La fiscal encargada del caso comprobó que las empresas que comercializaban la madera cambiaban los datos del producto para esconder que procedían de áreas reservadas, fuera de las concesiones otorgadas para talar madera.
La Fiscalía de Perú inmovilizó más de 3.100 metros cúbicos –esto que equivale a una piscina olímpica y media- de madera pertenecientes a presuntos madereros ilegales, que fue talada en la selva amazónica, informó un comunicado del organismo público.
La madera está valorada en unos 1,7 millones de dólares (5 millones de soles) y pertenece a las empresas Greengold Foresti Peru SAC, Forever SAC, Corporación Forestal SAC y la ladrillera Icaro Dragón SAC, que operaban sin contar con los documentos respectivos, de acuerdo a la ley, indicó la nota oficial.
El operativo estuvo dirigido por la fiscal superior América Ayasta y se realizó en las riberas del río Nanay, afluente del río Amazonas, desde el lunes 24 de noviembre, con una «ardua labor de seguimiento» y que finalizó con la inmovilización de la madera en el distrito de San Juan, de la provincia de Maynas, ubicada en la región Loreto.
En la operación también participó el Alto Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contra la tala ilegal, César Fourment, con agentes de la Dirección Nacional de la Policía del Medio Ambiente.
La fiscal comprobó que las empresas que comercializaban la madera cambiaban los datos del producto para supuestamente esconder que procedían de áreas reservadas, fuera de las concesiones otorgadas para talar madera.
Según la fiscal, la madera era distribuida en varios puntos de Loreto, especialmente en las zonas de frontera con los países vecinos, y parte de la mercancía era utilizada por la empresa ladrillera Icaro Dragón como combustible para producir sus productos.
La actividad de esta empresa productora de ladrillos generaba contaminación ambiental en el lugar por el despido de humo de sus chimeneas y hornos, agregaron las autoridades.
La madera permanecerá inmovilizada hasta que las cuatro empresas «que operaban informalmente» presenten ante la Fiscalía de Maynas la documentación que pruebe que contaban con los permisos para la tala, traslado y comercialización de esa mercancía. rantizar el regreso a la libertad del general Alzate y sus acompañantes.
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