A simple vista, los precios de los productos de la lista que publicó el Ministerio de Comercio parecen haber subido. Sin embargo, si se compara el precio en bolívares con el tipo de cambio del dólar registrado por el Banco Central de Venezuela, se nota que no existe ningún aumento
Hace menos de un mes el Gobierno de Maduro volvió a jugarse la carta del control de precios para intentar manejar una economía que acumula siete años en recesión y cuatro en hiperinflación. Aunque la noticia de un nuevo control de precios encendió las alarmas entre empresarios y analistas ante las consecuencias de esta medida en una economía destruida, este nuevo control ni es ni se ejecuta igual al que se impuso en 2018. Esta vez los precios no se tasan en bolívares: el dólar manda.
Desde el 27 de abril, fecha en que se publicó la primera lista con los precios máximos de 27 productos, el Ministerio de Comercio la ha actualizado dos veces. La primera actualización fue el 6 de mayo. La segunda, solo tres días después (9 de mayo).
A simple vista, los precios de los productos de la lista parecen haber subido. La lista presenta el valor en bolívares (moneda oficial de Venezuela) y en petros, una criptomoneda que el Gobierno de Maduro intentó imponer en Venezuela, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, si se compara el precio en bolívares con el tipo de cambio del dólar registrado por el Banco Central de Venezuela, la situación es distinta.
La realidad es que los precios de los productos no aumentaron, solo se ajustaron a la subida del dólar respecto al bolívar. Lo que el Ministerio de Comercio publica es simplemente una nueva conversión de los precios que están controlados o acordados en dólares, pero que insisten en publicar en bolívares quizás para guardar las formas.
Si comparamos el precio del kilo de la carne de solomo que se publicó en la lista con fecha del 6 de abril (Bs. 613.949,28) con el monto del mismo producto en la lista del 9 de mayo (Bs. 626.576,41) se podría pensar que aumentó. Pero si llevamos cada uno de esos precios a dólares, tomando en cuenta el tipo de cambio del BCV para cada uno de esos días, notamos que el precio del producto es el mismo: $3,62.
Esta misma situación se repite en los 27 productos, de modo que lo que el ajuste en bolívares de la lista realmente muestra es la devaluación del bolívar.
El control de precios en Venezuela, que había desaparecido durante 2019, volvió al país en medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus.
Las fiscalizaciones de las empresas de alimentos habían cesado en el último año, en lo que parecía ser una flexibilización de los precios por parte del régimen, con el fin de abastecer a un mercado que vivió una gran escasez de productos durante 2018.
Sin embargo, el repunte que ha registrado el precio del dólar desde el inicio de la cuarentena (+153%) ha disparado los precios de los productos y condujo a que el gobierno tomara de nuevo la carta de la Ley de Precios Justos, para intentar controlar una economía que, según el FMI, cerrará el 2020 con una hiperinflación de 15.000%.
Las medidas de fiscalización del gobierno ocurren en medio de una paralización de la economía, que mantiene a la mayor parte de la población en casa y que perjudica a más de la mitad de los venezolanos que viven de ingresos provenientes del sector informal.
El 27 de abril el Ministerio de Comercio de Venezuela sacaba su primera lista de precios «acordados» en su página web. Esta lista se generaba días después que el Gobierno de Maduro tomaba las instalaciones de importantes plantas procesadoras de alimentos. Entre ellas se encontraba una planta de Empresas Polar, la mayor empresa de producción y distribución de alimentos del país.
La idea, según anunciaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, era «combatir la especulación» en medio de la cuarentena. Los empresarios no tardaron en pronunciarse ante lo obvio: en Venezuela los controles son sinónimo de colas y escasez.
Sin embargo, en medio de una transmisión en vivo por el canal del gobierno, el ministro de Industrias y también de Petróleo, Tareck El Aissami, se sentaba con empresarios poco conocidos en una mesa de trabajo para asegurar que lo que venía no era un control de precios sino unos «precios acordados». Además, prometía que la lista iba a ser constantemente actualizada.
La promesa de El Aissami parece cumplirse. El control no se impuso en bolívares, sino en dólares. A pesar de esto, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, advertía que esto tampoco era garantía de nada, porque los empresarios venezolanos tenían que comprar los dólares para adquirir materia prima a una tasa que no se rige por el BCV sino por el mercado paralelo.
Sin embargo, la diferencia entre el precio del dólar a la tasa oficial del BCV y la tasa de distintas páginas que cotizan en un mercado informal, se asemejan e incluso, en algunas ocasiones se entrecruzan. Aunque el temor de los empresarios es que el Gobierno de Maduro esté tentado a controlar el precio del dólar reportado por el BCV, en cuyo caso los precios quedarían rezagados.
La dolarización de las transacciones en Venezuela no llegó con la cuarentena por el Covid-19, aunque su validación por el Gobierno de Maduro parece que sí. Más del 50% de las transacciones que se realizan en el país se hacen con el dólar como moneda de cambio, sin embargo, el sueldo de los empleados públicos, de los pensionados y de muchos trabajadores de empresas privadas sigue pagándose en bolívares.
Es por esta razón que la caída del poder adquisitivo, que se viene generando en el país desde el 2013, se acentuó con el Covid-19. La razón principal es que la dinámica laboral del venezolano mutó en los últimos años. Muchos venezolanos entraron al mercado informal que les permitía obtener más dinero y dólares que un trabajo formal. Sin embargo, con la cuarentena, muchas personas tuvieron que quedarse en casa y dejaron de percibir el sustento diario que les permitía alimentar a sus familias.
Con un sueldo mínimo mensual de apenas $5, un pensionado solo podría comprar un kilo de carne para comer todo el mes.
Aunque aumentó la fiscalización de precios en los comercios, hasta el momento no han sido reportados multas ni cierres. Esto a pesar que los precios de la lista no se cumplen en mayoría de los comercios venezolanos.
Los analistas señalan que es probable que el Gobierno de Maduro no quiera llegar a un enfrentamiento con el sector empresarial. Lo que sucede es que la carta del control de precios puede ayudar a mejorar su imagen en los sectores populares, los cuales son los más vulnerables por la crisis que vive Venezuela.
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