La solicitud de revisar la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) no viene solo del sector empresarial. Las organizaciones sindicales, quienes ven afectados sus derechos colectivos, no solo piden al gobierno reformar algunos aspectos sino también cumplir con las reivindicaciones que tomaron como bandera electoral.
El gobierno ha venido insistiendo en que la nueva mayoría parlamentaria conformada por diputados de la oposición tendrá de primero en su lista la derogación de la Ley Orgánica del Trabajo, haciendo énfasis en el riesgo de que con ello se reviertan algunos derechos individuales más apreciados por los trabajadores.
«Ellos dijeron que van a eliminar la Ley del Trabajo, ahora dicen que no lo dijeron, pero ahí están las grabaciones (…). Ellos dicen que hay que eliminar los dos días de descanso, que hay que eliminar la jornada (…) Lo dijeron, tengo los documentos. es casi volver a la esclavitud», indicó el presidente Nicolás Maduro este sábado.
No obstante, la eliminación de la LOT no está incluida en la Agenda Parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni en la propuesta legislativa de organizaciones empresariales como Fedecámaras y Consecomercio.
Lo que sí ha pedido el sector privado, a través de sus principales representantes, es la revisión de la ley mediante una discusión que incluya a los patronos, los trabajadores y el gobierno. Pero este clamor no solo viene de los empresarios: diferentes organizaciones sindicales han aprovechado la coyuntura para recordar al gobierno que debe revisar los derechos colectivos incluidos en la LOT y velar por el cumplimiento de las principales reivindicaciones individuales ratificadas en el documento legal.
«Quien ha violentado la ley es el propio gobierno», aseveró Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista, refiriéndose a los casos de despidos por razones políticas y la continuidad de la tercerización dentro de la administración pública, con la que debió terminarse en mayo de este año.
Esta opinión la comparte Marcela Máspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, quien destacó en primera instancia que la LOT promueve derechos individuales muy importantes -como el cálculo de las utilidades, las prestaciones, la jornada laboral, los permisos posnatales, entre otros- que, de hecho, tanto ella como Barrios, consideran que no pueden ser desmejorados.
Lo que ambos critican, incluso desde la publicación de la ley en el año 2012, es la restricción que se impone a la libertad sindical, sometiendo a las organizaciones de trabajadores al reconocimiento basado en la afiliación política. «La justicia en relación a los trabajadores no se cumple. Tenemos 400 organizaciones sindicales por registrar y compañeros imputados por opinar», recordó Máspero.
Para Barrios, deben revisarse los 111 artículos del texto legal que integran las cláusulas del derecho colectivo, referidas a los sindicatos, el derecho a huelga y los contratos. «Se afecta la autonomía de las organizaciones», refirió.
Hace tres años, distintas organizaciones sindicales introdujeron una solicitud de amparo cautelar ante el Tribunal Supremo de Justicia para pedir la supresión de algunos artículos que consideran violatorios a la libertad sindical. Este recurso no ha sido atendido.
La coordinadora de Unete añadió que actualmente las inspectorías están paralizadas y parcializadas a favor del patrono, tanto de las empresas privadas como de los organismos públicos. También destacó la intervención del gobierno en las organizaciones sindicales desde el mismo momento en el que son elegidos sus representantes. «No puede ser el CNE el órgano que dirija nuestras elecciones», dijo.
-El mito de la inamovilidad-
Ambos representantes sindicales consideran que la inamovilidad laboral, decretada por primera vez por el presidente Hugo Chávez y perpetuada por Nicolás Maduro, es «letra muerta», pues se siguen registrando despidos. No obstante, ninguno considera que debe derogarse, tal como sugirió este lunes la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos.
Barrios señaló que la forma como se ha utilizado la inamovilidad no ha protegido realmente al trabajador. Explicó que su aplicación genera más rigidez en el mercado de trabajo, impidiendo la inserción de nuevos empleados. «Debe reglamentarse, no puede utilizarse con fines demagógicos», dijo.
Máspero fue más tajante al afirmar que su organización no apoyaría la eliminación de la inamovilidad, pero sí critica que se utilice este derecho como «mercancía electoral», sobre todo cuando no está garantizado.
-El cambio como bandera-
Para la dirigente de Unete, el gobierno debe reconocer que los trabajadores votaron «para que existiese un equilibrio en los poderes públicos». Invitó al Ejecutivo a realizar una revisión «profunda y crítica» de su gestión, que asegura es la culpable de los resultados electorales.
«Si no hay un cambio, seremos los mismos trabajadores los que pediremos un revocatorio (al mandato de Maduro). Nosotros mismos buscaremos las firmas», expresó.
Barrios plantea una «agenda laboral» a la nueva Asamblea Nacional, que incluye la discusión de una ley de libertad sindical; una ley de amnistía laboral -para compensar a los dirigentes y trabajadores perseguidos por delito de opinión-; una ley de salud y pensiones -para homologar los pasivos pendientes desde 1997-; y una ley de tercerización, debido a que, según el dirigente, el gobierno ha flexibilizado la relación laboral a través de cooperativas y milicias.
Rafael Ramírez fue en el pasado el hombre más poderoso en términos económicos del chavismo después de Chávez, como ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Hoy, desde el exilio arremete contra la esperada Ley Antibloqueo que impulsa Nicolás Maduro para "privatizar" la industria petrolera y derogar de facto artículos de la Constitución vigente.
Las principales exigencias de los trabajadores estuvieron relacionadas a mejoras salariales y condiciones óptimas en los lugares de trabajo.
"Estamos ante el caso inédito de un gobierno que se hace llamar obrerista y que es sancionado por la casa que defiende los derechos de los trabajadores y pretende no hacerle caso", dice el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno.
