La SIP apuntó que la demanda "rompe con los principios" establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los "medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios".
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la orden de un tribunal venezolano que prohíbe la salida del país a 22 periodistas involucrados en una demanda judicial del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por reproducir una información que le vincula con el narcotráfico.
La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió el martes 12 de mayo la orden de restricción que impide salir de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, tal como lo solicitó Cabello al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró que dicha prohibición «muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político».
Los tres medios citados reprodujeron una información del diario español ABC basada en declaraciones del militar Leamsy Salazar, antiguo jefe del grupo de seguridad de Cabello.
«La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cartel de los Soles que trafica con cocaína en Venezuela», recogió la SIP.
Entre los 22 afectados por la orden judicial figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
Mohme aseguró que «no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular».
Un procedimiento judicial que, apuntó la SIP, «rompe con los principios» establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los «medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que la «acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes» que han «desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen del (presidente venezolano) Nicolás Maduro».
Paolillo remarcó que «este acoso judicial es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros».
Y así montar «una extensa maquinaria de propaganda», puntualizó Paolillo, «la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia».
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