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Empresas en Venezuela sobreviven esperando un rebote de la economía /Análisis

Con 706 empresas del Estado en franco deterioro el chavismo intenta recuperar la economía con nuevos actores económicos internacionales y amigos del gobierno. Pide ayuda a Fedecámaras; pero la Asamblea socialista le cierra la puerta. El país subsiste con 40% de las empresas del sector privado que quedan en pie, las remesas de la diáspora y los negocios del oro y los minerales.

Empresas en Venezuela sobreviven esperando un rebote de la economía /Análisis

El historiador y ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el jesuita Luis Ugalde, escribió en un artículo en El Ucabista: “Hay que parar la máquina de fabricar miseria y opresión en lo que se ha convertido la revolución. Indigna el cinismo de quienes luego de saquear, arruinar el país y ostentar lujos y cuentas bancarias, tratan de lavarse las manos echando la culpa al imperio y a la injerencia europea”.

La reflexión de Ugalde es un clamor que anida en la mayoría de los venezolanos. La imagen reciente de una maleta solitaria abandonada a la orilla de una carretera perteneciente a un migrante venezolano que murió al ingresar a Chile, cruzando a pie por la frontera norte de Bolivia, rumbo al desierto de Atacama, describe el drama de millones de venezolanos que han considerado que el riesgo de migrar es menor al de permanecer el país.

El venezolano, identificado como Domingo Jesús Vivas González, de 51 años, falleció la madrugada de este miércoles 17 de marzo en la búsqueda de un lugar digno para vivir.

Una brecha que se expande

El camino destructivo en el que se ha conducido al país en los años de revolución parece no detenerse y la separación entre una élite privilegiada y la gran masa de la población en pobreza crece aceleradamente.

Un presunto auge económico parece exponerse en las nuevas vidrieras que aparecen en algunas zonas comerciales del país, con nuevos edificios de paredes de cristal, porteros uniformados y bodegones; con sus pisos superiores despoblados de actividad comercial o empresarial, que emergieron de la noche a la mañana en un país cuya economía ha caído 81% (2013-2020).

En medio del desierto económico, con escasos servicios de luz agua, gasolina y electricidad, nuevos empresarios y propietarios comienzan a perfilarse como inversionistas y desde esas majestuosas edificaciones esperan ver realidad los cambios que anuncia el gobierno chavista, que les permita mover sus recientes capitales en el flujo financiero internacional.

La destrucción del aparato económico

Mientras 706 empresas que están en manos del Estado se encuentran en abierto deterioro y generando pérdidas económicas a la nación, el sector privado tradicional, aquel que se agrupa en Fedecámaras, Conindustria, Agroindustria, Consecomercio o Fedenagas, padece los embates de 22 años de políticas socialistas que han mermado su capacidad productiva y de desarrollo.

Como lo refiere el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, en 1998 Venezuela tenía 620 mil empresas. Hoy no llega a 250 mil. Se perdieron 60% de las empresas.

Y el promedio de las que quedan vivas trabajan a 30% de su capacidad. El sector de la construcción está detenido, trabajando a 3% de su capacidad.

La economía del país ha sobrevivido parcialmente y no ha llegado al colapso total por la persistencia de ese 40% de empresas que subsisten y ha decidido mantenerse en el país. Asimismo innumerables emprendedores y pequeños empresarios han desarrollado mecanismos para subsistir en medio de un contexto hostil que sigue persiguiendo y extorsionando al empresario.

Industria en modo letargo

Los resultados de la Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial correspondientes al IV trimestre del 2020 siguen evidenciando los bajos niveles de operatividad del sector manufacturero venezolano, que ya acumula 34 trimestres consecutivos de caída y un año de actividad reducida por la cuarentena decretada para frenar la propagación del COVID-19.

De acuerdo con el estudio que trimestralmente lleva a cabo la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), más de la mitad de las empresas consultadas reportan que sus niveles de utilización de la capacidad instalada están por debajo del 20,5%, cifra similar al mismo período de 2019, mientras que solo 1,9% indica que su operatividad supera 50%.

La encuesta revela que las empresas del sector se encuentran en modo supervivencia, puesto que en 87% de los establecimientos encuestados no crecieron las inversiones.

El estudio arrojó que el principal problema que las empresas identifican en sus negocios sigue siendo el bajo nivel de ventas, producto de las condiciones de la escasa demanda nacional observada en los últimos años. Le sigue la falta de financiamiento, factor que se explica por la reducida capacidad crediticia de la banca venezolana.

