En estos casos, el acreedor corre con las consecuencias porque lo hace en conocimiento de los daños y perjuicios que tal endeudamiento causa en la ciudadanía, ya sea porque los fondos son utilizados para reprimir protestas, comprar armas o gastarlos sin rendir cuentas. La deuda utilizada para estos fines se considera ilegítima y los pueblos pueden negarse a pagarla.
Un caso reciente es el de Ecuador, donde el gobierno de Rafael Correa auditó la deuda externa y concluyó que buena parte fue contraída en términos desfavorables para el país. Ecuador desafió al FMI y al Banco Mundial y se negó a pagar el 70% de la deuda.
La deuda odiosa de Goldman Sachs
Nos enteramos por la prensa internacional de que la Gerencia de Activos de Goldman Sachs compró al BCV por solo $850 millones un bono de Pdvsa valorado en $2.800 millones. El bono se vendió al 30% de su valor nominal, pero al vencerse en el 2022, Pdvsa tendrá que cancelar el 100% de su valor, además de 6% de intereses anual.
Este bono fue emitido en 2014 por Pdvsa para pagar el equivalente a una deuda en bolívares con el BCV. Su venta en estas condiciones no solo implica un grave daño patrimonial para el BCV -que perdió $ 1.935 millones en la operación-, sino que hará más pesada la deuda externa de Pdvsa. Mientras el bono se contabilizó como un activo del BCV y una deuda de la compañía petrolera, esto no tenía mayor impacto en la posición financiera neta del Sector Público, ni en la salida de divisas. Pero al salir el bono de las arcas públicas se origina un serio deterioro de la posición financiera del país. Al rematarlo con 70% de descuento, lo que se pudo compensar internamente en bolívares, se transformó en $ 2.800 millones de deuda externa.
Por si fuera poco, Reuters informa que el Banco de Venezuela estaría ofreciendo a fondos de Wall Street, $ 5.000 millones de bonos 2036, con un descuento de 80%. El verdadero descuento con el que los mercados castigan a los bonos de Pdvsa está en torno al 55-58% de su valor facial. Vender con 70-80% de descuento equivale a emitir un nuevo bono por el que se recibiría el 100 % de su valor nominal, pero pagando una tasa de interés anual superior a 35%.
El síndrome del padre drogadicto
A todas luces, el remate de los bonos resulta una operación desesperada y dañina para el patrimonio nacional. Pan para hoy y hambre para mañana, ya que por $865 millones que recibe en 2017, Venezuela tendrá que pagar $2.800 millones en 2022.
Se trata del remate de un país que, además de la venta de los bonos de la deuda externa con ruinosos descuentos, incluye el empeño de las reservas de oro y la entrega de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero del Orinoco a través de empresas mixtas cuyas condiciones la opinión pública desconoce.
Y el buitre de Goldman Sachs se aprovecha del síndrome del padre drogadicto, capaz de rematar los bienes de la familia para satisfacer su adicción al poder, al que le compra deuda al precio de bonos basura. Una oscura transacción a través de un precario y anodino intermediario llamado Dinosaur Group, el cual representó al BCV como tenedor del bono. ¿Cuánto habrá cobrado de comisión Dinosaur y sus ejecutivos? ¿Qué relación tienen con las autoridades del BCV?
A la luz del concepto de deuda odiosa, esta acción de Goldman Sachs representa una máscara de oxígeno para un gobierno que perdió el respaldo popular y cuyo talante antidemocrático ha sido cuestionado por la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela, el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y el asesinato de manifestantes por parte de la guardia nacional.
Más allá de la falta de valores éticos y morales que caracteriza a los mercados financieros, se trata de una operación con un gobierno que conculcó el referendo revocatorio, suspendió las elecciones regionales, cerró las vías democráticas y pacíficas de expresión política y obligó a la ciudadanía a manifestar en las calles donde ha sido salvajemente reprimida, con un saldo de 73 muertos, 10.000 heridos y 2.000 detenidos. A Goldman Sachs no le importó esta tragedia y solo pensó en su propio beneficio. Llegado el momento, los ciudadanos venezolanos también apelarán a su propio beneficio y exigirán una Auditoría de la Deuda Externa que demuestre la ilegalidad de esta operación y exija que ni siquiera se cancele el 30% del valor del bono que fue pagado por Goldman Sachs.
La operación no es solo ilegal sino también políticamente inmoral. Su escandaloso descuento estremece y perjudica a un país castigado por la escasez de alimentos y medicinas. Los bonos de Pdvsa y la República se negocian en los mercados internacionales y deben ser emitidos de acuerdo a las regulaciones de los mercados financieros internacionales, particularmente el de los Estados Unidos, que es donde más se transan estos bonos. Pero resulta que el bono en cuestión fue una emisión privada que no quedó registrado en los mercados internacionales.
Supongamos que una parte de los $ 865 millones serán subastados en el DICOM a la nueva tasa que fluctúa entre 1.800-2.200 Bs/$. Que otra proporción se destinará a pagar la deuda externa que cada año devora más del 40% de la renta petrolera. Y que la mayor parte se asignará a la tasa Dipro de 10 Bs/$ para importar alimentos. Los productos de una bolsa CLAP cuestan 25 dólares y si se suman los gastos por flete, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, el costo puede subir a $ 50, equivalente 500 Bs/bolsa, si los 50 $ se multiplican por la tasa de 10 Bs/$. Sin embargo, la bolsa se vende a Bs. 16.000. Negocio redondo: por cada $ 50 se obtiene una ganancia de Bs 15.500 que luego sirven para comprar $ 1.550 dólares a 10 Bs/$. Ni el narcotráfico genera semejantes ganancias.
Desde 2012, los venezolanos sufren la pesada carga de la deuda externa cuyos pagos anuales en promedio rondan los $15 mil millones, y en los próximos 8 años los pagos no bajarán de $10 mil millones anuales. Buena parte de esos fondos bien pudieran destinarse a las importaciones de alimentos, medicinas, materias primas, insumos, maquinarias y equipos para reactivar la producción nacional. Ante la crisis humanitaria que sufre el país, urge aliviar los pagos de la deuda externa, pero con estos remates de los bonos que están en manos del gobierno la carga de la deuda se hace aún más pesada.
Venezuela necesita auditar su deuda externa y reconocer solo aquella parte que fue contraída legalmente. Solo así podrá aliviar su peso en las finanzas públicas y liberar recursos para reconstruir el aparato productivo nacional y superar la severa escasez de alimentos y medicinas que azota a la población.]]>