España invierte menos en mantenimiento de trenes de alta velocidad que el promedio de la UE
Un estudio sobre el estado de la infraestructura en España evidencia que los accidentes ferroviarios se dispararon 142% entre 2018 y 2024
España
«Todo funciona peor». Así ha titulado el Instituto Juan de Mariana un nuevo informe en el que escudriña la evolución de la inversión en infraestructuras en la España de Sánchez, para llegar a la conclusión de que los servicios públicos han sido descapitalizados como consecuencia de un menor gasto en mantenimiento y otras partidas a largo plazo en comparación con los usuarios, que han ido al alza por el aumento demográfico.
El estudio, firmado por Manuel Llamas y Diego Sánchez de la Cruz, recoge que los accidentes ferroviarios se han disparado un 142% y los descarrilamientos se han cuadruplicado en el periodo comprendido entre 2018 y 2024. Además, la cantidad destinada a mantenimiento de la red ha descendido hasta los 45,5 millones de euros por kilómetro de vía, lo que equivale a solo el 56% de la media de 80,6 millones registrada en el conjunto de los 14 miembros iniciales de la Unión Europea. Todo ello después de que el gasto de conservación por viajero de alta velocidad haya descendido un 22% en comparación con hace ocho años.
Asimismo, los retrasos de a partir de una hora en trenes de larga distancia se han multiplicado por siete, alcanzando el 8,1%. Con datos de este 2026, menos de la mitad de los AVE, el 48,6%, llegó con menos de cinco minutos de retraso. De hecho, Renfe ha recortado el umbral mínimo de tardanza para compensar con la devolución del billete, subiéndolo de 15 a 60 minutos. En este contexto, la alta velocidad ha sufrido una pérdida del 12,3% de los viajeros entre enero y agosto de este año.
El informe subraya que esta situación va más allá de la infraestructura ferroviaria, con un déficit de casi 15.000 millones de euros en carreteras y 34.000 kilómetros pendientes de reconstrucción.
En sanidad, el gasto ha aumentado un 43%, pero 853.509 pacientes se encuentran en una lista de espera para una operación, un incremento del 28% con respecto a 2018, con una demora media de 121 días que, en uno de cada cinco casos, se alarga más de seis meses.
En educación, el gasto se ha disparado un 40%, pero los autores recuerdan los «mínimos históricos» en las pruebas PISA, mientras que la justicia se enfrenta a una situación de colapso, con un 80% más de asuntos pendientes que en 2018.
En el ámbito de la seguridad, los homicidios y asesinatos han subido un 30% y los delitos sexuales un 57%. Asimismo, la entrada de inmigrantes irregulares se ha casi octuplicado.
«Son datos que explican lo que está pasando: es un patrón generalizado», advierte Sánchez de la Cruz. Según explica a THE OBJECTIVE, lo que ocurre con el deterioro del ferrocarril «está pasando en prácticamente todo», con una inversión por habitante que «cae a plomo» en las infraestructuras ferroviarias y en el resto de infraestructuras. «La tendencia es a no invertir», señala el responsable de estudios del laboratorio de ideas, que lamenta que España se haya convertido en «el antepenúltimo país entre los comparables en gasto en mantenimiento», puesto que solo el 15% del gasto se destina a mantenimiento.
Entre los países que «duplican» el nivel español apunta a Suecia y Países Bajos, pero también a Hungría, Eslovenia y Polonia, que «han creado nuevas redes de transporte e invierten en ellas el triple que nosotros». Por ello, lamenta que llevar la recaudación hacia su nivel récord actual no ha servido «para nada». Sánchez de la Cruz alerta de los peligros de priorizar el gasto corriente frente a las inversiones, ya que anteriormente «se consideraba normal que un tren no descarrilara», pero al priorizar descuentos y ayudas frente al mantenimiento, «quedas bien con la gente que habría viajado estos veranos a un precio ridículo», pero con consecuencias en la seguridad.
El analista cree que la subida de la recaudación ha servido únicamente para apuntalar una red «clientelar», pero no para hacer mejoras en profundidad. Además, destaca que, tras la liberalización, con más trenes en circulación, ADIF, el gestor de la infraestructura ferroviaria, tiene «más ingresos», pero «le corresponde al Gobierno tomar decisiones sobre cómo gestiona todo aquello»