lugar de trabajo con todo. Tiene que cobrar en otro centro y no tiene más nada que ver con el lugar donde trabajaban. Se deslastran de ellos, los sacan de nómina».
Paola confirmó la amenaza el lunes 12 de agosto, cuando vio que compañeros de 25 años de trayectoria tuvieron que irse: «Los enviaron a centros que no cumplen con las condiciones de infraestructura mínimas, sin baños, lejos de su lugar de residencia, solo por pensar diferente o simplemente querer un cambio en el país. Es una violación más del derecho del trabajador de un ambiente adecuado y acorde con su experiencia y preparación académica».
«Solo quedamos a ver qué nos espera para los próximos días y semanas, pero la arremetida ya se siente. Ellos saben que los empleados públicos no siguen acompañando el proyecto que ellos quieren imponer», dice Paola.
Paola indicó también que la coordinación de la institución hizo monitoreo y conteo de votos en los centros electorales donde votaban sus empleados y confirmaron que Nicolás Maduro perdió en esos lugares: «Por eso estaban más molestos, porque pudieron contar».
Además, como el CNE aún no publica las actas electorales, Paola presume que las personas de ese ministerio tuvieron que revisar los resultados publicados por la Plataforma Unitaria Democrática.
Margarita* vive en un barrio del oeste de Caracas y la sacaron del grupo de WhatsApp del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) por reaccionar con un emoji riéndose a una publicación que hicieron los jefes de calle, un grupo de vecinos que trabajan activamente con el PSUV y controlan, además de la distribución del CLAP, las recargas de gas y otros servicios de las comunidades.
Susana*, una vecina de la parroquia El Valle de Caracas, recibió amenazas por el grupo CLAP de su comunidad y también la expulsaron: «Me dijeron que como yo soy opositora, la bolsa no iba, pero ya no me importa».
Además, contó a El Estímulo que a otra vecina le advirtieron que en su casa aplicarían la «Operación Tun Tun» por publicar estados de WhatsApp cuestionando los resultados del CNE: «Ella fue más directa y dijo que si algo le pasaba a su familia, iba a buscarlos y tomar cartas en el asunto».
La amenaza es más evidente en las zonas populares y se presenta en forma de persecución. Los vecinos del 23 de enero lo confirmaron la madrugada del pasado viernes 9 de agosto: varias casas y comercios del sector La Cañada, subiendo por el famoso árbol de los peluches, amanecieron marcadas con una X de color negro.
Los vecinos indicaron a medios de comunicación que las marcas las hicieron los colectivos de La Piedrita, un barrio ubicado a menos de cinco minutos. Según la comunidad, no pueden reclamar porque el control en el sector es absoluto, en postes y esquinas hay cámaras que monitorean lo que ocurre las 24 horas.
Nota del editor: Cintia, Felipe, Paola, Margarita y Susana pidieron que no usaramos sus nombres reales, por temor a retaliaciones.
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