El último episodio de una masacre en Estados Unidos ocurrió cuando apenas iniciaba el Día Internacional de la No Violencia, el 1 de octubre. Stephen Paddock disparó desde el piso 32 del reconocido hotel y casino Mandalay Bay, de Las Vegas, contra una multitud de asistentes a un concierto de música country. El atacante que llevaba armas automáticas y rifles se suicidó antes de tener que lidiar con las autoridades, lo que dejó más preguntas que respuestas. Paddock asesinó a 59 personas e hirió a otras 527.
En medio del turbulento mandato del presidente Donald Trump, de las divisiones raciales por grupos de odio, como los supremacistas blancos en Charlostteville, de la controversia por raza y respeto a los símbolos patrios de los atletas de la NFL, además del desastre que propiciaron los Huracanes Harvey, Irma y María, y de la tensión nuclear con Corea del Norte, en Estados Unidos se suma una nueva tragedia, otra vez con armas de fuego.
En la nación norteamericana hay muchos precedentes de matanzas y cada vez son más las personas fallecidas. Sólo este año van 273 masacres en 275 días, lo que les ha costado la vida a 11.716 ciudadanos y ha herido a otros 23.756, según datos que otorga el Archivo de Violencia Armada.
La pregunta que cabe hacerse es ¿habrá algún cambio de concepción sobre la tenencia de armas en los estadounidenses? Los norteamericanos son muy apegados a sus tradiciones y el caso de las armas no es una excepción.
La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que data del 15 de septiembre de 1791, tan sólo 4 años después de que esta fuera escrita y 15 años luego de la proclamación de la República, reza: “Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, no será infringido el derecho del pueblo a mantener y llevar armas”.
La oración genera debate porque incluso su puntuación varía entre el texto original, el ratificado y el que se guarda en la librería del Congreso. Más allá de la redacción, la controversia está en si se debe o no limitar el acceso a las armas, o si el derecho consagrado durante la época de la independencia debe ser modificado.
Para eliminarse una ley establecida en la Constitución de Estados Unidos, la propuesta debe ser llevada ante el Congreso con dos terceras partes de los votos en ambas Cámaras –la de Representantes y Senadores-, o por una convención del Congreso convocada por las legislaturas de dos tercios de los estados de la Unión Americana –es decir 34 estados o más-, luego debe ser ratificada por las tres cuartas partes de los representantes de las entidades, lo que se traduce en 38 o más estados. Como es descrito, resulta muy arduo y complicado modificar una ley de la Carta Magna.
Además las leyes son parte de la Carta de Derechos, o de las primeras 10 enmiendas a la ley máxima norteamericana, que fueron creadas precisamente para que las entidades estatales tuvieran más control sobre las decisiones y no fueran fácilmente alteradas a nivel federal. Por todo esto, es más probable que se produzcan pequeñas modificaciones al texto, como establecer más registros o control sobre quienes adquieren armamento.
Ya en 2010 la Corte Suprema ratificó el derecho de los ciudadanos a portar armas, eliminó la prohibición que había en Illinois de restringirlas, y con ello rechazó el derecho de los estados de controlar la posesión de armas de fuego. Además, pese a que en enero de 2016, Barack Obama firmó un paquete de medidas para revisar los antecedentes y el control de la venta de armas, al no ser esta una ley sino una acción ejecutiva, pudo ser revertida solo con una firma de su sucesor, Donald Trump.
Mientras tanto, los estadounidenses han visto el incremento de las masacres, desde la ocurrida en la Universidad de Texas en 1966 en la que murieron 16 personas, pasando por la de la escuela en Columbine en 1999, donde murieron 13 personas, la del Tecnológico de Virginia en 2007 en la que murieron 32 personas, la de la escuela primaria Sandy Hook en 2012 en la que hubo 27 fallecidos en su mayoría niños pequeños, o la de la discoteca Pulse en Orlando en 2016 en la que fueron asesinadas 50 personas, entre ellas el venezolano Simón Carrillo.
Intenso cabildeo
El problema va más allá de lo legal, en Estados Unidos hay una cultura de armas. Históricamente estas son vistas como garantes de la “libertad e independencia”, ante los invasores extranjeros, y en la actualidad son concebidas como una herramienta para la “seguridad y protección”, en caso de cualquier ataque contra las propiedades y las personas.
Sin embargo, los homicidios por armas de fuego son cada vez más comunes, tanto que en 2015 ocurrieron episodios similares en todo el país a razón de casi uno por año, 350 matanzas en 365 días del año, lo que lo llevó a ser el país desarrollado con más asesinados en el planeta.
Mientras las masacres ocurren en todo el país, en los niveles más altos del poder hay un fuerte cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en el Congreso. El grupo se define como: “La organización de derechos civiles más antigua del país –fundada en 1871-, con más de 5 millones de miembros que orgullosamente defienden la segunda enmienda y son sus diligentes protectores”.
La NRA se presenta además como un órgano que enseña a usar apropiadamente las armas y que organiza prácticas para la caza y el tiro deportivo. Pero la asociación cuenta con sedes en los 50 estados y son financistas de las campañas electorales, en las que reconocen tienen un grupo de representantes y lobbistas que influyen en lo político y legal para garantizar su existencia.
Además la NRA tiene ventajas sobre otras organizaciones, pues es la única en el país que puede movilizar entre 10.000 y 20.000 personas en todos los distritos electorales, algo que resulta decisivo para las maquinarias partidistas en las campañas.
