Tras la publicación en Gaceta Oficial del decreto 4.164, en el cual se suspende por seis meses el pago de alquileres de viviendas principales y locales comerciales, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela recomienda negociar.
En algunos casos, la negociación puede complicarse entre inquilinos que no pueden pagar porque están en su casa sin trabajar y arrendadores que tienen como único sustento el cobro de alquileres. Lo que señala la ley es que la ventaja en este caso la tienen los inquilinos, quienes tienen suspendido el pago hasta el 1 de septiembre de este año.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López, señala que el decreto tiene puntos a favor en medio de la crisis de salud pública que se vive en el mundo.
«Hemos logrado con el decreto que no se exonere el pago, sino que se suspenda».
Sin embargo, en un comunicado, la Cámara Inmobiliaria muestra preocupación por la suspensión también de «cánones no pagados y otros conceptos pecuniarios acordados», debido a que esto puede implicar la suspensión en el pago, por parte del inquilino, del condominio, lo cual, a juicio del gremio, «sería injusto» porque implica el pago de servicios percibidos por el inquilino.
Apuesta por el acuerdo
En el artículo 3 del Decreto se plantea la posibilidad de acordar, mediante consenso, el pago o restructuración del pago del alquiler. Ante esto, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela señala que este artículo sirve para «negociar de buena fe» el pago de alquileres.
El gremio asegura que en algunos casos esta negociación podría derivar en el pago completo del alquiler de forma regular, en el caso que el inquilino pueda hacerlo y en vista de que muchas veces los arrendadores tienen en el canon la totalidad del sustento.
¿Y si no se llega a un acuerdo?
Entonces los arrendadores deberán esperar al 1 de septiembre para establecer un acuerdo de pago con sus inquilinos. En este caso no podrán exigir el pago completo de la deuda al momento en el que se levante el decreto.
Cuando no se llegue a un acuerdo entre las partes, el decreto establece que el arrendador y el inquilino podrán ir a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), en el caso de los inmuebles destinados a uso como vivienda principal, y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) cuando se trate de inmuebles comerciales, para dirimir estos conflictos.
Un golpe a un sector deprimido
La suspensión de alquileres en medio de la pandemia del coronavirus es un golpe más a un sector ya deprimido. La recesión que vive el país desde hace ya siete años ha dejado en jaque al sector inmobiliario, bajando incluso los precios de los inmuebles a mínimos en décadas.
Francisco López señala que seguramente habrá locales y oficinas que puedan bajar en su precio. Sin embargo señala que locales destinados a venta de alimentos y farmacias posiblemente no sufran tanto los embates.
«Como sector debemos concentrarnos en superar la pandemia y la crisis y luego tomar medidas para recuperar el país», asegura.