Economía

Venezuela es el quinto país con el peor índice de derechos de propiedad

Los resultados del Índice de Derechos de Propiedad 2015, elaborado en conjunto por Property Rights Alliance y Cedice, fueron presentados este martes.

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La economista y profesora de la UCV, Sary Levy, quien participó en el proyecto, señaló que cuando se habla de derechos de propiedad el estudio va más allá de la simple apropiación de bienes. «Engloba nuestra vida, el resultado del esfuerzo de nuestras ideas. Todo lo que nos pertenece como individuos en una sociedad», dijo.

La medición del Índice Internacional de Propiedad se basa en 3 componentes que agrupa 10 variables. El primero atiende el marco legal y político, el Estado de derecho y el respeto a la Ley; el segundo, los derechos de propiedad física (que incorpora también evaluaciones subjetivas y la evaluación de la gente sobre el derecho a la propiedad); y el tercero, los derechos de propiedad intelectual.

El índice toma datos del Banco Mundial, el Indice de Competitividad, Global Software Survey y el informe Doing Business. La medición abarca 129 países, incorporando 34 nuevas naciones en la más reciente edición.

El índice promedio mundial es de 5,3. Los primeros son Finlandia, Noruega y Nueva Zelanda. Venezuela es el quinto país con peor desempeño en la lista, superando solo Haití, Angola, Bangladesh y Myanmar.

En el caso del ambiente político y legal, el peor caso es el de Venezuela, cuyo índice en este indicador se redujo en 0,5 a 1,7, principalmente debido a las caídas en las variables Independencia Judicial, Estado de Derecho, Estabilidad Política y Control de Corrupción.

En cuanto a propiedad física, Singapur resultó en el primer lugar y Haití el último. Respecto a la propiedad intelectual, Japón resultó el de mejor desempeño y Libia el peor.

Venezuela mostró reducción en todos los componentes, ubicándose este año en el puesto 125 de 129, siendo uno de los peores de la región, solo por encima de Haití. Si se compara con los miembros OPEP, se sitúa penúltimo con apenas una milésima por encima de Angola.

Cuando se mide a nivel individual, se encuentra una relación significativamente positiva entre prosperidad y un sistema de derecho de propiedad robusto. «Es prácticamente igual el comportamiento del índice de propiedad y el nivel de ingreso», señaló Levy.

-Ley sobre propiedad privada, ¿es necesaria?-

La abogada y profesora de Derecho, Andrea García Rondón, considera que el hecho de que una sociedad no levante su voz para defender lo que es suyo es señal de un quiebre moral en el país. La jurista presentó el anteproyecto de Ley para promover y defender la propiedad privada, elaborado en conjunto con el Observatorio de Derechos de Propiedad.

«No se trata solo de que es necesario rescatar los derechos de los propietarios sino también la posibilidad de acceso de los ciudadanos a la propiedad privada», sostuvo.

El objetivo fundamental de la ley es la sustitución de un Estado patrimonial por un país de propietarios. «Esto de confundir el Estado por sociedad es muy común en los regímenes populistas», dijo.

Para esto debe haber una prioridad a la propiedad privada. En este sentido, el Estado debe justificar plenamente cuando va a afectar una propiedad o realizar una expropiación.

«La expropiación debe ser una garantía de la propiedad privada. Tiene que haber un procedimiento previo y un justo pago. No se deben permitir ocupaciones temporales antes del pago», expresó.

-Eliminación de controles-

En el anteproyecto está incluido la eliminación de algunos controles económicos, como el de cambio y de precios. «Nos dicen qué comer, qué leer, qué usar, porque dependemos de las divisas que otorga del Estado en un país donde la producción nacional está destruida», señaló.

Si se van a usar estas regulaciones tienen considera que deben ser temporales, proporcionales y para fines específicos.

La ley debe prever medidas favorables a la inversión y operatividad de las empresas. Se deben eliminar medidas como ocupación temporal, aplicación de multas sin derecho a la defensa y normas administrativas que se traducen en mandatos, entre otras.

El anteproyecto también incluye vigilancia sobre las políticas monetarias, cuya aplicación puede derivar en procesos inflacionarios que afectan el sueldo y el valor de la propiedad.

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