Financiero

Citgo no alcanza para pagar crisis de la deuda que le estalló en la cara a Venezuela

La Junta Administradora de PDV Inc y Citgo negocia con Crystallex para evitar un embargo, confirma a El Estímulo Horacio Medina, presidente de esta instancia reconocida por el gobierno de Estados Unidos. Pero el grave problema de la deuda va mucho más allá, y compete a todos los venezolanos, interesados o no en conocer esta trama que ilustra el fracaso de toda una nación para defenderse del populismo y de los remedios con efectos colaterales.

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Citgo, petróleo, deuda y Venezuela

La regla es bien simple, pero nunca bien comprendida: nadie, ni siquiera el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo puede endeudarse por encima de su capacidad de pago.

Claves:

La deuda pública externa de Venezuela supera los 160.000 millones de dólares, el país no tiene capacidad de pago y buena parte esta morosa (default).

  • La Junta directiva herencia del «gobierno interino» que rescató y controla Citgo, sigue negociando con Crystallex para frenar el embargo.
  • También prepara la defensa que presentará este 19 de mayo en otro caso de embargos pospuestos que encabezan otras seis empresas expropiadas por el chavismo.
  • Los acreedores que ganaron juicios contra la República y Pdvsa están en posición privilegiada para cobrar primero.
  • En el derecho estadounidense existe la figura del «alter ego», según la cual Citgo es solo otra cara de la República de Venezuela ante la ley. En la lucha contra este concepto se basa la estrategia legal de la parte venezolana, de antichavistas o de chavistas.
  • Citgo es hasta ahora el único activo comercial de Venezuela identificado en el exterior y contra ella va la tropa de acreedores.
  • La negociación de la deuda externa de Venezuela está en manos de una Asamblea Nacional electa en 2015, que de hecho no existe, mientras Maduro sigue sin ser reconocido como presidente de Venezuela, aunque es quien da las cartas.
  • Las sanciones frenan cualquier negociación real de la deuda externa de Venezuela.
  • Una negociación es lo que más le conviene a los venezolanos y a los propios acreedores.
  • Al eliminar la figura del presidente encargado en enero pasado, se produjo un vacío legal pues no hay quien represente a Venezuela en los procesos judiciales a punto de ejecución.
  • Resolver todo este rollo histórico va a depender de negociaciones políticas hoy paralizadas.
  • Solamente las demandadas de empresas expropiadas ascendieron a $76.762 millones. Pero las condenas y acuerdos de pago contra Venezuela suman en total solo $19.738 millones.
  • A esto se suman miles de millones de dólares en bonos de deuda ya vencidos. 

Pasa en las mejores familias, en las empresas y las naciones: el crédito es un instrumento útil cuando es bien manejado, de manera responsable y con el propósito claro de reproducir riqueza. Pero en su doble filo también puede llevar a la ruina a naciones enteras, como Venezuela, hoy convertida en país paria financiero internacional justo cuando más necesita fondos para salir del abismo.

Venezuela, que en el pasado fue uno de los países más ricos de América Latina y que tuvo fama de pagador infalible, hoy luce uno de los volúmenes de deuda pública en impago (default) más alto de los llamados mercados emergentes.

Son entre 142.000 y 160.000 millones de dólares -depende de la suma de los intereses y de cuál deuda es reconocida o no-. Esta enorme factura vencida está compuesta por bonos de deuda de la República, de PDVSA y otras empresas del Estado, por créditos bilaterales, deudas comerciales por bienes y servicios contratados, y por indemnizaciones pendientes de pago, derivadas de confiscaciones (mal llamadas expropiaciones y nacionalizaciones) de empresas.

Hoy Venezuela está seriamente amenazada de perder Citgo, su principal empresa propiedad de todos los venezolanos, por incumplimientos en los pagos de esta deuda pública. Este conflicto es solo el aspecto más sonado de un problema tan grande que todavía hará falta años y el acuerdo entre frente políticos hoy enfrentados para comenzar a resolverlo.

Ni siquiera hay cifras oficiales sobre el volumen de esta enorme deuda, al contrario de lo que ocurre en países serios, el ministerio de Finanzas no publica sus cifras actualizadas, mucho menos PDVSA ni las otras empresas públicas.

