Fiscalía Anticorrupción de España acusa a exfuncionarios de Hugo Chávez

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dependiente de la Fiscalía General de España, presentó una denuncia contra Nervis Villalobos y Javier Alvarado, viceministro de Energía Eléctrica y presidente de la Electricidad de Caracas, respectivamente, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Fiscalía Anticorrupción de España acusa a exfuncionarios de Hugo Chávez

La investigación fue abierta en marzo de 2015 a la empresa Duro Felguera, especializada en la ejecución de proyectos “llave en mano” para los sectores energético, industrial y de petróleo y gas, por supuestos sobornos a funcionarios públicos venezolanos a cambio de contratos en el país.
El 19 de septiembre de 2017 se presentó la querella ante la Audiencia Nacional contra el presidente de la compañía asturiana, Ángel Antonio del Valle Suárez, su antecesor Juan Carlos Torres Inclán, Villalobos, Alvarado, así como contra la propia empresa Duro Felguera y dos sociedades vinculadas a los venezolanos, sostiene el diario español El Mundo.
Todos son denunciados por presuntos delitos de cohecho  internacional y blanqueo de capitales.
El caso se inició a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid.
Duro Felguera pagó a Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica (2001-2006), un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, valiéndose del cargo que mantenía en el gobierno.
La empresa firmó contrato en 2009 con la compañía Electricidad de Caracas, filial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por más de 1.500 millones de euros.
Ese año el presidente Chávez decretó la emergencia eléctrica en Venezuela, lo que sirvió de excusa para contratar sin necesidad de pasar por las normas de licitación de Estado, los servicios requeridos para atender la situación de emergencia.
Los pagos a los funcionarios se realizaron a través de transferencias a cuentas domiciliadas en bancos suizos. Solo una transferencia se realizó a un banco español, Banco Madrid, hoy desaparecido.
Los detalles los puede leer en El Mundo
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