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Ley Antibloqueo, un dudoso antídoto contra 20 años de chavismo económico

Tras dos décadas de políticas económicas socialistas que aniquilaron el salario mínimo, desmantelaron a centenares de empresas y hundieron al país en hiperinflación, desempleo y en una profunda depresión económica, Nicolás Maduro saca de la manga una Ley para privatizar lo que su padre político confiscó sin misericordia

Ley Antibloqueo, un dudoso antídoto contra 20 años de chavismo económico

Cuando el país cumple 34 meses de hiperinflación, el  régimen de Nicolás Maduro ahora intenta correr hacia adelante y lanza la llamada «Ley Antibloqueo», que en la práctica supone privatizar gran parte de lo expropiado por Hugo Chávez, e intentar reconstruir algo de lo destruido en dos décadas por el chavismo militar cívico. Pero sin confianza y sin institucionalidad no habrá recuperación posible, coinciden economistas, empresarios y analistas políticos.

Con esa Ley inminente, Maduro busca sobre todas las cosas mantenerse en el poder a toda costa, y tratar de revertir el derrumbe que ya ocurrió en la economía y que amenaza con prolongarse.

Hugo Chávez, en la cumbre de su carrera decidió que el gobierno, en el supuesto nombre de la justicia social, era quien debía fijar los precios de los bienes, así como el margen de ganancia de productores y comerciantes. La arbitraria palabra “exprópiese” se convirtió en símbolo de los nuevos tiempos y de ahí surgió una nueva realidad en la vida cotidiana del venezolano: la escasez de productos, las filas en los comercios, el desabastecimiento y el mercado negro.

El economista Jesús Casique está entre los que prevé que la hiperinflación se extenderá al 2021, seguida de la continuación de la depresión económica que ya redujo a muchas de las empresas manufactureras venezolanas a su mínima expresión. De 11.128 firmas existentes al llegar Chávez al poder en enero de 1999 quedan hoy 2.849 en pie.

En los primeros años del chavismo, de la euforia populista, el «paraíso socialista» y la «Venezuela potencia», que entonces ofrecía el carismático militar, nadie imaginó que 20 años después lograr llenar el tanque de combustible de un vehículo a precios internacionales en dólares, conseguir una bombona de gas de cocinar, o abastecerse de víveres básicos, serían de esas pequeñas acciones cotidianas motivo de celebración.

En pos de records nefastos

Casique observa que Venezuela está actualmente atravesando 34 meses consecutivos de hiperinflación.

“El próximo puerto que le espera a Venezuela es el ejemplo de Ucrania que sufrió 35 meses; el cual vamos a superar. Ya nos encontramos igualados con Grecia y al parecer vamos rumbo a lo sufrido por Nicaragua, con 58 meses de hiperinflación entre marzo de 1986 y junio de 1991, como consecuencia de las políticas aplicadas durante la Revolución Sandinista”, indica.

El concepto de “hiperinflación” alude a una situación fuera de control en los precios de los productos. Según académicos, se produce cuando suben más de 50% mensuales en promedio. La moneda del país pierde por completo sus atributos como valor de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor o ahorro.

De papel moneda a papel basura para el reciclaje…

Los economistas observan que son ciclos sin tendencia al equilibrio, cuyo final resulta impredecible, especialmente cuando no se están aplicando políticas estructurales para atacar sus causas de raíz.

Para Casique, tenemos que esperar hasta 2021 para ver si Venezuela sale de la hiperinflación; pero advierte que “vamos a continuar con una profunda depresión económica”.

Economía como de guerra

Ya esta semana, en su informe semestral «Perspectivas de la Economía Mundial», (WEO, por sus siglas en inglés) de octubre de 2020, el Fondo Monetario Internacional refleja que el mayor colapso en América y uno de los peores del mundo sigue siendo por lejos el de Venezuela, sumida en una debacle económica desde 2013.

Para este 2020 el Fondo prevé un derrumbe de 25% del PIB, que se suma al 35% de 2019. Para 2021 prevé otro retroceso, de 10%. Esto supone que en tres años se habrá pulverizado el 70% de la riqueza que produce el país en forma de bienes y servicios.

En 2018 ya la economía cayó otro 19,6% sobre el retroceso de 15,7% en 2017 y 17,0 en 2016.

En realidad el PIB y todos los indicadores económicos y sociales de Venezuela se han venido derrumbando desde 2013, cuando llegó Maduro al poder heredado de Hugo Chávez. La debacle de la industria petrolera y por ende de todo el andamiaje, ocurrió mucho antes de que se agravara el enfrentamiento con Estados Unidos y llegaran las sanciones contra los jerarcas del chavismo, y de Petróleos de Venezuela (PDVSA), acusados de atentados a la democracia, corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos.

