En Brasil cursan averiguaciones sobre la manipulación de empaques de productos cárnicos vencidos, que ascienden a 12.000 millones de dólares en exportaciones anuales.
Rosal recordó que hace casi dos años consignó ante la Contraloría General una denuncia para que se investigaran las supuestas irregularidades del gobierno nacional en la compra de alimentos importados, especialmente los traídos desde Brasil. Hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna.
“Debemos recordar que ese mismo año el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y el presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, acudieron a Brasil para negociar directamente esta compra masiva de alimentos con los dueños de las empresas JBS y BR Food, negociación que se hizo sin ningún tipo de licitación”, dijo.
Señaló que estos funcionarios compraron unos 2.500 millones de dólares y que nunca se supo si realmente llegó completo lo adquirido. Y precisamente la empresa JBS es una de las señaladas por reempacar carne descompuesta y venderla en el exterior.
“En aquel momento nosotros exigíamos todos los controles sanitarios que debía tener la comida que estaba ingresando al país y la Contraloría, hasta el día de hoy, no ha respondido a nuestra solicitud. La correspondencia fue enviada a Manuel Galindo Ballesteros”, destacó.
“Es muy delicado que se hayan encontrado evidencias de que algunas empresas como JBS, BR Food y otras más, estén siendo investigadas por haber presuntamente sobornado a inspectores y políticos para que pasaran por alto prácticas higiénicas, como el procesamiento de carne podrida y exportaciones con trazas de salmonella, además de haber cambiado las fechas de vencimiento de los productos, con lo cual en la actualidad varios gobiernos han prohibido el consumo y ventas de productos traídos de esas empresas de Brasil para evitar posibles enfermedades en sus nacionales”, recalcó la diputada de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo de Carabobo.
Además refirió que en la comunicación a la CGR en 2015, pidió al organismo que se investigara el naufragio de 5.000 reses adquiridas por el gobierno a la empresa brasilera Minerva Foods, hallazgo que ocurrió en las costas del río Amazonas, localidad de Vila Do Conde en Bacarena. Este hecho, que fue soportado en la comunicación con fotografías, presuponía un daño al patrimonio de la nación porque esa mercancía posiblemente había sido pagada a la firma brasilera.
Rosal fue una de las diputadas que en el año 2010, junto a la entonces parlamentaria Aura Montero, revelaron numerosos detalles del caso conocido como Pudreval que escandalizó al país y a la opinión pública internacional porque significó la pérdida de más de 130.000 toneladas de alimentos importados por el gobierno nacional, debido a la falta de planificación para la distribución de esta comida.
La mayor parte de estos alimentos podridos fueron hallados en almacenes cercanos al puerto carabobeño, en otros espacios de esta entidad federal y sitios cercanos como el estado Cojedes.