En la petición consignada por los grupos que acudieron a la Defensoría, se subrayó principalmente la necesidad de restablecer cada uno de los derechos contemplados en las convenciones colectivas de la administración pública nacional para los trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Mientras coreaban consignas en contra de la medida que les ha arrebatado sus derechos laborales, los profesionales de la salud, docentes universitarios, de educación básica y demás trabajadores dependientes del ejecutivo nacional llegaron hasta el centro de San Cristóbal, pasando por la sede del Consejo Legislativo Regional, donde señalaron a los diputados electos por Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como cómplices de la violación de derechos ciudadanos del pueblo.
La movilización se encontró en varias intersecciones de la ciudad con funcionarios de la Guardia Nacional, a quienes emplazaron a “abrir los ojos” y ponerse del lado del pueblo porque “seguramente ustedes también sufren como el resto de los venezolanos. A sus familias tampoco les alcanza la plata para comer o comprar medicinas y viven de cola en cola tratando de buscar comida”.
A pesar de las críticas de los gremios contra la policía militarizada, algunos funcionarios prefirieron permanecer dentro de sus vehículos, mientras que otro contingente que ocupaba un camión de orden público, decidió retirarse y regresar al lugar una vez pasó la marcha.
“Los trabajadores están viendo cómo el Gobierno les mutila las convenciones colectivas y les fija un salario inconstitucional porque lo constitucional está especificado en las tablas de las convenciones colectivas de cada gremio. Aquí nadie se escapa de esa violación, incluyendo también a los trabajadores del Poder Judicial”, precisó Alberto Maldonado, presidente de la Federación de trabajadores del estado Táchira (Fetratáchira).
Al arribar a la Defensoría del Pueblo, no fueron recibidos por el defensor, Hugo Caro; tampoco fue enviado un representante del organismo para la recepción del pliego, por lo que el mismo fue entregado en el lobby de la institución al recepcionista.
Maldonado dijo tener confianza en el órgano gubernamental como institución, pero no en los funcionarios que allí laboran y están plenamente identificados con el gobierno de Nicolás Maduro.
“El defensor no está, pero da lo mismo porque la Defensoría del Pueblo solo obedece a la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y no a los ciudadanos. El defensor del Pueblo no defiende ni su salario porque el de él también fue mutilado, igual que el de sus trabajadores. Sin embargo nosotros estamos obligados a consignar los documentos como un trámite legal. Sabemos que el defensor del pueblo atiende a las líneas políticas que dictan los esbirros del gobierno, lo mismos corruptos que han empobrecido esta nación”, comentó el presidente de Fetratáchira.
Marchan para recuperar el país
A la marcha del 10 de octubre, se unieron varias escuelas de educación básica de la región. Los docentes que conversaron con El Estímulo, coinciden en que los sueldos ya no alcanzan ni para sobrevivir.
Otros de los profesionales dependientes de la administración pública -abordados por este medio- aseguraron que la salida a la crisis es la calle y que “todos los venezolanos deben despertar y darse cuenta de esta realidad que se vive”.
Ingrid Porras, educadora con 30 años de servicio explicó que decidió marchar porque es difícil la situación económica que enfrenta, donde devenga un salario de BsS. 1300 al mes (BsF 130.000.000) y no es suficiente para ella y dos hijos que mantener.
“Hoy salí no solo por mí y mi familia, también salí a marchar por quienes están en peores circunstancias que yo y no se atreven a expresarlo. Salí porque quiero recuperar a Venezuela, reconstruirla para que sea un país de posibilidades, con calidad de vida para sus ciudadanos y aclaro, ‘para sus ciudadanos’ porque esos somos los que trabajamos para progresar y hacer respetar nuestros derechos con la Constitución en la mano. Los que llaman pueblo son los que están acostumbrados a no hacer nada y que por eso les pagan”, señaló.
Comprar comida sin hacer colas, que el sueldo alcance e ir a un supermercado a cualquier hora del día y comprar lo que se desee, señaló la docente es uno de sus mayores deseos.
Wendy Gonzales, docente de una escuela de San Cristóbal, se siente atropellada devengando un sueldo que “para nada alcanza” y con más de dos meses sin cobrar el bono de alimentación. Por esa razón salió a protestar y marchó más de dos kilómetros.
“Tenemos familia y hogares que mantener y si no nos pagan están violando nuestros derechos. Ya ante esta situación no tenemos miedo y por eso salimos a la calle a luchar por lo que queremos”, precisó.
La docente dijo a El Estímulo, que desconoce cuánto dinero devenga por sus servicios como profesora de cuarto grado.
“La quincena pasada nos pagaron BsS. 700 (BsF 70.000.000) y ahorita en la última nos pagaron BsS 1.600 (BsF 160.000.000) que no sabemos ni de que es. Mientras los tickets de alimentación no los han pagado desde hace dos meses”.
Por su parte, Buenaventura Sánchez, presidente del Colegio de Licenciados en Educación y representante de la coalición sindical que agrupa a médicos, enfermeras, universitarios y demás profesionales, adscritos a la administración pública nacional, indicó que no solo se marcha y exige al gobierno el respeto a una tabla salarial, también se pide es garantizar la calidad de vida a los ciudadanos.
“Exigimos medicamentos, alimentos, gas, gasolina y servicios de salud para poder progresar y salir adelante como país”.
El vocero gremial ve a la educación venezolana destruida. “Han acabado las universidades nacionales y ahora pretende crear nuevas universidades (…) de verdad este gobierno es cara e’ tabla”, denunció.