Trabajadores jubilados de Pdvsa mantienen una silenciosa y débil lucha por cobrar un dinero que les fue expoliado del Fondo de Pensiones. Son otro símbolo de la quiebra de la que fuera la empresa más importante del país. (Foto: Daniel Hernández/El Estímulo).

Lo peor de dos mundos

El petróleo aportaba cerca de 97 de cada 100 dólares que entraban a Venezuela por exportaciones, por lo que la quiebra de Pdvsa y el drástico derrumbe de su producción en un contexto de precios internacionales a la baja, arrastró consigo a toda la economía.

Este estancamiento económico ocurre en medio de una hiperinflación prevista en 6.500% este año y en 2021, no obstante por debajo del 19.906% recogido por el FMI para 2019 y del 65.374% por ciento de 2018.

El coctel nocivo de la economía venezolana incluye además una tasa de desempleo del 47,6% en 2019, del 54,4% en 2020 y del 57,3% en 2021, siempre según los datos del FMI. El organismo multilateral admite la dificultad de encontrar cifras oficiales creíbles aportadas por el propio gobierno del país, cuyo régimen desde 2004 rompió por completo las consultas con el Fondo.

«Una gran incertidumbre rodea estas proyecciones. Los precios al consumidor de Venezuela son excluidos de todos los índices compuestos del grupo WEO», advierte el Fondo, que usa proyecciones de su propio grupo de expertos.

Cadena de errores

Hay una larga lista de factores que condujeron a Venezuela a la actual hiperinflación. Casique destaca entre ellas la apreciación irreal del tipo de cambio que se hizo más marcada a partir de 2012. Es decir, un aumento artificial del valor de la moneda en relación al dólar o el euro a discreción del gobierno y no por el desarrollo productivo del país.

Ese mecanismo llevó al gobierno a un proceso de “monetización” por parte del Banco Central de Venezuela (BCV). En términos sencillos es la creación de papel moneda o digital, sin respaldo en reservas internacionales o moneda dura por parte del BCV. Ese dinero llamado inorgánico se utiliza para cubrir el déficit fiscal y completar los gastos del gobierno. Con ello se cubrieron las constantes indexaciones salariales y los pagos de bonos a través del llamado “Carnet de la Patria”, -un sistema de información y control social, –  entre otros gastos como la creciente burocracia gubernamental y el mantenimiento de empresas públicas quebradas.

Casique agrega otros factores clave como fueron la pérdida de las expectativas de los agentes económicos por la fuerte sobrevaluación cambiaria y apreciación del tipo de cambio real; además de la ausencia de garantías para el inversionista.

La expoliación

El economista nos recuerda cómo bajo la conducción del ex ministro de Planificación, casi durante 14 años, Jorge Giordani, Venezuela atravesó no solo un proceso de expropiaciones, sino  además de confiscaciones y expoliaciones de centenares de empresas; a cuyos dueños nunca les cancelaron indemnizaciones por sus bienes, contraviniendo mandatos expresos de la Constitución y las leyes.

El ex ministro de Planificación Jorge Giordani, mentor de Hugo Chávez en asuntos de ideología económica. En 2012 reconoció que se habían gastado miles de millones de dólares en el sector público para llevar a su jefe a la reelección. También reconoció el robo de unos $26.000 millones en un grupo de empresas de maletín que negociaron con el gobierno.   

“En el sector manufactura en el año 1953  teníamos en marcha 2.564 empresas; en el año 1999, al llegar Hugo Chávez,11.198 empresas. Nicolás Maduro recibió al país con 6.564 empresas y cerramos 2019 con 2.849. Prácticamente regresamos al nivel de 1953”, detalla Casique.

Prevé con el impacto de la pandemia de covid-19 Venezuela podría cerrar el 2020 en el sector de manufactura con apenas entre 800 a 1.000 empresas aproximadamente.

Por su parte, el sector comercio tenía operativamente en el año 2000, comenzando el chavismo a gobernar, 820.000 comercios, y actualmente quedan unos 240 mil activos.

Esto ocurrió a pesar de que Venezuela atravesó dos “boom” petroleros sin precedentes. El primero de ellos entre 2004 y 2008 con ingresos de $290.988 millones. El segundo se produjo entre 2011 a 2014 con ingresos de 339.034 millones de dólares para un total de 630.022 millones de dólares.

“Todos estos recursos fueron destinados a financiar el populismo en América Latina y el Caribe”, recuerda Casique, también director de la firma Capital Market Finance.

