Industriales denuncian por inconstitucional la "Ley Antibloqueo" de Maduro

Conindustria, el principal gremio del sector manufacturero de Venezuela, rechazó este lunes la llamada Ley Antibloqueo, que impuso el gobierno chavista de Nicolás Maduro para intervenir lo que queda de la recesiva economía de esta ex potencia petrolera.

En un comunicado Conindustria, el gremio que dice agrupar a más del 80% de las empresas manufactureras del país, advirtió que este instrumento está fuera de la Constitución Nacional,  y además, lejos de apoyar el resurgimiento del aparato productivo nacional, «está divorciado de la difícil realidad que enfrenta la industria manufacturera».

Este dispositivo jurídico contraviene «de manera expresa nuestra Constitución» y obvia todos los pasos necesarios para que tenga la legalidad requerida, advierten.

A discreción

«La discrecionalidad se impone en esta “Ley” que fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que no está revestida de la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en ese ámbito», dice el texto.

«Esta “Ley” confiere a las autoridades facultades muy superiores a las ya adjudicadas por vía de Estado de Excepción por Emergencia Económica, bajo la justificación de que es necesaria
para contrarrestar los efectos de las llamadas “sanciones”.

Entre los objetivos descritos en el citado instrumento jurídico, resalta el de “Favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y elevar el nivel de vida de la población”.

«Tal objetivo luce totalmente distanciado de las causas que han originado la realidad actual de crisis. Durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna».

Esa ley es una muestra más de como los derechos del sector privado nacional son constantemente conculcados, agrega.

«Somos un país cada vez más pobre, con una población sumida en la más absoluta de las miserias y con un cementerio de empresas, sin la más mínima posibilidad de seguir
aportando empleos dignos y calidad de vida para los habitantes de esta nación».

Más poder del acumulado

«La «Ley” faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente», advierte.

«Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela».

También manifestaron que ese nuevo marco legal se pretenda, sin procesos de transparencia, la “reprivatización” de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños.

«Por todas estas razones, invocamos la nulidad de la citada “Ley”, en virtud de que los actos de ejecución de la misma podrían resultar lesivos para la nación y en especial para las
empresas nacionales, ya que no contribuyen a generar, en modo alguno, la necesaria confianza para que los inversionistas vean a nuestro país como un destino seguro para sus
capitales. Con su aprobación, se da una estocada más a la libertad económica en Venezuela».