En realidad tampoco hay cifras oficiales acerca de cómo marcha la economía del país y sobre todo las finanzas públicas, esos datos tan esenciales para medir la capacidad que tiene una nación para honrar sus compromisos de deuda o refinanciarla tras negociaciones y acuerdos con los acreedores.

El último reporte público de Pdvsa asentaba al cierre de 2016 -último año de pagos a los acreedores antes del default iniciado en 20917 – una deuda financiera de $41.076 millones. Esa cifra equivale a la mitad de toda la deuda soberana de un país como Perú en 2021, y el doble de la que tenía República Dominicana (datos del Banco Mundial).

De ese total de la deuda de Pdvsa, $28.524 eran bonos, algunos de ellos ya vencidos, como el PDVSA 2020.

A PDV Holding Inc, la casa matriz de Citgo en EEUU, le correspondían $4.212 millones en ese entonces, según Pdvsa.

CITGO es solo una parte

La propia Citgo tenía en 2019 una deuda de 4.800 millones de dólares, cuando valía solo 4.500 millones de dólares, tenía problemas operacionales por haber pasado 10 años sin inversiones, solo disponía de 200 millones de dólares en flujo de caja y desde hace años enfrenta varios juicios y demandas, resume para esta nota Horacio Medina, reconocido en Estados Unidos como presidente de la Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa Holding INC, la empresa filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que gerencia a Citgo y que, según confirman las evidencias, logró reflotarla.

«La cosano es tan sencilla, nosotros hemos ido pagando una deuda que – a la gente se le olvida- encontramos de 4.800 millones de dólares (…) una situación caótica. Después nos encontramos con la pandemia, dos huracanes, el jaqueo del poliducto Colonial…una serie de problemas gravísimos que hemos tenido que ir resolviendo. Afortunadamente logramos salvarnos de la quiebra durante la pandemia», resume en breves declaraciones a El Estímulo, desde Chicago.

Además de los problemas por el incumpliendo en los pagos de su deuda pública externa emitida en forma de bonos, Venezuela enfrenta una ola de demandas de empresas -muchas antiguos socios- que reclaman compensaciones por la confiscación de activos en territorio nacional.

Mal llamadas expropiaciones, esas confiscaciones hechas sin compensaciones ni procesos previos, bajo argumentos planteados por el régimen socialista que encabezaba Hugo Chávez, tienen hoy duras consecuencias jurídicas y económicas para Venezuela.

Estos acreedores están de primeros en la fila por varios casos que tiene en común el mismo objetivo: cobrarse con Citgo.

«Logramos que la empresa no se perdiera y en estemomento estamos en este punto. Tenemos capacidad denegociación, hemos pagado una cantidad importante de deudas, pero obviamente no podemos de ninguna manera cumplir con todos los casos que están ahí acumulados», dice Medina sobre la lista de demandas.

Acaso el más notable es el de la minera canadiense Crystallex, que reclama compensaciones por la confiscación de activos fomentados en la mina Las Cristinas, estado Bolívar, donde está uno de los yacimientos de oro más grandes de América (este oro es propiedad de la Nación).

«Obviamente podemos resolver el caso Crystallex, que ya no tiene vuelta de hoja…No es que nos vamos a sentar, estamos sentados con ellos ya».

Horacio Medina, presidente de la junta directiva Ad Hoc de Pdvsa en EEUU

Pero las deudas son tan cuantiosas que Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, no alcanzará ni de lejos para pagarle a todos. En cambio, los venezolanos perderían un activo propiedad de la Nación y la única empresa pública que hoy arroja dividendos.

Otro de los casos apremiantes es el de los llamados Bonos Pdvsa 2020, emitidos por el gobierno de Nicolás Maduro hipotecando a Citgo. Con un insólito rendimiento en dólares del 8,5%, estos bonos que vencieron en 2020 tienen como colateral el 50,1% de las acciones de la empresa.