Un reciente trabajo en El Estímulo explica cómo el despilfarro de recursos se extendió en el país en contrataciones con empresas de países aliados: sin licitación, controles o seguimiento de contratos y desembolsos.

“Solamente en obras inconclusas en Venezuela, la corrupción se llevó $87.000 millones, según las investigaciones que hizo la Asamblea Nacional”, refiere el Informe del Parlamento sobre obras inconclusas del chavismo.

Sin embargo, tal como lo califica el experto en finanzas: “llegaron las vacas flacas y Venezuela  está sin caja (sin recursos)”.

Siguen los controles

Aunque se ha hablado de cierta liberación de precios por el aumento desmedido de algunos productos, a juicio de Casique, el control de precios sigue vigente en el país y la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) está a la orden del día.

“El gobierno se hizo la vista gorda en los últimos tres años porque se estaba generando una profunda escasez en Venezuela y los anaqueles estaban vacíos”, dice.

Por ello  -explica Casique- se liberó el tipo de cambio que está prácticamente a nivel del paralelo y eso generó que los anaqueles de los comercios se abastecieran. Pero, ahora el problema en el país es la pérdida del poder adquisitivo. Al venezolano común no le alcanzan los recursos para satisfacer sus necesidades de bienes y servicios.

La web de SUNDDE, organismo adscrito al ministerio para el Comercio, indica que procesó, durante la semana del 24 al 28 de agosto, un total de 281 solicitudes a través del número telefónico para denuncias de precios especulativos, 0800-LOJUSTO, donde 6 pertenecían al área comercial y 263 al sector servicios.

Salarios de ficción

Los expertos del área coinciden en que estas medidas, al igual que las indexaciones y el control de precios, no resuelven el problema de fondo que es la pérdida adquisitiva del salario.

Explica Casique que los salarios en Venezuela son indexados recurrentemente por inflación sin que ello sea una solución. En abril de 2013, cuando llegó Maduro al gobierno, el salario mínimo, al cambio oficial del BCV en aquel momento, era de 86,4 dólares, un valor ya bajo.

El último incremento salarial en Venezuela fue adoptado en abril de 2020 para llevarlo a 400.000 bolívares, que es el vigente. Si se toma en cuenta el tipo de cambio del BCV a la fecha valor del 15 de octubre, ese monto corresponde a menos de un dólar (cerca de $0,88).

Es decir, el salario mínimo ha caído en 98,9% en siete años.

Sin embargo, explica el economista que el sector privado ha tomado medidas alternas para compensar ese deterioro. Los empresarios prácticamente no operan con salario mínimo para sus trabajadores. Exponencialmente los salarios están muy por encima del salario mínimo oficial; además de contar con otro tipo de beneficios e incentivos a su personal a través de bonos, muchas veces tasados en dólares.

Como decía recientemente el empresario y consultor Jorge Botti en entrevista con El Estímulo, si ese salario básico fuera el vigente real, las calles de Venezuela estarían llenas de cadáveres de personas muertas por hambre.

Igualmente el sector público aplica compensaciones con la entrega de cajas CLAP  (de alimentos básicos racionados por el Partido Socialista), con lo cual complementa el bajo salario, y los bonos que se depositan a través del Carnet de la Patria. Los trabajadores que están atados solo al salario mínimo son las personas de la tercera edad, los jubilados; por lo que el salario mínimo ya no es la única referencia en Venezuela, comenta Casique.

El racionamiento de alimentos básicos, especialmente carbohidratos, se hace a través de comités del Partido Socialista, y sin fecha fija. (Foto: Daniel Hernández/El Estímulo)

Pero, ese salario nominal es el que todavía se usa para cálculos de prestaciones sociales por antigüedad, bonos vacacionales, utilidades, beneficios del contrato colectivo, especialmente en el sector público. En la práctica hay una descapitalización y depauperación del factor trabajo en la economía.

En general, el trabajador promedio en Venezuela tiene dos y tres oficios o fuentes informales de ingresos adicionales, para intentar al menos llevar los alimentos básicos a la familia.

La Antibloqueo

Unos tres años antes de la enfermedad y muerte de Hugo Chávez, cuando la crisis desencadenada por el despilfarro, la corrupción, la pésima gerencia pública, las políticas económicas obtusas y las confiscaciones de empresas comenzaron a hacer efectos en la economía del país, el jefe revolucionario comenzó a hablar de “una guerra económica” supuestamente aplicada por Estados Unidos.

El término fue acogido también por Nicolás Maduro y ahora con las sanciones aplicadas por Washington el término ha tomado fuerza en la propaganda política para pretender justificar el desastre económico del país.

