El presupuesto de Venezuela finalizó 2017 en la histórica cifra de 58 billones 50 mil 291 millones de bolívares, impulsado principalmente por la aprobación de más de una centena de créditos adicionales por parte del gobierno de Nicolás Maduro amparado en los decretos de emergencia económica.
Se autorizaron Bs 49 billones 570 mil 990 millones en 117 créditos adicionales, de acuerdo con el seguimiento de la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela a la gestión fiscal del gobierno. Este monto es 5,8 veces el monto presupuestado de Bs 8 billones 479 mil 300 millones, aprobado para el período.
La oposición venezolana ganó a finales de 2015 la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional para el período 2016-2021 y, tras esa victoria el gobierno comenzó a dejar de enviar solicitudes de créditos adicionales y otros aspectos administrativos con la excusa del desacato en el cual se encuentra el parlamento, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En consecuencia, la administración del presidente Nicolás Maduro se da por servido al publicar en Gaceta Oficial, los requerimientos de recursos extras de los ministerios y demás entes estatales, aprobados a través de los decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que luego son validados por la máxima instancia judicial.
La cifra de créditos adicionales es exponencial si se compara con los recursos extras del año 2016 cuando se autorizaron solicitudes por un total de Bs 4 billones 96 mil 435 millones.
«Los créditos adicionales son recursos que deberían aprobarse de manera excepcional, pues le quitan piso jurídico a la ley de presupuesto. Es un mecanismo que lleva a la discrecionalidad e improvisación a la hora de aplicar el gasto público, lo que equivale a que los recursos de todo el país se manejan como si fueran la caja chica de Miraflores», acotó Transparencia Venezuela en nota de prensa.
Este incremento significativo de las erogaciones del sector público ocurre en un país en recesión económica y cuyo gasto ya no logra dinamizar la actividad económica, pero sí exacerba la inflación, según han señalado analistas.
Estos recursos tampoco lograron bajar el déficit fiscal que de acuerdo con los cálculos de la firma Ecoanalítica, se situó alrededor de 17% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017.
«Esos recursos extraordinarios se financian con la emisión de dinero sin respaldo, lo que dispara el proceso hiperinflacionario, evidente hoy en Venezuela. Su aprobación indiscriminada propicia la corrupción e impide la aplicación de sanciones por los obstáculos impuestos al control parlamentario», indicó la ONG.
– Por ministerio –
El informe de Transparencia resalta que el despacho que mayores créditos adicionales recibió fue el Ministerio de Educación con Bs 8,9 billones; seguido de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología con Bs 7,4 billones; Proceso Social del Trabajo con Bs 6,9 billones; Interiores, Justicia y Paz con Bs 6,2 billones; Salud con Bs 5,3 billones; Defensa con Bs 3,6 billones; Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas con Bs 1,2 billones y el Consejo Nacional Electoral (CNE) con Bs 1 billón.
Salvo el CNE, estos ministerios tradicionalmente se llevan la mayor cuota del presupuesto debido a que cuentan con un mayor número de trabajadores públicos.
En la autorización de recursos adicionales se destaca además que la Asamblea Nacional administró su gestión de 2017 solo con el presupuesto acordado de Bs 27 mil 945 millones, ya que no recibió créditos adicionales durante el período.]]>
La venta irregular de oro, el contrabando de drogas y combustible y las extorsiones en los puertos nacionales son los negocios ilegales que generan grandes ingresos en Venezuela
En lo que va de año el gobierno ha continuado con la práctica de aprobar múltiples créditos adicionales para financiar su propio déficit presupuestario. Tan solo entre enero y mayo se han autorizado 70 créditos que suman Bs 285.591.575.566.945, es decir 691% más que el presupuesto inicial de 2018, que fue Bs 36.102.059.000.000.
El desempeño de cuatro empresas cementeras entre 2011 y 2015 refleja que solo aprovecharon 52% de la capacidad instalada y tres de ellas reflejaron caídas importantes en la producción: Fábrica Nacional de Cemento, 67%; Cemento Andino, 39% y Vencemos, 15%.