Sus tenedores demandan a la República y quieren ejecutar su hipoteca. Pero en medio de la crisis política que vive Venezuela desde hace una década, aunque el régimen de Maduro hubiera querido (y podido) pagar, eso no hubiera sido posible porque las sanciones financieras aplicadas por el gobierno de Estados Unidos impiden hoy cualquier refinanciamiento.

Pero justamente ese mismo régimen de sanciones por los atentados contra la democracia y los derechos humanos, es el que ha impedido que los acreedores ejecuten sus privilegios y se apropien de Citgo. Como tienen prohibido (hasta ahora) negociar con Maduro, no pueden aceptar su dinero, o refinanciar en caso de que estas salidas llegaran a aparecer.

«Tenemos que resolver el caso de los bonos 2020, quizá no tan apremiantes pero por muchas razones desde el punto de vista legal tenemos que resolverlo en paralelo…Tal vez resolver el caso Conoco Philips y alguno que otro caso de los que están por ahí pendientes. Pero es imposible resolverlos todos, la empresa no da para eso», dice Medina sobre esta andanada de presiones.

«Si se fueran a metertodos los casos de Pdvsa, son 35.000 millones de dólares de deudaque tiene Pdvsa, más toda la deuda que tiene la República. Y todos se quieren montar en el mismo barco de Citgo y eso no esposible», dice Medina.

Con esos números de deuda que tenía Citgo, no era posible negociar, recalca Medina.

«A la gente de le olvida eso y de una manera intencionada por lo bien, o mal intencionada, dicen que esto sehubiera resuelto si hubieran negociado. Yo quisiera que alguien me pregunte cómo íbamos a negociar sin tener dinero para pagar ni nada queofrecer. Tú solo negocias cuando tienes dinero», dice al recordar la situación financiera que encontraron.

Paralelamente a la protección otorgada por el poder Ejecutivo de Estados Unidos, los engorrosos y complejos juicios pendientes en tribunales le han dado tiempo a Citgo para seguir operando y mejorar sus cuentas, lo que según analistas ha mejorado también su posición negociadora ante los acreedores de Pdvsa y de la República.

Pero este proceso sufrió un inesperado baño de agua fría cuando la semana pasada el Departamento de Justicia dijo que no tomará acciones coercitivas para impedir que los casos en torno a Citgo se resuelvan mediante remate de acciones de la casa matriz PDV Holding, cuyo único activo es Citgo…o entre negociaciones de la empresa con los acreedores.

«Nosotros no queremos que exista ningún enfrentamiento entre lo Judicial y lo Ejecutivo (de EEUU), pero es quetodos estos casos tienen que pasar por el proceso de apelación. Nosotros tenemos ese derecho de apelar, hasta que no haya una sentencia firme no pueden obligarnos a que paguemos».

Horacio Medina

Cómo Venezuela es un país moroso

¿Cuál fue la cadena de eventos que terminaron trayéndonos hasta aquí?

Se lo preguntamos a los abogados Ramón Escovar Alvarado y Andrés Carrasquero Stolk, autores, junto con Mariana Campos Villalba, de una acuciosa investigación con el patrocinio del centro de estudios Cedice Libertad sobre la Deuda de Venezuela por Arbitrales 2022.

«Esta categoría de la deuda es la más urgente, aunque no la más cuantiosa. Es la más urgente porque todo aquel que tiene un laudo arbitral a su favor tiene una posición privilegiada con respecto a los demás acreedores. Los acreedores arbitrales son los primeros que van a cobrar. Las acciones de CITGO son el activo más importante. Sin embargo, en pleno boom petrolero, Chavez intentó venderla y la mejor oferta fue por 10.000 millones de dólares», señala hoy Escovar Alvarado en conversación con El Estímulo.

Hasta 2022, se habían formulado alrededor de 59 demandas arbitrales contra la República y/o PDVSA.

De ese total de demandas, 29 han concluido mediante un laudo arbitral de condena o mediante un acuerdo entre las partes para terminar el litigio, señalan los abogados en este escrito.

El total de la cantidades demandadas ascienden a $76.762 millones de dólares. Sin embargo, el resultado que se traducido en condenas y acuerdos de pago suman en total $19.738 millones.

«Esta suma constituye la deuda externa gubernamental más urgente de nuestro país», explican.

