La venta de productos básicos que mantienen sus precios regulados o el fraude electrónico, se pueden atacar con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal y por las leyes de protección al consumidor, advierte el dirigente empresarial.
“El hecho de que el proveedor o prestador de bienes y servicios por Internet se tenga que registrar ante la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, no es una garantía de que no habrá más fraudes”, añadió Ujueta.
Durante las reuniones de trabajo para la elaboración del proyecto, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística alegó que recibía 400 denuncias de estafas al mes, pero Ujueta afirma que esa cifra es apenas una décima de los fraudes que se cometen en sectores distintos a los electrónicos.
En la actualidad se transan 3,5 millones de operaciones electrónicas en el país en un mes y la cámara teme que de ser sancionada la ley, tal como está redactada, el comercio por Internet se convierta solo en una vitrina de exhibición en la que nadie se atreva a transar.
De acuerdo con Ujueta se trata de una ley sobreprotectora del usuario y sospecha que pueda ocurrir lo mismo que con la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, “con la que mataron el mercado”, dice.
“El proyecto no contiene los fundamentos necesarios de una ley, no clasifica los diferentes tipos de la actividad ni contempla el comercio electrónico de exportación. La ley se parece más a una ampliación de las protecciones al usuario que a una ley en la que el gobierno sea promotor y contralor del comercio por Internet”, opina Ujueta.
Para el empresario, el documento deja un vacío y no impulsa el uso de la tecnología para pequeños emprendedores.
Espera que con la consulta pública que inicia la semana próxima en el estado Nueva Esparta y que acompañará la Alianza Nacional del Usuario y Consumidor (Anauco), se puedan introducir cambios que mejoren el proyecto]]>
