La iniciativa no es nueva, pero esta vez el Ejecutivo muestra disposición para ponerla en marcha, toda vez que la crisis económica se agrava y el tiempo se agota para lograr una campaña eficaz de cara a las elecciones parlamentarias previstas para finales de año.
«Desde hace un año se evalúa esta opción que cuenta incluso con el respaldo de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional», señaló una fuente vinculada al gobierno.
El Ejecutivo ha dejado acumular una enorme deuda del sector privado con proveedores internacionales que ya han cerrado sus líneas de crédito por la morosidad y desconfianza que existe sobre el país.
La semana pasada el recién electo presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, reiteró que la deuda del gobierno con ese sector para el pago de proveedores se ubica en $10.000 millones.
La economía se encuentra en recesión producto de un largo período de controles de cambio y de precio (2003), de expropiaciones y de un marco legal adverso para el funcionamiento de las empresas, muchas de las cuales cerraron definitivamente, otras trabajan en promedio por debajo de 50% de su capacidad y otras decidieron aprovechar la ventajas de la sobrevaluación del tipo de cambio y apostar a las importaciones.
Pero los tiempos de los precios del crudo sobre los $100 se terminaron. Los ingresos de Venezuela que dependen 96% de las exportaciones petroleras se han visto comprometidos por una producción estancada y una caída de 50% en los precios los últimos meses.
«Hay una parálisis técnica de la economía», aseguró otro consultado que prefirió resguardar su identidad. «La recesión se profundiza porque ahora las empresas están sin mover inventarios. Quienes los tienen no los venden para no incurrir en pérdidas cambiarias».
A pocos meses de los comicios el gobierno está obligado a dar un aire a la economía, pero de acuerdo con la fuente abordada, se trata de una burbuja de bienestar que debería arrancar en agosto para que su efecto se sienta en el último trimestre del año.
«El gobierno está consciente de su baja popularidad y quiere -al margen del discurso de confrontación con el sector privado- hacer pagos puntuales que permitan importaciones en áreas prioritarias», afirmó.
Se reconocerá una porción de la deuda de las empresas. «En los próximos días habrá anuncios sobre el pago con bonos soberanos. Será un arreglo directo. El proveedor podrá registrarlo a valor nominal para no ser liquidado», explicó.
El segundo de los consultados dijo que Venezuela no está dentro de la planificación de los exportadores mundiales. «Con esto se perdieron los descuentos y no estamos dentro de los planes de producción, mercadeo y venta de las empresas internacionales. Venezuela está fuera del mapa», puntualizó.
Por esta razón, la fuente indicó que la Corporación Venezolana de Comercio Exterior «deberá pagar parte de la deuda que permita reabastecer el mercado con importaciones, ya que es muy difícil hacerlo con producción nacional por el cierre de líneas de financiamiento».
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Los acreedores de la República de Venezuela por expropiaciones o impago de bonos tiene hasta el 12 de enero para agruparse y emitir las órdenes de embargo. Acciones serán rematadas para pagar a los que lleguen primero.
Al cierre de 2021, la remuneración máxima de un educador fue de US$ 51,7 (14% del costo de la canasta alimentaria) y la remuneración mínima alcanzó a US$ 25,37 (7% del costo de la canasta); para los empleados y obreros de la salud, las remuneraciones máximas y mínimas fueron US$ 8 (2,2% del costo de la canasta alimentaria) y US$ 6 (1,6% del valor de la canasta alimentaria)
“El diálogo entre Fedecámaras y el gobierno es normal. Los gremios empresariales deben hablar con el gobierno de facto porque es el que está ahí. Es quien pone las políticas arancelarias, aplica la reconversión; es quien dicta las leyes nos guste o no”, sostiene el ex presidente de Conindustria, el ingeniero Juan Pablo Olalquiaga.