Aparte de esa cuenta, están los bonos de deuda.

«La categoría más cuantiosa de nuestra deuda son bonos de PDVSA y la República. Hasta antes de la última actualización de intereses, el monto alcanzaba alrededor de 90 mil millones dólares», señala Escovar.

Y la caja registradora sigue sonando cada año, cada mes y cada día en contra de Pdvsa y la República.

Hasta ahora no se han presentado las grandes demandas de fondos de inversión o de acreedores buitres, al contrario de lo ocurrido con Argentina, por ejemplo.

Solamente en bonos de Pdvsa, el 17 de febrero de 2022 venció el Bono PDVSA 2022, emitido en 2011 por $3.000 millones y un enorme rendimiento de 12.75% anual y garantizados por Pdvsa. Los agentes coordinadores eran Citigroup Global Markets, Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC. Aunque los papeles fueron emitidos para empresas e instituciones dentro de Venezuela, después de su fecha de liquidación podrían ser negociados internacionalmente. Se desconoce si eso ocurrió.

«El consenso de los expertos es que el monto de la deuda externa gubernamental de Venezuela (la República y PDVSA) asciende a 162.000 millones de dólares. De acuerdo con nuestro estudio, al menos $19.738 millones son consecuencia de demandas ante mecanismos de arbitraje de inversión por expropiaciones directas en contra de inversionistas extranjeros protegidos por tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (TBI)», señalan los abogados Escovar, Carrasquero y Campos.

«Las deudas de la República y PDVSA por concepto de laudos arbitrales son de carácter urgente para Venezuela. En la práctica, los acreedores cuya deuda ha sido determinada por un organismo arbitral tienen una posición de cobro privilegiada. A diferencia de nacionales que fueron expropiados y de los propios tenedores de bonos y papeles comerciales, los acreedores arbitrales ya han recorrido un camino indispensable. Inclusive, muchos de ellos han avanzado en el proceso de ejecución forzosa».

A lo anterior se le debe añadir los efectos de la Convención de Washington (Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados) y la Convención de Nueva York (Convención de Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros). En la práctica, el procedimiento y la propia ejecución de los laudos serán mucho más expeditos que la vía de los tribunales ordinarios, explican.

Pero en estos procedimiento siempre hay reducciones o descuentos importantes de los montos a pagar.

En los 23 procedimientos arbitrales en contra de la República y/o PDVDSA que han concluido mediante condena o acuerdo de las partes, en promedio los demandados han sido condenadas y/o han acordado pagar el 25.71% de los montos demandados por inversionistas protegidos por TBI.

«Quizás el caso más emblemático es el procedimiento arbitral CIADI formulado por Exxon Mobil en el cual la demandada de más 16.000 millones de dólares resultó en una condena equivalente al 1,13% del monto demandado por la trasnacional petrolera», reseñan.

Otro resultado importante es la diferencia entre el porcentaje de la cantidad demandada si el arbitraje es concluido mediante condena y si el arbitraje es concluido por acuerdo de las partes.

«Mientras en los arbitraje que han terminado mediante una condena por parte del tribunal arbitral el monto condenado llega sólo a un 22,22% del monto demandado por los inversionistas, en los caso concluidos por acuerdo entre las partes el porcentaje es 62,98%».

«En casos terminados por acuerdo entre las partes, el porcentaje a pagar es 62,98%. Sin embargo, en casos en los que las partes prefieren litigar el porcentaje se reduce a reduce sustancialmente».

«Los resultados de nuestro estudio nos llevan a varias conclusiones. La primera es que la República y PDVSA han sido exitosas en su defensa en los diferentes arbitrajes. La segunda es que la mejor estrategia de los acreedores de Venezuela es negociar y llegar a un acuerdo de pago. Esta conclusión es importante no sólo para los diez procesos arbitrales que aún están en curso, sino para el resto de acreedores de la República y PDVSA», dicen los expertos en su estudio.

«La tercera -y quizás más importante- es que el porcentaje aproximado de descuento o “haircut” de la deuda externa venezolana puede ser 74,29%. De aplicar ese porcentaje al total de la deuda externa venezolana, la contingencia real del país ascendería a unos 41.650 millones de dólares».