La desesperación por obtener recursos para mantener el enorme aparato del Estado, con la paralización de las refinerías y una escasa producción petrolera que no llega a 400 mil barriles por día, los llevó a buscar finanzas en la extracción minera, sin inversión tecnológica y sin reparar en el impacto ecológico causado inclusive en parques nacionales como Canaima, en el estado Bolívar.

La minería depredadora es una práctica aceptada y apoyada por el Estado en el sur de Venezuela. 

Dado que estos recursos no han sido suficientes y reconocido que la industria petrolera, de derivados, hierro, cemento, aluminio, que una vez florecieron están hoy casi desmanteladas o trabajando al 20% de capacidad, el gobierno ha optado por acudir a la “desnacionalización” de estas empresas. Para eso apela ahora a la llamada “Ley Antibloqueo”, a través de la cual ceden a sus países aliados y sus empresas, bajo mecanismos de confidencialidad y acuerdos en secreto, las principales industrias venezolanas.

Es una privatización camuflada, como señala el economista Víctor Alvarez. 

La norma será aprobada por una asamblea constituyente creada por Maduro para usurpar  los poderes legislativos del Parlamento en manos de la oposición.

Como lo describe el jurista Allan Brewer Carías, a través de esta nueva ley el gobierno se propone iniciar un proceso de desnacionalización generalizada, pues todo lo que propone implica la desaplicación de las leyes de nacionalización o reservas del Estado de actividades económicas, comenzando por la industria petrolera.

Junto ello se propone llevar adelante un proceso de privatizaciones, lo cual esta ley lo denomina: “proceso de reorganización total del sector empresarial público”.

Devolución descapitalizada

También se contemplan medidas de restitución de activos a quienes fueron despojados de los mismos, previéndose en el artículo 27 que: “impliquen la gestión u operación de activos que se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario”.

Esto permitiría al Ejecutivo Nacional privatizar todas las empresas e industrias que fueron expropiadas o confiscadas durante los lustros pasados no sólo mediante medidas administrativas, sino judiciales, incluso pudiendo convenir con sus antiguos dueños su restitución.

Igualmente se busca tomar medidas de promoción de participación de capital privado en la economía nacional, en una aparente reversión radical de la política estatizadora de las últimas dos décadas, mediante “la captación de inversión extranjera, a gran escala”, según el artículo 18.

Como se indica en el artículo 1º que “tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público de herramientas jurídicas” que consisten, en la “desaplicación,” en secreto, de la totalidad del ordenamiento jurídico, para simplemente ejecutar una política económica la cual se define como la que busca “contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República y su población”.


Concluye Brewer Carías que, aparte de lo fraudulenta de esta ley de la Asamblea Nacional Constituyente que no tiene competencia para aprobarla, esta estrategia del gobierno “No es sino un brutal contrasentido que se pretenda sensatamente, en el marco de ajuridicidad y falta de transparencia que se establece en el proyecto, ‘buscar inversiones’ para el sector petrolero, o para cualquier sector de la economía, salvo que se trate de negociaciones que solo pueden hacerse secretamente, para ocultar deliberadamente sus implicancias”.

El abogado constitucionalista califica a esta ley como “una monstruosidad jurídica”.

Para el economista Casique la Ley Antibloqueo que piensa privatizar lo expropiado no va a resolver los problemas del país.

“Con leyes no se resuelven los problemas económicos. Todos los problemas económicos se resuelven con confianza. Si no generas confianza en Venezuela difícilmente se puede reactivar el aparato productivo del país”, afirma.

Hoy hay al menos 21 demandas internacionales en curso contra la República de Venezuela incoadas por empresas que fueron inversionistas en el país. Entre ellas la minera Crystalex, que ha puesto en vilo la propiedad de activos de Pdvsa en Estados Unidos, como la corporación Citgo Petroleum.

Estos socios tuvieron que acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, del Banco Mundial) por la falta de pago de parte del Estado venezolano como consecuencia de la política de expropiaciones del chavismo.

Si bien podría ser acertada una política de privatización y el retorno de la inversión privada y extranjera al país, una propuesta en manos de quienes provocaron el desastre económico y que expropiaron sin compensación a importantes inversionistas, resultará difícil que genere confianza con las actuales autoridades, coinciden expertos.

Más aún, ahora, utilizando vías secretas de negociación, sin instituciones independientes ni transparencia, en el contexto de una crisis política y social de graves proporciones, no habrá inversionistas, financiamiento legal ni nuevas tecnologías que vengan a recuperar el deterioro ocasionado al aparato productivo venezolano durante dos décadas de chavismo.

Lo más probable es que sólo se anoten los aliados de Nicolás Maduro.

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