Ante la nueva regulación sobre el servicio de delivery, el usuario final tendrá que decidir si desea asumir el costo de comer en casa viendo Netflix, si preferirá entonces salir e ir por sus compras, o simplemente si decide pedir menos
Una nueva regulación, un nuevo impuesto y más preguntas que respuestas. El Gobierno venezolano intenta regular y obtener ganancias de uno de los negocios que está creciendo aceleradamente en el país: el delivery.
La aparición del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) como nuevo ente regulador en el creciente negocio del reparto a domicilio del delivery en Venezuela se genera justo después del anuncio de Nicolás Maduro sobre tener mano dura en la recaudación tributaria en el país.
En una economía golpeada y con una proyección de crecimiento mermada de un 10% a un 4% para el 2024, debido a la posible restitución de las sanciones por parte de Estados Unidos, el Gobierno busca incrementar sus ingresos a través del mecanismo tributario.
Regular el negocio del delivery, uno de los negocios con mayor crecimiento, parece ser una buena opción para el Estado. Sin embargo, la ejecución de esta regulación a través de una empresa como Ipostel y debido al gran volumen de pedidos a domicilio que registra el país, genera dudas sobre la operatividad del proceso.
Lo que sí está claro, es que al aplicarse la norma, los pedidos a domicilio serán más caros para el consumidor final, quien tendrá que decidir si desea asumir el costo de comer en casa viendo Netflix, si preferirá entonces salir e ir por sus compras, o simplemente si decide pedir menos. La economía básica quizás da pistas sobre lo que pueda pasar, cuando el precio del producto sube, generalmente la demanda suele bajar.
La regulación establece dos vías por las que el precio de la pizza que llega a tu casa puede aumentar. El impuesto directo por el lado del consumidor, según lo establecido en la Gaceta N° 42.813, es 1% sobre el valor de la compra, por lo que por cada $100 de pedidos, estarías pagando $1 de impuesto por la compra. A esto se le suma ya el costo en sí del delivery que te lleva tu producto a casa.
Sin embargo, el precio no solo queda en el impuesto al consumidor final, sino que las empresas deberán sacar un permiso para poder operar como delivery. Este permiso tiene un valor de 5 Petros, equivalentes 300 dólares, y se deben cancelar en dos partes: 20% de anticipo y 80% una vez sea aprobada.
Los servicios de delivery que no cuenten con la habilitación postal y aun así presten el servicio serán multados por un monto equivalente a 50 Petros (3.000 dólares) y de reincidir en los incumplimientos se les cobrará 100 petros (6.000 dólares). Además de esto, los permisos duran solo un año, y puede ser prorrogable por un año más por un costo de 4 petros ($240).
En el mundo de los negocios, generalmente los pagos de impuestos a las empresas son finalmente trasladados a los productos o servicios, por lo que algunos servicios de delivery podrían (en función del volumen de solicitud de sus servicios), aumentar el costo.
Aunque empresas más grandes que prestan el servicio en ciudades como Caracas, Valencia o Barquisimeto puedan absorber el costo del impuesto anual debido a su gran volumen de reparto, en la mayoría de las ciudades venezolanas donde las empresas dedicadas al servicio de delivery son locales, e incluso para los restaurantes pequeños que prestan su propio servicio de delivery, el tributo puede trasladarse con mayor impacto en el costo que se cobra por el envío.
Se estima que Venezuela cerró el 2023 con unos 180 mil motorizados dedicados al servicio del delivery en el país. Para ponerlo en contexto, 8 de cada 10 motorizados en Venezuela están incorporados en la entrega de productos a domicilio en el país, según los datos manejados por la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e) y publicados por Bloomberg.
Según datos de Ecoanalítica, “una empresa promedio de delivery genera un 40% más de beneficiarios directos e indirectos que las empresas de manufactura grandes del país”. Sin embargo, la informalidad dentro del sector aún es muy alta por lo que su regularización no solo pasa por sacar un permiso, sino que para sacarlo implica pasar a la economía formal, que en este país, implica un costo muy alto en la constitución de una compañía.
Por ejemplo, uno de los requerimientos de la nueva Ley es que los Operadores Postales Privados (OPP) deberán emitir facturas con certificación y firma electrónica gestionada antes el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MINCYT), ante esto, el presidente de la Cavecom-e, Richard Urjeta, señaló a finales del año pasado que «no estamos todavía preparados con respecto a lo que es la factura electrónica masiva, porque para obtenerla se tiene que facturar una gran cantidad de transacciones. La Ley te dice que tienes que tener más de 10 mil facturas al mes».
Además, la nueva regulación apunta a que los 180 mil motorizados que prestan el servicio tengan una placa que los identifique con la autorización de Ipostel, una operación logística grande y que seguramente, aunque no está aún determinado, representará un costo extra para cada motorizado o para la empresa que los contrate.
Un reciente estudio de Ecoanalítica indicó cuáles son las cinco cosas más pedidas por plataformas de delivery en el país, en términos de comida y cuáles son también las que se piden menos.
Entre los primeros de la lista en más solicitudes de pedidos en el país están:
Respecto al top 5 de las comidas que las personas piden menos por delivery se encuentran las siguientes:
El delivery no solo lleva comida a tu casa, sino que genera más empleo y dinero que muchos otros sectores económicos en Venezuela. La consultora Ecoanalítica publicó un estudio sobre el sector que está acelerando la economía local
La habilitación postal de Ipostel es el requisito para seguir operando como delivery en Venezuela. Estos son los requisitos que se deben consignar para conseguir la licencia y el precio a pagar
Con esta medida, que fue publicada en Gaceta Oficial 42.813, se busca controlar el servicio de reparto a domicilio (delivery) de negocios que funcionen en plataformas digitales. De ahora en adelante, se les cobrara 1% del precio del producto a quienes opten por el servicio
