Los resultados electorales del 6D significan un importante obstáculo para la política de gasto del Ejecutivo. Los créditos adicionales que se aprobaban de forma automática, y por mera formalidad, en un parlamento de mayoría oficialista ahora tendrán que pasar por el filtro opositor, lo que frena la autorización discrecional de recursos.
Esta situación motivó al gobierno a desempolvar la idea del Parlamento Comunal, instalado ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con carácter nacional y con el objetivo de generar un mecanismo «que le permita al pueblo disponer de recursos, jefaturas, toma de decisiones, leyes», explicó el parlamentario durante el acto oficial.
A simple vista, se trata de una figura paralela a la Asamblea Nacional. Y aunque, tal como dijo este miércoles el diputado electo del PSUV, Ricardo Molina, «tiene una delimitación legal clara» y solo servirá para «organizarse mejor», el presidente Nicolás Maduro fue enfático la noche del martes cuando dijo que le daría «todo el poder al Parlamento Comunal, todo el poder y ese parlamento va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base”.
Todavía no se tienen claras las atribuciones de este poder instalado por Cabello, pero lo que sí establece la Ley Orgánica de las Comunas es que el Parlamento Comunal tiene la potestad de decidir sobre la asignación y administración de recursos que se asignan tanto a través del Presupuesto Nacional como fuera de él.
De acuerdo al artículo 36 de esta legislación, el Parlamento Comunal recibe y aprueba los proyectos sugeridos por las comunidades y organizaciones sociales «que serán financiados con recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y otros que se les haya acordado». Estos fondos, autorizados por la instancia legislativa, son administrados por el Banco de la Comuna y se asignan de forma directa, sin pasar previamente por la Asamblea Nacional.
La duda surge cuando se analiza el alcance. En las leyes del Poder Popular se habla de un Parlamento Comunal pero su rango de acción se ciñe a los límites de la comuna, un ámbito territorial que pretende sustituir las divisiones del Estado Federal -municipios y gobernaciones-.
No obstante, el instalado por Cabello fue llamado Parlamento Comunal Nacional, una instancia que no está definida en ninguna de las legislaciones aprobadas por el presidente Hugo Chávez.
Expertos ya han reaccionado para referirse a su ilegalidad. “Esta imposición de un parlamento comunal tiene un vicio de usurpación de autoridad de la próxima Asamblea Nacional, el único organismo con la capacidad de legislar en el país”, dijo el abogado José Vicente Haro, en una entrevista concedida al diario El Nacional.
La ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia (1994-2000), Cecilia Sosa Gómez, también se expresó a través de las redes sociales y señaló que el Parlamento Comunal «no existe».
No caigan en provocaciones de Cabello, el parlamento comunal nacional no existe!!! Que haga lo que quiera el 5 asume el soberano y punto!
— Cecilia Sosa Gómez (@CeciliaSosaG) diciembre 15, 2015
El abogado Juan Manuel Raffalli advirtió que este Parlamento Comunal Nacional es solo una «fanfarronería política», un mecanismo para hacer «menos dura» la derrota.
«Cualquier intento por usurpar, desconocer o anular las atribuciones de la nueva AN es un grave golpe a la Constitución», apuntó Raffalli, en una entrevista transmitida por el Circuito Éxitos.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en Bs. 130 mensuales, de acuerdo con el último decreto anunciado en marzo de 2022. Esto equivale a 6,4 dólares de acuerdo al Banco Central de Venezuela (BCV)
Nueva prórroga de OFAC para la entrada en vigencia de una licencia que permite a los acreedores de Pdvsa ejecutar el embargo sobre Citgo dura solo tres meses. Expertos ven riesgo claro de que Venezuela pierda la mayor joya de su corona.
Los economistas denunciaron que las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, el producto interno bruto (PIB) desde el primer trimestre de 2019, al igual que los de la Balanza de Pagos y los datos de pobreza