Además, se le suman la precariedad de los servicios básicos y la escasez de combustible para el transporte y operaciones, problemas que afectaron a más del 50% de las empresas durante este trimestre.

 

La visita a Fedecámaras

Ese sector empresarial que aún permanece en el país recibió la visita de la cúpula del chavismo para buscar acuerdos de inversión en algunas de las áreas expropiadas. Por ello Fedecámaras entregó a la llamada “Comisión Especial para el Diálogo y la Paz y la Reconciliación Nacional” una serie de propuestas a la crisis que vive el país, incluyendo el problema sanitario.

En su planteamiento central señalaba Fedecámaras: “La Nación demanda con urgencia un cambio de modelo que nos permita recuperar la confianza que tanto necesita nuestra economía para apalancar un desarrollo sostenible, sobre todo después de la pandemia, siendo obligación de todos procurar ese país próspero, incluyente y productivo que exigen los venezolanos. El gremio empresarial está convencido que solo alcanzaremos progreso social y crecimiento económico, en el momento que se garantice la libertad, la democracia, la libre iniciativa empresarial, el derecho a la propiedad privada y, en general, el estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Tales conceptos como libertad, democracia y derecho a la propiedad, fueron suficientes para que el sector radical que dirige el Parlamento de Nicolás Maduro respondiera a través del diputado Oscar Ronderos de la socialista “Comisión de Diálogo”:

“Las propuestas de Fedecámaras no están en agenda porque llegaron tarde” por lo cual “no se incorporaron al Plan Legislativo de 2021”. De manera que la lectura que se puede dar es que el “respeto a la democracia, libertades económicas y un cambio de modelo” no se producirán en 2021.

Empresas públicas sin recursos

Por su parte el sector público presenta una realidad mucho más dramática. Como lo refiere el estudio sobre las empresas estatizadas, que lleva Transparencia Venezuela.

Entre 2001 y 2018 Venezuela pasó de tener 74 empresas del Estado (EPE) a 706, incluyendo las que están fuera del país. Ese crecimiento no se produjo por nuevas inversiones. El Estado se apropió de las empresas por la vía de expropiación, confiscación, nacionalización o reestatización.

A ello se agregó la expropiación de 5 millones y medio de hectáreas de fincas productivas.

El estudio de Transparencia Venezuela arrojó que en la actualidad el conglomerado empresarial no aporta beneficios al país, ni en forma de dividendos, bienes y servicios, regalía o impuestos al Tesoro Nacional. El estudio evidenció igualmente la opacidad en el manejo de las mismas, la pobreza en sus gestiones y la destrucción de las empresas.

Pdvsa también cae

El deterioro es tal que hasta la industria petrolera, la más importante del país se ha visto en la necesidad de importar gasolina iraní para surtir las estaciones de servicio, a lo que se agrega ahora la escasez de gasoil que está afectando la distribución de alimentos y productos desde las regiones. La exportación de crudo del mes de febrero apenas alcanzó a 418 mil barriles.

Esta realidad que ha llevado a una hiperinflación que lleva 39 meses ha destruido el salario de los trabajadores públicos y privados, cuyos ingresos no alcanzan ni para asistir a los puestos de trabajo. También perdieron los beneficios de las prestaciones sociales, los seguros médicos y la mayoría de las conquistas laborales de las que se disfrutó antes del chavismo.

La migración de la mano de obra especializada es una realidad que también ha mermado la capacidad del sector público.

¿El chavismo privatiza?

Se ha venido hablando de que un importante sector del chavismo ha estado promoviendo la necesidad de privatizar la gran cantidad de empresas que ya no pueden ser sostenidas con los recursos que antes provenían de la industria petrolera.

El informe de Transparencia Venezuela recuerda que en 2018 Maduro ya comenzaba a aceptar la tragedia que comenzaban a padecer las empresa públicas.

Durante el Congreso del PSUV, reconoció el fracaso en el manejo de las empresas propiedad del Estado y aseguró que haría un revolcón para mejorar la situación. Precisó que había ordenado un estudio de las 70 empresas más importantes y dijo que estaban en rojo. En ese momento ordenó al vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, hacer un plan para cambiar el modelo empresarial y reestructurar las empresas.

