Finalmente el Gobierno de EEUU no renovó la Licencia General 44, la cual suspendió por seis meses parte de las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela. La decisión se tomó a raíz del incumplimiento del acuerdo de Barbados
La decisión sobre la renovación de las sanciones económicas sobre Venezuela es un hecho. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos reemplazó este miércoles 17 de abril la licencia 44 con licencia 44A.
La nueva licencia da un lapso (hasta el 31 de mayo) para ir concluyendo transacciones relacionadas con operaciones de petróleo y gas en Venezuela, ante el restablecimiento en junio el régimen de sanciones previo a octubre.
Venezuela Gl44a by Ariana Briceno
La noticia no sorprende. Las cartas ya estaban echadas. Este lunes 15 de abril,un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, adelantaba a la agencia Reuters que la administración de Biden no renovaría las licencias generalesque autorizaban transacciones relacionadas con la industria petrolera venezolana.
«A falta de avances por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024», dijo el portavoz citado porReuters.
Sin embargo, hay quienes esperaban sanciones más suaves. Un reporte publicado el pasado 30 de marzo por The Washington Post, afirmaba que la administración de Biden estaba considerando formas de imponer nuevos límites a las ventas de petróleo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero sin aumentar los precios del gas en Estados Unidos o enojar a otros gobiernos latinoamericanos. Esto no se dio.
La Licencia General 44 de Estados Unidos, que suspendió parte de las sanciones sobre el sector petrolero de Venezuela, la deuda de la estatal Pdvsa, ya expiró.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permitió con la Licencia 44 a las empresas internacionales la producción y venta de petróleo y gas de Venezuela, así como el pago de bienes y servicios relacionados, las inversiones y la entrega de petróleo y gas a acreedores del Gobierno de ese país, a través del sistema financiero de Estados Unidos.
También, habían quedado levantadas temporalmente las restricciones a los estadounidenses para compras de ciertos bonos soberanos y bonos o acciones de Petróleos de Venezuela en el mercado secundario.
Aun quedan dudas, pero los analistas señalan que la empresa petrolera estadounidense Chevron, principal petrolera que opera en el país, podría seguir trabajando por un tiempo más, ya que lo hace bajo otra autorización, la Licencia 41.
Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, dijo a CNN que Chevron tiene proyectos en Venezuela con una capacidad de 250.000 barriles diarios, con una producción actual cercana al 50% de esa meta. “Dada la incertidumbre política que todavía existe en el país y la falta de credibilidad que hasta ahora tiene el gobierno, pensar en desarrollos nuevos, en proyectos nuevos, pareciera tener una baja posibilidad”.
Desde Washington se intentó llegar a un acuerdo antes de emitir una decisión, aunque el Gobierno de Maduro no se la puso fácil.
El 11 de abril, la agencia Bloomberg reportó que funcionarios estadounidenses se reunieron en secreto con miembros de la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro para mantenerlo involucrado en negociaciones sobre reformas democráticas mientras se acercaba la fecha límite para restablecer las sanciones contra la industria petrolera del país.
Representantes de la administración de Joe Biden y del gobierno venezolano, incluido Daniel Erikson del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el principal negociador de Maduro, Jorge Rodríguez,se reunieron el martes 9 de abril en la Ciudad de México para discutir las condiciones electorales, según personas con conocimiento directo del asunto, aseguró Bloomberg.
Ante la inhabilitación de María Corina Machado, la negativa del CNE a la inscripción de quien sería su sucesora, Corina Yoris, y la persecusión y encarcelamiento de dirigentes del movimiento Vente, liderado por Machado,el escenario de la rehabilitación de las sanciones es muy probable. El Gobierno de Maduro lo sabía, y desde hace días estaba impulsando propaganda alrededor de este escenario.
Esta semana, distintas vías de Caracas amanecieron con enormes vallas propagandísticas en las que se leen frases como«Venezuela no puede importar insulina», en alusión a las sanciones impuestas por EEUU al país. En estas enormes pancartas se culpa, a su vez, a la oposición de pedir las sanciones al país.
Las vallas se observan en la autopista Prados del Este, sentido centro y sentido La Trinidad, en la autopista Francisco Fajardo, vía Antímano, en el distribuidor La Araña y en la autopista Valle-Coche.
En la mañana de este miércoles el ministro de Petróleo Pedro Tellechea abordó el tema de las sanciones en un encuentro con periodistas: «En ningún momento dejamos de producir, de comercializar, de explotar nuestras reservas», dijo: «No vamos a parar con licencia o sin licencia».
«¿A quién estamos afectando realmente?», cuestionó, de acuerdo a una nota difundida por AFP: «Estados Unidos va a seguir accediendo al petróleo venezolano, pero el europeo, el indio posiblemente no tenga la posibilidad, y el asiático tenga algunas dificultades».
Tellechea, que también es presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, aseguró que mantiene reuniones con otros gigantes energéticos estadounidenses como ConocoPhillips y ExxonMobil y la británica BP, así como también anunció la ampliación de la operación de Chevron en el país, precisó AFP.
