El máximo tribunal de justicia declaró inadmisible la solicitud de avocamiento de la empresa ensambladora luego de la decisión de un tribunal que decidió el embargo de sus bienes por un litigio de un concesionario ubicado en el estado Zulia.
La Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisible la solicitud de avocamiento formulada por los apoderados judiciales de General Motors Venezolana, C.A., sobre las causas que cursan en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y de la que cursa en el Juzgado Décimo Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
En las causas hay mandamiento de ejecución, relacionado con la acción de amparo interpuesta por Automotriz Latino, C.A. y El Centro Mercantil, C.A. contra General Motors de Venezuela, dice una nota de prensa del TSJ que reseña lo indicado en la sentencia 374/2017 con ponencia del presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza Jover.
La medida establece además que la referida ejecución de embargo debe cumplirse sin que se produzca la paralización de la planta, pues si bien afecta a bienes de su propiedad no está relacionado directamente con la operatividad de la misma, pues responde al cumplimiento del fallo que quedó definitivamente firme acordando el amparo constitucional ejercido contra General Motors Venezolana C.A.
Asimismo, la sentencia señala que deben garantizarse en forma absoluta los derechos de todos los trabajadores de la empresa sobre la cual recayó la medida de embargo ejecutivo ordenada el 4 de abril de 2017 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, conforme a los postulados del derecho al trabajo y seguridad social previstos en el artículo 89 de la Constitución.
Este fallo del 25 de mayo y dada a conocer hoy públicamente en nota de prensa, dio pie a que General Motors Venezolana ratificara el 2 de junio que su salida de Venezuela, anunciada el 18 de abril, era irreversible.
La empresa, con casi 70 años de operaciones en el país, no había producido vehículos desde 2015 debido a la falta de divisas para importar las partes necesarias para el ensamblaje y a la crítica situación económica que sume a Venezuela en la peor recesión de su historia, con altos niveles de inflación y deterioro del poder adquisitivo.
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