Empresas ocupadas por el gobierno pueden demandar en países con doble tributación

“Empresa que sea cerrada, empresa que será ocupada”. La sentencia, varias veces repetida desde la gestión del presidente Hugo Chávez y vuelta a pronunciar por el ministro del Trabajo tras la toma de la planta de Kimberly-Clark Venezuela, deja en claro la violación a los derechos económicos establecidos en la Constitución y que los dueños de los bienes afectados mantienen todos sus derechos sobre sus propiedades.

Al menos eso estiman expertos en derecho constitucional y arbitraje, para quienes el proceso de ocupación de empresas como Clorox o Kimberly-Clark que han decidido cerrar sus puertas por razones diversas, se sustenta sobre frágiles leyes que no soportan una revisión en el marco de los tratados internacionales de arbitraje.

Debutante en 2007 en el decreto-ley Contra el Acaparamiento y reeditada en la Ley de Precios Justos, la ocupación temporal permite al Estado tomar posesión momentánea (el tiempo es impreciso) de los bienes, maquinarias e instalaciones de una empresa con la finalidad de “garantizar su buen funcionamiento”.

Sin embargo, los conocedores aseguran que su sustento legal es más que débil. “Las tomas u ocupaciones se fundamentan en leyes que violan principios constitucionales esenciales. Son potestades discrecionales del Estado que no aguantan ningún tipo de revisión”, señala el abogado Leonardo Palacios, para quien no es un delito que una empresa decida cerrar sus puertas por inviabilidad económica.

De hecho, si fuera este el caso, el mismo gobierno está en la obligación de proporcionar los recursos necesarios para mejorar su situación, tal como reza el artículo 112 de la Constitución, al señalar que “el Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población”.

“Si una empresa no puede acceder a la materia prima, tiene problemas para producir, no se le otorgan dólares, enfrenta problemas de flujo de caja para pagar a sus trabajadores y produce a pérdida, está en su derecho de parar sus actividades. Eso no es un delito”, añade Palacios.

El también abogado y experto en temas de arbitraje Luis Araque Benzo, apoya esta opinión al señalar que mantener o no la producción de una empresa es un derecho privado que puede ser ejercido en cualquier momento, por lo que es un exabrupto que el gobierno declare delincuente a una compañía que haya cesado actividades al no recibir un resultado económico favorable.

Señala además que cualquier empresa domiciliada en Venezuela que decida cerrar sus puertas, está obligada a cumplir con las obligaciones como indemnizar a sus trabajadores o pagar sus cuentas, pero también a recibir pago por las facturas pendientes, siempre que el proceso se haya ajustado a derecho.

“Los bancos, nacionales o extranjeros, pueden cobrar sus créditos, y los trabajadores, en caso de que no se les cancele sus prestaciones, pueden acudir a cualquier tribunal para que proceda a dictar algún tipo de medida que garantice la indemnización”, dice Araque, quien recuerda que este mismo principio aplicaría en caso de que la empresa se declarara en quiebra.

No obstante, este no ha sido el caso de Clorox o Kimberly-Clark, empresas que aun cuando abandonaron el país de manera intempestiva, hicieron un llamado a sus trabajadores para la cancelación de pasivos laborales, y hasta donde se sabe alcanzaron acuerdos con sus proveedores para el pago de acreencias pendientes.

– Usurpación de funciones –

De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, en Venezuela “se garantiza el derecho a la propiedad… Solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Sin embargo, el gobierno ha sacado de la chistera varias formas de vulnerar la sentencia constitucional, entre ellas la ocupación temporal y las intervenciones, dos figuras “legales” aplicadas contra empresas en más 540 ocasiones entre 2007 y 2015, según la data que sobre el tema maneja el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).

“La ocupación es una forma de apropiarse de algo sin que medie una expropiación”, señala Araque Benzo, recordando que en este tipo de medidas el Estado no se convierte en propietario del bien porque no procede el mecanismo de expropiación, que pasa por un avalúo ni menos por una indemnización. “Es una toma de hecho pero no de derecho”, dice.

En este punto coincide con Luis Alfonso Herrera, abogado y coordinador del Observatorio Venezolano de Derechos de Propiedad, quien estima que la ocupación es un “atajo para evadir una expropiación, que es muy costosa, tiene garantías y no permite disponer del bien sino hasta al final de un juicio”.

Tras señalar que la mayoría de los casos aplicados están en un limbo legal, Araque señala que en varios casos no priva siquiera el precepto de utilidad pública, que envolvería a la medida con cierto halo de justicia. Tampoco media un juicio en el que el propietario se defienda y menos la recepción de algún pago por el bien arrebatado.

Leonardo Palacios es más contundente en su apreciación: “En un estado de derecho esto sería apropiación indebida de bienes”, dice, agregando que este tipo de medidas alejan la necesaria inversión extranjera y dañan la imagen del país. 

Los analistas coinciden en afirmar que si bien existen lagunas sobre la legalidad de la tomas y ocupaciones, es un hecho que el gobierno no detenta la propiedad de las empresas ocupadas incluso en casos como el de las transnacionales Clorox y Kimberly, por lo que sus propietarios pueden demandar la nulidad de la medida ante cualquier país con tratado de doble tributación o de protección de inversiones para solicitar una justa indemnización.

– El mal ejemplo que Clorox dio –

Desde que fuera ocupada en septiembre de 2014 luego que su directiva decidiera cerrar operaciones por inviabilidad económica, las plantas de Clorox siguen sin levantar vuelvo.

De acuerdo con información suministrada por el propio ministro del Trabajo Oswaldo Vera, la empresa trabajaba a menos de 20% de su capacidad. De las 409.500 cajas de desinfectantes y otros insumos de limpieza producidos antes de la ocupación, al cierre del primer semestre del año solo se manufacturaban unas 56.300 cajas.

Para ese entonces, las autoridades señalaron que este año la planta alcanzaría 70% de su capacidad, lo que habla que aún falta mucho para que esté totalmente operativa. “La producción sigue siendo la misma. No se ha incrementado porque no tenemos insumos suficientes”, señaló una fuente cercana a la empresa que pidió el anonimato.

Por otra parte, de los 490 trabajadores que tenía la empresa durante la administración de la corporación estadounidense, la nómina se redujo a poco más de 350.

Y lo más grave: sobre la recuperada empresa pesan graves denuncias de corrupción. De acuerdo con información publicada por el periodista Manuel Isidro Molina al semanario La Razón, el gerente de Operaciones de Clorox y miembro de su Junta Administradora en representación de los trabajadores, Alexander Torres, sería junto a su esposa Yenni Felicidad Corona Sánchez, propietario de Inversiones Samsanany, firma que adquiere 60% de la producción de cloro líquido de las marcas Nevex y Clorox, desinfectante Mistolín, blanqueador Nevex y esponjas jabonosas Lustrillo para su reventa en el mercado negro.

Muestra fehaciente de que algo ocurre con la producción es que estos productos no han vuelto a los anaqueles, ni siquiera en las redes públicas de distribución.

Paralizada por sus dueños tras trabajar por más de cinco años a pérdida y por imposibilidad de acceder a materia prima, las cosas lucen similares en Kimberly Clark, la productora de pañales, toallas sanitarias y toallitas húmedas fue tomada y su administración traspasada a los trabajadores.

Con una sola línea en operaciones de las 14 con las que cuenta la planta ubicada en Maracay, Aragua, la compañía espera estar a 100% de productividad este mismo año, para lo cual el gobierno anunció la inyección de 700 millones de bolívares y 22 millones de dólares para garantizar materia prima hasta final de año, con la esperanza de que supla 20% del mercado nacional.