La intervención el 29 de noviembre por parte de la Superintendencia de Bancos del Banco Peravia en República Dominicana puso en el tapete la actuación de tres empresarios venezolanos que estaban al frente de la entidad.
José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, presidente, vicepresidente y ejecutivo de Banco Peravia, fueron imputados por falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos por $28,8 millones.
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana emitió -a comienzos de marzo- una orden de captura internacional, a través de Interpol y otros organismos de seguridad, contra los tres ex ejecutivos que salieron de ese país a finales de noviembre.
De acuerdo con el portal pro oficialista Aporrea, los responsables de las irregularidades cometidas en Banco Peravia están vinculados con el ex ministro de Finanzas y ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, quien es prófugo de la justicia.
-Como suizos-
La llamada Lista Falciani, elaborada con información de la filial suiza del banco británico HSBC, dejó dudas sobre cuentas de instituciones públicas venezolanas en esa entidad que ya ha sido acusada de lavado de dinero, de fijar tasas de cambio y ahora de evasión fiscal.
Venezuela aparece como el tercer país con más fondos depositados en la filial suiza con $14.800 millones, de los cuales $12.000 millones corresponden al Banco del Tesoro y la Tesorería venezolana, abiertas entre 2005 y 2007.
Alejandro Andrade, quien fue presidente del Bandes y tesorero de la Nación, aparece en la Lista Falciani, entregada a las autoridades francesas en 2009.
El actual ministro de Finanzas y vicepresidente económico Rodolfo Marco Torres, quien fue presidente del Banco del Tesoro, indicó que esas cuentas eran totalmente transparentes.
“En su momento, el Banco del Tesoro tenía recursos y los depositaba en esa cuenta a través de un fideicomiso y se originaban diferentes subcuentas donde se hacían inversiones y pagos a proveedores, eso no tiene nada de anormal”, dijo Marco Torres el pasado 12 de febrero, asegurando no tener cuentas personales en esa entidad, reseñó la agencia EFE.
Posteriormente, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo en un programa de Venevisión, que el Ministerio Público había solicitado a la filial suiza del banco británico HSBC información sobre los funcionarios públicos venezolanos que tienen cuentas allí.
– Principado sin controles-
Andorra, un principado conocido por sus débiles controles para combatir el lavado de dinero, tuvo esta semana en la Banca Privada d’Andorra una acusación de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por legitimar capitales de Rusia y Venezuela.
En el caso venezolano, el informe señala que altos ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra facilitaron transacciones financieras a nombre de grupos de lavado de dinero, proporcionando servicios a individuos y terceros involucrados en crimen, corrupción, contrabando y fraude, facilitando el movimiento de $4.200 millones.
“Esta red de lavado de dinero trabajaba muy de cerca con altos funcionarios del gobierno venezolano, agentes residenciados en Panamá y un abogado andorrano para establecer empresas fantasma en Panamá”.
La red se apoyaba en varios métodos para mover los fondos, incluyendo “contratos falsos, préstamos fraudulentos, sobrefacturaciones (subfacturaciones) y otros esquemas de lavado de dinero basados en intercambio comercial”, algunos de las cuales incluían supuestas transacciones en nombre de entidades públicas del país como Pdvsa.
«Cómo las operaciones son en dólares americanos deben pasar por bancos de Estados Unidos, y el Departamento del Tesoro, que es el ente fiscalizador y regulador del sistema financiero, se entera a través de los bancos corresponsales. Al notar algún movimiento inusual, las entidades lo reportan al regulador para evitar la multa», dijo al Estimulo.com el abogado penalista, especialista en antilavado de dinero, Alejandro Rebolledo.
El experto recuerda la multa que por $1.900 millones impuso el Departamento del Estado en 2012 al banco HSBC por no cumplir con los estándares internacionales para prevenir lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo «y permitió que traficantes de droga, corruptos y financistas del terrorismo abrieran cuentas en el HSBC, contaminando el sistema financiero de EEUU porque ese dinero producto de actividades ilícitas llegó al sistema», señaló Rebolledo.
Con los casos del Banco Peravia, el HSBC y ahora la Banca Privada d’Andorra, hay un alerta grande de riesgos importantes con venezolanos que manejan este tipo de cambio, dice ReBolledo quien observa una debilidad institucional para iniciar investigaciones. ¿Qué se está haciendo? ¿Quiénes están detrás de estas operaciones? ¿Son funcionarios públicos? ¿Con quiénes guardan vinculación? ¿Tienen propiedades en Venezuela?
«Lo más sano es la asistencia legal mutua», indicó el experto quien señala que las implicaciones para Pdvsa son riesgos operacional, reputacional y legal por tratarse de un tema de fraude y lavado de dinero. riesg
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