Entre revolcones y sacudones

En 2019 en la presentación de la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Constituyente (ANC) y del llamado Plan Patria 2019-2025, Maduro volvió a tocar el drama del sector público. Pero esa vez cambió la palabra revolcón por la de sacudón. Allí dijo que el gobierno venezolano no era enemigo de la empresa privada y dijo que las públicas debían ser más eficientes.

“Voy a generar un sacudón completo en todas las empresas del Estado. Un sacudón organizativo, político y económico porque tienen que estar productivas al servicio del país y no de las mafias que se roban las riquezas. Una gran rectificación histórica de la revolución bolivariana”, citó Transparencia en su informe.

En esa oportunidad Maduro ya no solo hablaba de la necesidad de eficiencia en las empresas sino que tocaba el punto clave del problema: “mafias que se roban la riqueza”.

Bajo la excusa del “bloqueo económico” que se le atribuye a las sanciones se comenzó reconociendo que el aparato productivo venezolano estaba en el suelo. Sin hablar abiertamente de privatización y sin tocar directamente el tema de la corrupción y el robo desde las empresas estatales, la ANC emitió la llamada Ley Antibloqueo en octubre de 2020. Allí establecieron las bases de un proceso privatizador, incluso con contratos “confidenciales” para atraer inversionistas aliados al chavismo.

Privatización a marcha forzada

De manera que oficialmente en Venezuela existe un proceso privatizador que apenas está comenzando. En la lista ya están asignadas algunas empresas alimenticias; hay negociaciones en las áreas petrolera y siderúrgica; se comienzan a asignar la gran cantidad de hoteles que están generando grandes pérdidas en todo el país y en el negocio del oro ya son mayoría las firmas privadas que manejan el procesamiento y la exportación del oro del Arco Minero. Gran parte de las importaciones están en manos de nuevos empresarios amigos.

Sin embargo, un proceso de privatización convencional difícilmente puede darse en un contexto en donde el país no cuenta con instituciones autónomas que permitan el manejo empresarial y comercial de manera transparente.

Corrupción y debacle

La corrupción ha sido uno de los factores más importantes en la debacle de las empresas públicas. Cientos de casos fueron documentados por la Asamblea Nacional electa en 2015. En tribunales del exterior están siendo procesados importantes casos de lavado de dinero provenientes de la corrupción venezolana que suma miles de millones de dólares.

Uno de los casos más emblemáticos es el del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, un archipiélago de África occidental, desde el 12 de junio de 2020, a pedido de EE.UU que lo acusa de lavado de dinero y de servir de testaferro de Maduro.

En el Parlamento venezolano de 2015 a Saab se le señaló de obtener contratos con sobreprecios en la construcción de viviendas con pago de comisiones y sobornos; contratos con PDVSA por 4.000 millones de dólares y contratos para la importación de alimentos para las cajas CLAP, con sobreprecios, y como intermediario en la venta de oro y con Irán para el envío de gasolina pagada con oro.

Crimen organizado

Venezuela se encuentra entre los cinco países que ocupan los últimos lugares en el índice de corrupción entre 180 países estudiados por la ONG Transparencia Internacional compartiendo esa posición con Yemen, Siria, Somalia y Sudán del Sur.

Otro escenario que frena cualquier intento de reconstrucción de la economía es la presencia en todo el territorio del Crimen Organizado. Especialistas como Fermín Marmol García, Luis Izquiel y los informes recogidos por Transparencia Venezuela definen la presencia de nueve bloques delictivos desplegados en diversas áreas del país.

Estos nueve bloques de irregulares van desde las bandas y megabandas; las organizaciones guerrilleras armadas; las bandas civiles armadas, llamadas «colectivos», vinculados al gobierno; hasta el tráfico de drogas, oro y minerales estratégicos.

Asegura el informe de Transparencia 2019 que en Venezuela están operando al menos 15 organizaciones paramilitares o parapoliciales de origen extranjero y nacional que dominan territorio, ejercen control social y se dedican a diversas actividades del crimen organizado.

Todos estos escenarios indican que parar “la fábrica de miseria” es una tarea que parece imposible y no será factible si no se comienza por desmontar el modelo que originó tales desafueros.

Esas políticas erradas llevaron a uno de los países más prósperos del continente a compartir los peores índices de corrupción, libertades y transparencia al lado de las peores autocracias mundiales y países en guerra.