«En consecuencia, el mensaje para los inversionistas es enfocar sus esfuerzos negociar una acuerdo de pago con la República y/o PDVSA», señalan.

«No obstante, estimamos que en total la República y PVDSA han enfrentado 59 arbitrajes relacionados con expropiaciones de gobiernos chavistas e incumplimientos contractuales. De estos arbitrajes, 22 han terminado mediante condena, siete mediante acuerdo entre las partes, 15 por o razones procedimentales y 15 aún están siendo tramitados».

Citgo y las razones políticas

Pero lo que ocurre con Citgo, Pdvsa y las demandas contra la República tiene importantes aspectos políticos que condicionan todo el arreglo posible.

A finales de 2017 Maduro prometía que Venezuela seguiría honrando sus compromisos, y anunciaba una supuesta reestructuración negociada. Pero en realidad el país entraba en default (impagos), lo que confirmaba previsiones de los mercados financieros globales.

Por cierto, al contrario de las experiencias de los años 80, el caso de Venezuela no desató un problema regional de deuda, mucho menos un efecto contagio ni de pánico en otros mercados emergentes. Una de las razones, según expertos, es que el país tiene petróleo y siempre es mejor negociar.

Solo que hoy, a comienzo de mayo de 2023, no se sabe bien quién negocia por el lado venezolano un problema nacional, que va más allá de chavistas, opositores o de ninguno de ellos sino todo lo contrario.

El caso Crystallex es el más sonado junto con el de Conoco Phillips entre las demandas contra Venezuela y Citgo.

«El proceso de Crystallex ha seguido su curso, ha venido avanzando el trámite de remate, ya lo que queda básicamente es el remate. Obviamente lo que frena todo es el régimen de sancionesque es lo que ha servido para frenar o suspender el proceso. Hay un tema bien importante, fundamental, como lo ha reiterado varias veces el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano: para el remate se van a requerir licenciasy esto va a serun freno adicional«, señala Escovar.

Aquí entonces entran los asuntos políticos de un enorme rollo que perjudica a millones de venezolanos mucho más que a los acreedores y las empresas expropiadas.

La licencia 42, emitida el 1 de mayo de 2023, pareciera que no está pensada para una restructuración de la deudaexterna venezolana sino para negociar acuerdos particulares con acreedorespuntuales, señala por su parte el también abogado Carrasquero.

«Porque para poder renegociar la deuda externa venezolana, especialmente la derivada de los bonos, es necesario que tengas que hacerlo conel gobierno que tiene el control efectivo delterritorio deVenezuela, porque es el que puede implementar laspolíticas necesarias para que Venezuela pueda volvera pagar su deuda a los acreedores en el exterior», explica Carrasquero para este análisis.

Ahora, en relación a la negociación de acuerdos con acreedores puntuales, esa licencia debería estar relacionada con el cese defunciones de la presidenciainterina, esa figura creada en 2019 cuando emergió Juan Guaidó en la escena pública y fue reconocido por los gobiernos de Estados Unidos y de Europa como tal.

«En el marco del régimen de sanciones de Estados Unidos, el interlocutor, el representante era el presidente interino. Cuando desaparece esa figura necesitas un interlocutordel Estado venezolano con quien puedas sentarte a negociar acuerdos, ya quetodavía el gobierno de los EEUU no reconoce como gobierno y representante de Venezuela al gobierno de Maduro», puntualiza Carrasquero.

En efecto, el 3 de enero pasado, los antiguos aliados de la Asamblea Nacional electa en 2015, el llamado G4 (grupo de partidos Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia) defenestraron a Juan Guaidó de su supuesta presidencia. Pero no nombraron a nadie más como tal, de modo que se creó un vacío de poder.

Hoy la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 (una Asamblea cuyas funciones de hecho terminaron, aunque todavía es reconocida por Estados Unidos) es la doctora Dinorah Figuera, quien es una perseguida política y está exiliada en Madrid.

Pero ni ella ni nadie de este supuesto poder Legislativo (que en realidad fue eliminado por el chavismo mediante un fujimorazo en cámara lenta ya antes de que venciera su mandato) se ha pronunciado sobre la deuda externa de Venezuela.

