Economía

¿El retorno de Gold Reserve abre una ventana a las transnacionales?

Los recursos son inmensos. Venezuela no solo posee las más grandes reservas de petróleo; bajo su superficie también yacen, según calcula el gobierno, 7.000 toneladas de oro monetizable. Pero no son los cuantiosos inventarios del mineral precioso que hacen salivar a los inversionistas, pues ya conocían su existencia, sino la nueva actitud del gobierno venezolano con el capital extranjero.

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La mejor evidencia se transmitió en una breve y poco ortodoxa cadena nacional. Frente a 150 empresarios, nacionales e internacionales, el presidente Nicolás Maduro prometió dejar atrás un conflicto arrastrado durante 7 años de tribunales internacionales y amenazas de embargo para darle la bienvenida nuevamente a Gold Reserve, una minera canadiense que fue expulsada arbitrariamente de dos minas de oro por orden de Hugo Chávez.

En 2009, el gobierno negó a Gold Reserve la renovación de la concesión otorgada para el proyecto aurífero Las Brisas y Chocó 5. Tras años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones determinó que Venezuela debía compensar a la minera con $744 millones.

Pero la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno y la empresa puso fin al conflicto y marcó un hito en la relación del país con el capital extranjero, que no provenga de países aliados. “Llegamos al acuerdo final de esa disputa. Demuestra el país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales”, afirmó Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo y Minería.

La pregunta es si se puede esperar que acciones como esta se repliquen con otras empresas, dada la imperiosa necesidad del gobierno de obtener recursos adicionales.

Según la información oficial, a cambio de olvidar la deuda, Gold Reserve traerá $5.000 millones al país, de los cuales $2.000 están constituidos por dinero fresco para alimentar las apretadas finanzas del país, golpeadas por la caída de los precios del petróleo. El resto será invertido en una empresa mixta –de la cual poseerá 45% de las acciones- que explotará los aún más cuantiosos yacimientos de Las Cristinas y Brisas del Cuyuní.

No obstante, las condiciones de este acuerdo son puestas en duda por analistas y fuentes con conocimiento de la negociación. En una entrevista ofrecida a El Nacional, los ejecutivos de la canadiense señalaron que los recursos para el proyecto -$2.000 millones- serán aportados por un banco internacional. Los detalles del préstamo a la nación permanecen ocultos.

“En condiciones normales te diría que esto es una muy buena noticia. Sin embargo, ante la falta de transparencia y las cosas que sabemos que están ocurriendo por allí, son operaciones que pudiéramos pensar que no le están dejando todo lo que deberían al país”, opinó Luis Oliveros, economista y profesor universitario.

Pese a las dudas, el acuerdo tuvo una buena lectura en el mercado. Las acciones de Gold Reserve subieron en la Bolsa de Toronto. Y los inversionistas, según indicaron algunas agencias, se mostraron aliviados de que se haya resuelto el litigio, pues interpretan que de este modo Venezuela tiene más recursos disponibles para el pago de deuda externa. Hasta ahora, el principio de “ganar-ganar” que celebró el presidente Nicolás Maduro parece estarse cumpliendo.

– Precedente –

Desde el año pasado, se han estado gestando acuerdos con transnacionales procedentes principalmente de países aliados para levantar la producción en algunos sectores y obtener recursos extraordinarios ante el desplome de 70% de los precios del petróleo. El más reciente es el pacto con la rusa Rosneft, a la cual se le vendió 24% de las acciones del proyecto Petromonagas, en la Faja del Orinoco. Con esta operación, la petrolera aumenta su participación en la inversión a 40%.

El Ejecutivo detalló que la venta asegura la inyección de $500 millones en la empresa mixta, pero, según fuentes, Rosneft todavía evalúa el verdadero valor de la porción ofrecida por el gobierno.

El Estado también ha estado otorgando licencias en el sector gasífero. Ocurrió con el proyecto costa afuera Cardón IV, operado plenamente por la italiana Eni y la española Repsol. Ahora, Rosneft firmó con Pdvsa la constitución de una empresa mixta para la extracción de moléculas en los campos Mejillones, Patao y Río Caribe, parte del proyecto Mariscal Sucre, con unos 14,7 billones de pies cúbicos (TFC) de reservas probadas.

Previamente, la estatal venezolana había ofrecido a las transnacionales del sector petrolero condiciones más laxas para el manejo de las empresas mixtas, e incluso beneficios fiscales para mejorar el ambiente de negocios. El profesor y economista Francisco Monaldi escribió el año pasado que se negociaba con los socios internacionales una reducción de las regalías (de 33% a 20%) y mayor control sobre el flujo de caja.

Todo esto debería facilitarse con la concreción de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de la Faja Petrolífera del Orinoco, una promesa que llevaba más de un año y que se materializó esta semana con su publicación en Gaceta Oficial.

Pero, ¿son estos acercamientos y promesas lo suficientemente atractivos? Oliveros cree que sí. Indicó que el gobierno negocia decenas de acuerdos similares al de Gold Reserve. “Está buscando replicar estas operaciones en otros sectores, sobre todo en el tema petrolero”, sostuvo.

-Transparencia en contra-

Lo que puede desanimar a los inversionistas es la falta de conocimiento sobre los detalles de las negociaciones y de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las transnacionales.

El diputado Elías Matta, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, criticó que el gobierno haya llegado a un acuerdo con Gold Reserve sobre el cual no se tiene claridad. “Todo contrato de interés público con empresas extranjeras debe pasar por el parlamento”, aseveró.

Recordó que a finales del año pasado, el presidente reformó a través de la Ley Habilitante la Ley Orgánica para el Desarrollo de Actividades Petroquímicas y la Ley que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, eliminando la potestad de la Asamblea Nacional de revisar los convenios con empresas internacionales.

“Hay que ver si esa decisión (acuerdo con Gold Reserve) no genera pérdidas patrimoniales a la nación”, dijo. También criticó que esta suerte de “apertura” que ahora muestra el gobierno “no tiene nada que envidiarle a la que tanto criticaron en el pasado”.

Y no es que el parlamento no esté de acuerdo con la apertura, dijo. Para él, muchas empresas están dispuestas a reinsertarse en proyectos con el Estado. Citó el caso de las compañías expropiadas en el Lago de Maracaibo en 2009, el mismo año de la arremetida contra Gold Reserve.

Explicó que estas empresas prestaban servicios de alquiler de barcazas, grúas, buzos, soldadura de tuberías, muelles, etc. En sustitución, se creó una filial llamada Pdvsa Operaciones Acuáticas que terminó por disolverse el año pasado, contó el diputado. Aunque 50 de las 74 empresas afectadas por la medida no han sido indemnizadas, el dinero, tal como para Gold Reserve, podría quedar de segundo plano si se les da la oportunidad de recuperar sus activos y volver al negocio.

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