El levantamiento de las restricciones a la industria petrolera se produjo a cambio de que Venezuela cumpliera con una serie de compromisos que implicaba la liberación de presos políticos y garantías electorales para las elecciones presidenciales. A pesar de que al inicio del acuerdo se excarcelaron a seis opositores, entre ellos Juan Requesens y Roland Carreño, junto a un grupo de 10 ciudadanos estadounidenses, el periodo de buena voluntad no duró mucho tiempo.
Tras la excarcelación del empresario Alex Saab, acusado en EEUU por estar vinculado a actos de corrupción con el gobierno de Maduro y la flexibilización de las sanciones,el Gobierno venezolano retrocedió en parte de los acuerdos al ratificar la inhabilitación de María Corina Machado, no permitir la inscripción de candidatos alternos como Corina Yoris y encarcelar a miembros del partido de Machado y a figuras del activismo de derechos humanos como Rocío San Miguel.
El retorno de las sanciones es algo que se esperaba. A finales de enero EE.UU advirtió sobre el regreso de las sanciones a Pdvsa si el Gobierno de Maduro no desistía de la inhabilitación de María Corina. Ahí la posibilidad de la no renovación de la licencia fue prácticamente un hecho. En un discurso frente a la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez respondió sobre la exigencia hecha desde Washington con la frase: “Ahórrense el lapso, yanquis de mierda”.
Sin embargo,el lapso, que finalizaba este 18 de abril, le ha permitido a Maduro percibir las ganancias de la flexibilización antes de las elecciones presidenciales con fecha ya pautada para el 28 de julio. De hecho, los analistas señalan que de reimponerse las sanciones,los efectos no se percibirán en la economía hasta meses después, cuando la elección ya haya ocurrido.
El economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana (Unimet), Luis Oliveros, expresón, en una entrevista con Unión Radio, que «el primer efecto en la industria petrolera venezolana es no vender en los mercados naturales como EEUU ni Europa, vendiendo, como hace unos meses, a mercados asiáticos».
Además, el flujo de caja en divisas del país también se vería afectado y el Gobierno tendría menos dólares para inyectar en la economía, por lo que se le hará cuesta arriba mantener el ritmo de las intervenciones cambiarias de 50, 60 o 70 millones de dólares semanales.
La OFAC ha emitido 930 sanciones dirigidas afuncionarios, instituciones, empresas, aviones y barcos asociados con el gobierno de Nicolás Maduro, pero solo un pequeño porcentaje de estas sanciones afectan directa o indirectamente la economía del país.
Las sanciones que se impusieron en 2008 y hasta mediados de 2017 se aplicaron a personas naturales, relacionadas con la violación de derechos humanos, el tráfico de drogas, altos niveles de corrupción y fraude electoral. Las de 2014, durante el gobierno de Barack Obama, buscaba además impedir que se usara el sistema financiero de EEUU para estas actividades.
El punto de inicio de las sanciones, que pudieron provocar desbalances financieros y económicos en el país, se dio el 24 de agosto de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808, la cual prohibió realizar transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento a cualquiera de sus órganos o entes, incluida la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por lo que se impidieron nuevas emisiones de deuda o bonos, negociar bonos existentes o la venta de activos en Estados Unidos.
Sin embargo, para muchos analistas económicos, estas medidas no tuvieron un gran efecto en la dinámica de las finanzas venezolanas. Según Sutherland, solo vinieron a refrendar legalmente una imposibilidad cierta: “nadie desea adquirir bonos de Venezuela y de Pdvsa y los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración”.
Ahora bien, fue en noviembre de 2018 cuando se emitió la que es considerada la primera medida que afectó los ingresos nacionales.La Orden Ejecutiva 13850 impuso sanciones contra las exportaciones de oro y otros sectores de la economía.
Apenas dos meses después, esta misma orden ejecutiva se amplió para incluir nuevas sanciones a la estatal Pdvsa, lo que implica que todas las propiedades de la compañía petrolera bajo jurisdicción estadounidense pasaban a estar bloqueadas. Además, toda persona estadounidense tenía prohibición de establecer negocios con esa empresa venezolana.
Le siguieron en ese mismo año sanciones al Banco Central de Venezuela, a los gobernadores aliados con Maduro, a bancos estatales como Bandes y Banco de Venezuela y a la aerolínea estatal Conviasa. Además se sancionaron a empresas que prestaban servicios de transporte a Pdvsa y a decenas de embarcaciones, algunas propiedad de la petrolera estatal.
Para ese 2018, la pobreza en Venezuela ya arropaba al 88% de la población según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), el sueldo mínimo se ubicaba en apenas 2,2 dólares (según la tasa de cambio paralela) y al menos 3 millones de venezolanos habían salido del país, según las cifras de la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur).
La economía, previa a las sanciones, ya se encontraba en terapia intensiva. El país entró en un largo período de hiperinflación en noviembre de 2017, cerrando ese año con una inflación mayor al 2.800% y cerró 2018 con un incremento del índice de precios que superó el 130.000% (aunque oficialmente se admitió la mitad).
Así mismo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el país acumulaba una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 48% entre 2013 y 2018.
A pesar de los números, el discurso de las sanciones como promotoras de la debacle económica se institucionalizó. La Gaceta Oficial incluyó en 2020 la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos; a partir de allí se creó el Observatorio Venezolano Antibloqueo, adscrito al Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), el cual sigue lineamientos del Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
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