Consultada por El Estímulo sobre el caso de Citgo, Figuera dice que no puede pronunciarse.

El abogado Carrasquero observa que esa Licencia 42, que también autoriza a esa Asamblea fenecida a negociar deuda externa de Venezuela, estaría pensada para negociar acuerdos que tuvieran efecto fuera deVenezuela. Es que si fueran acuerdos que tuvieran efecto dentro de Venezuela no tendrían sentido, porque dentro del territorio venezolano la Asamblea Nacional del 2015 en la realidad prácticamente no existe.

«Pero en el territorio de Estados Unidos y en especifico respecto a Citgo, sí sigue existiendo y el gobierno de Estados Unidos sí le sigue reconociendo existencia jurídica y con capacidad de sentarse a negociar con acreedores», señala Carrasquero.

«Las normas procesales en EEUU lo que pueden es ayudar a alargar el proceso. Pero desde el punto de vista jurídico técnico pareciera queno haymucha esperanza de no perder a Citgo porque hay varios acreedores deVenezuela que cuentan con laudos arbitrales a su favor. En el caso de Crystallex con la figura del alter ego se estableció que Pdvsa y la República son lo mismo y en consecuencia las deudas de la Repúblicapueden ser pagadas con bienes de Pdvsa», observa Carrasquero.

El también abogado José Ignacio Hernández, un reconocido académico que hoy también perseguido del régimen de Maduro por haber ejercido hasta 2020 como Procurador del gobierno interino de Guaidó ante el sistema judicial de Estados Unidos, señala que en todo esto hay aspectos jurídicos y políticos.

«Nicolás Maduro no tiene cualidad para representar a Venezuela. En contraposición la Asamblea Nacional (la de 2015, porque hay una vigente controlada totalmente por el chavismo) ha ignorado el problema de la deuda, no ha dicho nada», observa Hernández en comentarios a El Estímulo.

«Hay que llevar este tema de la deuda a México, a las negociones entrela oposición y el gobierno. No se trata solo de controlar activos sino de manejar pasivos”, dice Hernández.

Pero la mesa de negociaciones de México también está paralizada en medio de desencuentros y de demandas incumplibles formuladas por el gobierno de Maduro.

«Esto tiene una dimensión jurídica y una política y no pueden separase una de la otra. Luego que la Asamblea Nacional de 2015 decidiera, violando la Constitución, eliminar el 3 de enero la figuradel presidente encargado, se generó un vacío en Estados Unidos porque hasta ese día el gobierno de Estados Unidos había reconocido como presidente de Venezuela al presidente interino a todos los efectos legales», dice Hernández.

«Maduro no era reconocido como presidente y la Asamblea Nacional seguía teniendo una legitimidad de origen pero eso significa absolutamente nada en términos jurídicos».

José Ignacio Hernánez

«La Asamblea Nacional simplemente ha ignorado el problema de la deuda. No ha hecho o dicho absolutamente nada. ¿Está preparada para asumir este problemacon transparencia, eficiencia, rendición de cuentas, con cierto grado de legitimidad? «, se pregunta Hernández.

«Esa Asamblea Nacional de 2015 está completamente desarticulada…no hay constancia ni transparencia sobre quiénes son los diputados principales y los suplentes, hacen unas reuniones por Zoom, de las cuales no hay mayor constancia, hay un serio problema de capacidady de toma de decisiones de la Asamblea Nacional de 2015. Ahí viene una primera pregunta política, ¿en qué medida esa Asamblea tiene capacidad paraun proceso de toma dedecisiones tan complicado como la negociación de la deuda?», advierte.

Según la constitución de Venezuela es el presidente de la Republica quien deberenegociar la deuda y así lo ratifica la ley orgánica de la administración financiera del sector público.

«A la Asamblea Nacional le corresponde controlar las operaciones de renegociación de la deuday eventualmente dictar la ley que autorice esa renegociación, pero en el derecho constitucional la Asamblea Nacional no puede renegociar la deuda porqueno ejerce poderes ejecutivos. Y en este gran asunto no se metió la licencia de la OFAC», recalca.

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