Venezuela espera frenar el derrumbe de su economía en 2017 mientras se enfoca en paliar la escasez de productos esenciales para "mantener la estabilidad social", dijo este viernes el vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, en entrevista con la AFP.
Para 2016 «no tenemos expectativas muy altas en torno al crecimiento», admitió el funcionario, quien, sin embargo, indicó que el gobierno se ha fijado como meta fundamental «mantener los niveles de producción y lograr la estabilidad social» por encima de resultados en «indicadores económicos».
El PIB del país petrolero retrocedió 3,9% en 2014 y 5,7% en 2015, en un contexto de escasez de más de dos tercios de los productos básicos, y que se agravó con el desplome de los precios del crudo, generador del 96% de sus divisas.
Con tal desabastecimiento, aunado a la inflación reportada de 180,9% en 2015 y 68,5% en 2014, la situación económica se convierte en el primer problema de los venezolanos.
«No tenemos una meta de inflación establecida (para 2016), pero lo que sí creemos es que la vamos a desacelerar», confió el vicepresidente.
Reconoció además que todavía se vive un «período de ajuste» inflacionario, pues en febrero hubo una devaluación de la moneda. A su juicio, esta decisión «se ajusta a la realidad económica del país».
Según el ministro, en el actual esquema cambiario se están ofreciendo unos Bs 7 millones diarios, de los cuales 30% se dirigen al sector privado ($2,1 millones). En tanto, el tipo cambio flotante es aproximadamente 8% del total de divisas que el gobierno asigna dentro del esquema de control.
«Ahora la economía se va a ajustar al nuevo tipo de cambio. Será un año en que vamos a tener una inflación, que será un factor, pero lo importante es que empecemos a remontar la cuesta. Que lleguemos al pináculo, que podamos ver la meseta del tema inflacionario. Este es un año muy complicado», dijo.
Pérez Abad, que esta semana anunció un sistema de abastecimiento sin intermediarios para atender las necesidades básicas de los 30 millones de venezolanos, señaló que se reconocerán estructuras de costos a los empresarios para actualizar los precios de los productos regulados, tras reuniones con industriales y trabajadores durante los últimos dos meses.
«Tiene el componente de precios y estímulo a la producción, que tiene que ver con reconocimiento de los costos, la sostenibilidad de la producción y el incremento de las capacidades productivas», explicó.
La regulación de precios ha determinado por ejemplo que una caja de 20 analgésicos cueste unos 20 centavos de dólar, algo que el propio ministro reconoció como «imposible para sostener su producción».
La actualización de precios, largamente reclamada por el sector privado, atenderá lo establecido en «ley de Precios Justos», que fija una margen máximo de rentabilidad de 30% para todos los bienes y servicios.
Pero en el caso de alimentos y medicinas, el ministro dijo que se «comprimieron» esos porcentajes entre 14 y 20 puntos de ganancia.
El gobierno espera que los nuevos precios, más la capacidad de las empresas de reflejar en la contabilidad el tipo de cambio flotante, ayude al flujo de materias primas para reanimar la actividad industrial, que según el principal gremio del sector tiene ociosa 55% de su capacidad productiva por falta de divisas, incertidumbre política y los cortes eléctricos.
Por Ernesto Tovar
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