Energía y Petróleo

Una "Pdvsa paralela": los riesgos del acuerdo petrolero

Especialistas analizan el alcance de la propuesta impulsada desde Washington y señalan los condicionantes legales y de soberanía para su eventual aplicación

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ley de hidrocarburos

En Venezuela, los anuncios macroeconómicos suelen rodearse de más misterio que de certezas. El acuerdo petrolero es un ejemplo claro de esto. Desde hace un mes todos lo nombran, pocos lo entienden y nadie parece haberlo leído. Lo único que se conoce son los anuncios y un resumen de dos páginas de la Casa Blanca.

El abogado y consultor José Ignacio Hernández trató de ponerle orden. El martes dio una charla en línea donde explicó qué dice el acuerdo, qué no se puede hacer según la ley y cómo podría terminar aplicándose.

Lo que hay que saber

¿Qué se anunció? El 28 de agosto, Trump dijo que Estados Unidos tendría el control de 17 campos petroleros venezolanos, en la Faja del Orinoco y el Lago de Maracaibo. Juntos suman unos 65.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las reservas del país. La Casa Blanca publicó después un resumen de dos páginas (el llamado fact sheet). Es lo único escrito que existe.

¿Qué es NABEP? Son las siglas de North American Blue Energy Partners, la empresa privada que explotaría esos campos. Según La Patilla, está vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt. El anuncio dice que recibiría los campos por 100 años.

¿Y qué gana Estados Unidos? Tres cosas. Su Departamento de Defensa sería dueño del 35% de NABEP y podría vetar a sus directivos. Se quedaría con el 20% del petróleo que se produzca, pagando solo lo que cuesta sacarlo, para guardarlo en su reserva de emergencia. Y tendría prioridad para comprar el 80% restante.

Lo que no puede ser

Según Hernández, varias piezas del anuncio no caben en la ley venezolana.

  • No existen las concesiones. Una concesión es cuando el Estado le entrega un campo a una empresa para que lo explote como propio. En Venezuela eso no está permitido: solo Pdvsa y las empresas mixtas pueden tener esos derechos. «La ley venezolana no permite concesiones», escribió Hernández en X.
  • Cien años es demasiado. El máximo que permite la ley es 25 años, con una posible prórroga de 15.
  • Pdvsa no aparece. El resumen de la Casa Blanca no la nombra ni una vez, aunque la Constitución dice que la industria petrolera es del Estado.
  • El petróleo no se puede «entregar». Los yacimientos son de la República y no se pueden vender ni ceder. Tampoco se puede ceder territorio a otro país.
  • No se puede regalar el 20%. Vender petróleo a precio de costo significa que Venezuela deja de ganar lo que le corresponde por cada barril.

Cuatro cosas que pueden salir mal

1. Que el próximo gobierno lo anule. Quienes firman son autoridades interinas, que no fueron electas. Un acuerdo tan grande, que compromete a varias generaciones, necesita además el permiso de la Asamblea Nacional. Si falta, un gobierno futuro podría declararlo nulo.

2. Que se diga que fue firmado a la fuerza. El propio Tribunal Supremo dijo en enero que Venezuela fue agredida por Estados Unidos. Y un acuerdo entre países firmado bajo presión puede ser anulado según el derecho internacional.

3. Que haya choques con los socios que ya están. De los 17 campos, solo en tres está claro que NABEP será el operador. En varios de los otros hay o hubo empresas chinas y rusas, justo las que Washington quiere dejar fuera.

4. Que la plata no llegue a Venezuela. Por una orden de Trump, el dinero que Venezuela cobra por su petróleo (regalías e impuestos) se deposita en cuentas que controla el Tesoro de Estados Unidos. Venezuela no lo maneja directamente, y ese dinero podría usarse como garantía para financiar el propio acuerdo.

Lo que quizás pasará

Para Hernández hay una sola forma legal de hacerlo, y se parece poco a lo que anunció Trump. NABEP no sería dueña de los campos, sino una contratista: Pdvsa la contrataría para que saque el petróleo, NABEP pondría todo el dinero y podría vender el crudo para recuperar lo invertido, siempre bajo la vigilancia del Ministerio de Hidrocarburos. La ley llama a esto contrato de participación productiva, o CPP. Y dura, como máximo, 25 años.

El permiso para firmarlo ya existe. Venezuela sigue bajo sanciones, así que las empresas necesitan una autorización de la oficina del Tesoro de Estados Unidos que las administra. La más reciente, del 14 de septiembre, permite que funcionarios venezolanos sancionados firmen contratos en nombre de Pdvsa. Es la que abriría la puerta para que Pdvsa contrate a NABEP.

En resumen: en el papel, el petróleo sigue siendo venezolano. En la práctica, NABEP funcionaría como una «Pdvsa paralela» en los 17 campos, con Washington como socio, como primer comprador y como guardián del dinero.

Hernández no resuelve el misterio, pero le pone nombre a cada pieza. Lo demás sigue en penumbra: qué se firmó, quién lo firmó y quién terminará cobrando. En un país donde la realidad lleva meses adelantándose a la ficción, el mayor acuerdo petrolero de su historia sigue siendo un libro del que solo conocemos la contraportada.

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