Repartidores a domicilio en Italia serán reconocidos como trabajadores formales

La fiscalía de Milán pide modificar el contrato que vincula a unos 60.000 repartidores de comida con el empresario, porque "no se trata de un servicio independiente y ocasional, sino de un servicio coordinado y continuo".

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La justicia italiana exigió este miércoles la regularización de unos 60.000 repartidores a domicilio que trabajan para importantes plataformas, entre ellas Uber Eats y Deliveroo, informó la fiscalía.

«Es fundamental modificar el contrato» que vincula a los repartidores con el empresario. «No se trata de un servicio independiente y ocasional, sino de un servicio coordinado y continuo», explicó la fiscalía de Milán en un comunicado.

Para la justicia italiana, en base a una investigación en toda la península, se trata en realidad de trabajadores dependientes y no autónomos.

«La gran mayoría de los repartidores trabajan con contratos de independientes y ocasionales». Pero «los controles de la policía han establecido (…) que la realidad es otra», agrega el comunicado.

La investigación inició en julio de 2019 tras varios accidentes de tráfico en esa ciudad. Pero se extendió gradualmente a todo el territorio italiano.

«Fueron entrevistados más de 1.000 repartidores a domicilio en bicicleta» de toda la península, precisa el comunicado.

El tribunal informó a las cuatro empresas afectadas, Foodinho-Glovo, Uber Eats Italy, Just Eat Italy y Deliveroo Italy, que tienen plazo de 90 días para tomar las medidas indispensables para regularizar a esos trabajadores.

La decisión afecta a más de 60.000 repartidores que trabajaban para esas cuatro empresas entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2020, precisó la fiscalía.

Las autoridades, en particular las oficinas para la inspección del trabajo, encontraron una serie de violaciones de las condiciones de seguridad de esos trabajadores.

Multas millonarias

Las multas por tales irregularidades, contra las 60.000 personas durante el período en cuestión, suman 733 millones de euros ($890 millones).

Las cuatro empresas deberán aportar también las cotizaciones sociales por el mismo período. Esta cifra no ha sido cuantificada.

«Los repartidores a domicilio no pueden ser tratados como esclavos», declaró a la prensa el fiscal Francesco Greco.

Contactada por la AFP, la asociación italiana de plataformas de entrega rápida (Assodelivery) no quiso reaccionar a la decisión judicial.

En un comunicado Uber afirmó que ya tiene en marcha desde los últimos meses «un sistema de protección mayor, así como mejores condiciones laborales para los repartidores independientes» de Italia.

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