El diputado Alfonso Marquina denunció este miércoles ante la plenaria de la Asamblea Nacional que revisó personalmente el libro de recursos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el 10 de marzo y comprobó que ningún recurso había sido introducido desde entonces.
El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Social explicó que la fecha exacta de la solicitud no pudo ser verificada a través de la página web del máximo tribunal.
Por tal razón, acudió a la Sala Constitucional del TSJ a revisar el libro de recursos «desde el 10 de marzo» y comprobó que ningún recurso había sido introducido contra la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. «Consigné un escrito para que quedara constancia de la inexistencia de la solicitud de consideración constitucional en el lapso establecido por la Constitución», indicó.
Añadió que si la Sala Constitucional después decide pronunciarse y decir que sí recibió la solicitud pero no la registró, «eso es otra cosa». «Pero quiero dejar constancia de la forma irregular en la que se manejan las cosas en el Tribunal Supremo de Justicia», expresó.
Según la información divulgada en medios oficiales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió el pasado 17 de marzo a esta instancia del TSJ el proyecto de reforma para que el máximo tribunal del país evaluara la constitucionalidad del texto.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó este jueves 8 de noviembre la primera sentencia, de n° 1112 por la Sala Político Administrativa del poder judicial, que adopta a la criptomoneda venezolana, petro, como una unidad de cuenta para pago de indemnizaciones por daño moral
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la puesta en marcha de la medida "Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana Petro", con el objetivo de actuar como un órgano judicial pertinente que pueda proteger el valor de los montos que sean fijados como indemnización por daño moral.
