La crisis del país se ha agudizado "debido a que las medidas económicas adoptadas por las autoridades resultaron ineficaces", destaca el más reciente informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en las Américas
La emergencia humanitaria que vive Venezuela persistió en 2019, dedido a que las medidas económicas adoptadas por las autoridades resultaron «ineficaces», señala el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en las Américas, publicado este jueves.
«El Gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos», subraya el estudio.
Además, AI recuerda que Estados Unidos impuso en agosto sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela cuyo «sobrecumplimiento», tanto en EE UU como en otros lugares, «dio lugar a obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos».
Ante esta situación, el informe recuerda que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela al acabar 2019.
El documento también registra que durante el año pasado, Venezuela «seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes».
«Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia», asegura AI.
Todo ello en una coyuntura en que «la crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el Poder Ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el Poder Legislativo, liderado por Juan Guaidó».
En ese contexto, AI señala que «las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión».
Además, «se sometió a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos», mientras que «la libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante» y los defensores de derechos humanos «sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor».
Acerca de las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Nacional Bolivariana, a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el informe precisa que 11 hombres jóvenes fueron asesinados entre el 21 y el 25 de enero. Los homicidios siguieron un patrón uniforme.
Las autoridades afirmaron sobre el caso «que sus muertes habían tenido lugar en enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad'», si bien «había indicios de que se habían modificado las escenas de los crímenes».
«Puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, «podían constituir crímenes de lesa humanidad», afirma AI.
El estudio explica que en 2019 continuaron «las detenciones arbitrarias en el marco de la política de represión implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro».
Durante las protestas de enero, que se produjeron luego de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anunciara que asumía la Presidencia interina de Venezuela, se detuvo a más de 900 personas en cinco días, 770 de ellas en un solo día.
«Estas detenciones podían constituir también crímenes de lesa humanidad, ya que parecían formar parte de un ataque generalizado contra las personas a las que se percibía como disidentes».
Entre las personas detenidas arbitrariamente figuraba el jefe de despacho de Guaidó, Roberto Marrero, así como el diputado Gilber Caro arrestado en dos ocasiones, la segunda junto con el periodista Víctor Ugas, y compareció ante el tribunal bajo la acusación de terrorismo.
El informe también destaca que el capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y falleció horas después de ser llevado ante un tribunal militar «con señales claras de tortura».
Acerca del uso excesivo de la fuerza, AI también asegura que la Policía y el Ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, «intencionadamente letal contra manifestantes».
«En enero, al menos 24 personas murieron en actos violentos relacionados con las protestas. Al menos 21 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad públicas y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia. Dado el patrón sistemático y generalizado de dichos homicidios, estos podían constituir crímenes de lesa humanidad», concluye el informe.
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