El hoy mandatario Donald Trump la respaldó durante la campaña –a su vez el recibió 30 millones de dólares para los comicios-. Al día siguiente de la matanza de Las Vegas, cuando se le consultó al magnate por el uso de armas simplemente respondió: “No es momento de eso, próximamente hablaremos al respecto”.
La organización obtiene ingresos superiores a 250 millones de dólares al año. Según la web opensecrets.org la NRA contribuyó en 2016 con más de un millón de dólares para el Comité Central del Partido Republicano, el Comité de la Cámara de Senadores Republicana y el Comité de la Cámara de Representantes Republicanos y varios candidatos.
La organización también otorgó 3,18 millones de dólares para que sus 35 lobbistas -14 de ellos ex funcionarios de gobierno- impulsaran más de 81 piezas legislativas, de las cuales 3 fueron presentadas ante el Congreso estadounidense y destacan por sus implicaciones; una es para quitar el registro e impuesto a comprar silenciadores; otra que ya firmó Trump, es para rechazar la exigencia y demostración de registros de sanidad mental a los propietarios de armas; y la última que es la de respaldar la validez del permiso para portar armas en cualquier estado de la Unión sin importar dónde se haya registrado, es decir, si se solicitó el permiso en Texas puedes llevar legalmente armas en Hawaii o Connecticut.
La NRA empleó además 54,39 millones de dólares en gastos de comunicación para las distintas campañas electorales que apoyó, en su mayoría del partido Republicano, aunque también algún aspirante demócrata en estados de predominio republicano recibió dinero para su campaña.
Por otra parte, la organización cuenta con una maquinaria propagandística sorprendente y está presente en muchos aspectos de la vida del norteamericano promedio. Además de mucho material pop, souvenirs, revistas, boletines y correo electrónico. En Washington cuenta con un gran museo, son asesores para las filmaciones hechas en Hollywood y exhiben las armas usadas en las películas. Aparte, pagan espacios publicitarios en distintos eventos y diferenciar bien a su público meta, que organizan en subculturas como, veteranos, mujeres, judíos y gays por las armas.
Regulación a la posesión
En Estados Unidos hay casi 89 armas de fuego por cada 100 personas. En la nación hay más de 371 millones de armas en manos de civiles, 146 millones de ellas pistolas y revólveres, en un país en el que habitan más de 319 millones de personas.
El argumento de la NRA y de los que consideran la posesión de armas como un derecho que viene con ser estadounidense es manifestado en frases como “las armas no matan personas, las personas matan personas” o “no se nos puede culpar por el uso irresponsable del producto”.
Diversos estudios realizados en el país como la Encuesta Nacional contra el Crimen y la Victimización señalan que incluso en lugares donde no había habido matanzas existe un alto número de homicidios al año. En los estados donde hay mayor presencia de armas y las leyes son menos restrictivas para su porte, la tasa de criminalidad violenta aumenta hasta 14%. Por otro lado, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos también sostiene que la prevalencia de suicidios sube de 3 por cada 100.000 habitantes a entre 7 y 12 por cada 100.000 habitantes en los estados donde es más fácil obtener un arma y también que es más probable ocurran accidentes fatales.
El caso es muy diferente en otras naciones desarrolladas. En Canadá la Constitución no es taxativa con el derecho a portar armas, pero en 1991 se aplicó la ley C-17 que contribuyó significativamente en la disminución en la tasa de suicidios, asesinatos y robos con armas de fuego. En 2015 la diferencia era notoria: en Canadá hubo 604 homicidios mientras que en Estados Unidos hubo 15.696 decesos por violencia.
En Alemania para obtener un arma se debe aprobar un curso y superar pruebas psiquiátricas si se es menor de 25 años de edad, en Francia no se debe poseer antecedentes penales, también hay que pasar una prueba psicológica y pruebas mentales y de salud. En Reino Unido simplemente es ilegal poseer armas si eres civil. En todos estos países la tasa de mortalidad es de menos de 1 asesinato por cada 100.000 habitantes a excepción de Francia donde es de 1.58 por cada 100.000 personas.
El caso australiano es digno de ser emulado por la nación norteamericana. Entre 1979 y 1996 se produjeron 13 asesinatos en masa, pero fue la masacre de Port Arthur en Tasmania, en la que Martin Bryant, un individuo con un arma semiautomática mató a 35 personas, 20 de ellas en los primeros 30 segundos del ataque, la que produjo un cambio. El gobierno oceánico del primer ministro conservador John Howard tomó acciones. Se implementó una nueva ley, se prohibió la compra de rifles y armas automáticas, se legisló contra la defensa propia como razón para comprar armas y se impuso un gravamen bastante alto a la adquisición de las mismas. Además, el gobierno compró el arsenal en manos de la población. Todo esto hizo que se redujeran en más de 50% los homicidios y muertes violentas en el país, y los suicidios en 80%. En 2009 la tasa de homicidios por arma de fuego en Australia fue de 0,1 por cada 100.000 habitantes.
Japón es el país que más sorprende, con una población de 127 millones de personas casi no hay homicidios. En 2014 hubo sólo 6 asesinados por armas de fuego.
Para comprar un arma se necesita hacer un curso de tres meses, superar una prueba en un polígono de tiro con 95% de aciertos, someterse a pruebas de salud mental, toxicológicas. Las autoridades también investigan a la familia y amigos, revisan los antecedentes y vinculaciones con grupos extremistas. Todo para poder poseer escopetas y rifles de aire comprimido con una licencia que dura tres años. Una vez expirada se debe repetir todo el proceso.
Este texto fue publicado originalmente el 5 de octubre de 2017
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