Con el veto presidencial, aunque sea una costumbre arraigada, las propinas en los restaurantes de Brasil seguirán siendo opcionales y cada cliente tendrá el derecho a decidir si se la concede o no a quien lo haya atendido.
La imposición de la obligatoriedad de la propina era resistida por la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes, que considera que decidir sobre el asunto es un «derecho» del consumidor.
La misma opinión tenían entidades de defensa del consumidor, para las cuales no se puede imponer esa obligación incluso para los casos en que los clientes no reciben la atención adecuada.
Según el decreto publicado hoy, antes de decidir, Rousseff hizo consultas con los ministerios de Justicia, Hacienda, Planificación y Trabajo, así como con la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa, y todos recomendaron vetar esa iniciativa parlamentaria.