Economía

Venta de oro de pequeños mineros será controlada por el BCV un año más

Una resolución del Ministerio de Petróleo y Minería prorroga por un año más la validez de la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, y el artículo 4 de la resolución conjunta 090 entre este despacho y el BCV.

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BCV

Ambas disposiciones se refieren a la regulación de la venta del oro extraído en actividades mineras a pequeña escala. En la Ley, publicada en noviembre de 2014, se establece que mientras se conformen las llamadas Alianzas Estratégicas -formas de asociación entre el Estado y los pequeños explotadores de oro- será el Ministerio de Petróleo y Minería y el Banco Central de Venezuela los encargados de aplicar las medidas necesarias para la adquisición del material aurífero producto de las operaciones de pequeños mineros.

«A tal efecto, el ente designado por el Estado para la adquisición del mineral del oro, establecerá mediante el instrumento correspondiente el procedimiento, condiciones y requisitos para la recepción, forma y lugar del pago del mineral entregado», señala,

Esta disposición fue detallada posteriormente en la resolución conjunta 090, publicada el 30 de junio de este año, que establece que las personas, sociedades o formas de asociación que desarrollen actividades de exploración y explotación de oro en áreas destinadas a las actividades mineras en el territorio nacional, deberán vender al Banco Central de Venezuela todo el material aurífero a través de los centros que establezca el ente emisor con sus respectivos términos y condiciones.

Estos explotadores deberán presentar al momento de la venta su inscripción en el Registro Provisional de Vendedores de Oro.

El objetivo de estos artículos es generar los mecanismos para formalizar la minería a pequeña escala y evitar los efectos perjudiciales de las actividades de explotación ilegales. El Ejecutivo apuntaba a la creación alianzas estratégicas entre el Estado y los pequeños mineros.

Ambas disposiciones solo pueden prorrogarse una vez y por un año, por lo que el Estado tiene hasta el 18 de diciembre de 2016 para culminar este objetivo.

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