La minera canadiense Gold Reserve firmó un acuerdo con Venezuela para formar una empresa mixta aurífera con participación de 55% del Estado y como parte de la negociación el país le pagará $769 millones como indemnización por haber nacionalizado sus operaciones en 2009.
Gold Reserve espera una compensación de $744 millones, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) fallara a favor de la empresa por la expropiación de sus inversiones en Venezuela.
Gold Reserve espera una compensación de $744 millones, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) fallara a favor de la empresa por la expropiación de sus inversiones en Venezuela.
El ex ministro de Planificación, Jorge Giordani, criticó el reciente acuerdo entre el gobierno y la minera canadiense Gold Reserve, el cual autoriza a la transnacional explotar los cuantiosos yacimientos de oro de Las Cristinas y Brisas del Cuyuní.
La negociación con la empresa canadiense Gold Reserve no es la única. El Gobierno ha dado pasos no sólo con compañías que han demandado a Venezuela en el Ciadi, sino con otras empresas. Aseguran que el Bank of America podría estar ayudando con sus equipos para presentar la oferta venezolana.
El titular del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, afirmó que en un mes esperan establecer las empresas mixtas suscritas con compañías canadienses, americanas y alemanas.
Los recursos son inmensos. Venezuela no solo posee las más grandes reservas de petróleo; bajo su superficie también yacen, según calcula el gobierno, 7.000 toneladas de oro monetizable. Pero no son los cuantiosos inventarios del mineral precioso que hacen salivar a los inversionistas, pues ya conocían su existencia, sino la nueva actitud del gobierno venezolano con el capital extranjero.
El gobierno firmó un memorando de entendimiento con la empresa canadiense Gold Rerve para la explotación de dos minas de oro. La compañía había ganado una millonaria demanda en Ciadi por su expulsión del proyecto aurífero Las Brisas durante el gobierno de Hugo Chávez.
El gobierno firmó un memorando de entendimiento con la empresa canadiense Gold Reserve para la explotación de dos minas de oro. En 2014, la compañía había ganado una millonaria demanda ante el Ciadi por su expulsión del proyecto aurífero Las Brisas, durante el gobierno de Hugo Chávez.
La minera estadounidense Gold Reserve dijo a la agencia Reuters que acudirá a “otras jurisdicciones” para cobrar una indemnización de $750 millones, ordenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por la decisión de Venezuela de poner fin a una concesión para explotar una mina de oro en 2009.
La minera estadounidense Gold Reserve dijo a la agencia Reuters que acudirá a "otras jurisdicciones" para cobrar una indemnización de $750 millones, ordenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por la decisión de Venezuela de poner fin a una concesión para explotar una mina de oro en 2009.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) tiene más de 30 casos abiertos relacionados con activos expropiados en Venezuela. El año pasado cerró tres y determinó que el país debe pagar a las empresas involucradas alrededor de $3.200 millones. Sin embargo, el gobierno ha encontrado estrategias para dilatar la cancelación de los compromisos y las presiones legales aumentan, advierte la firma de inversión Barclays.
El 26 de noviembre, la Corte del Distrito de Columbia, Nueva York, ratificó el pago de $740 millones a la empresa minera Gold Reserve por parte del gobierno venezolano, que en 2009 se negó a renovar la concesión otorgada para el proyecto aurífero Las Brisas y Chocó 5. "Venezuela ha evitado intencionalmente servir" este compromiso, señala la firma en un comunicado.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial confirmó el lunes el fallo contra Venezuela en el caso de la minera canadiense Gold Reserve, por el que el país debe pagar a la compañía la cantidad de $713 millones más costos legales e intereses.