De acuerdo con el diario argentino La Nación, el juez Pablo Yadarola, especialista en materia penal y económica, y el fiscal Pablo Turano, fueron los responsables de dar punto final al expediente.
El primero anunció que la fiscalía no contaba con las pruebas suficientes para mantener la investigación sobre Uberti, al punto de asomar que la misma reveló irregularidades sobre si realmente cometió delito o no.
El hecho acabó con el cargo de Uberti en territorio argentino, quien era titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales, por lo que fue apartado de sus labores que lo ligaban de forma sospechosa con el gobierno venezolano, en ese momento bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez.
Por su parte, Antonini Wilson se mantiene viviendo en el estado Florida, Estados Unidos, y hasta la fecha mantiene su palabra de que dicho maletín no era de su pertenencia. Así lo aseguró a La Nación esta semana. «No es justo lo que ocurrió y todo lo que viví estos años», dijo.
El caso fue llevado a tal manera que pasó por tres jueces de primera instancia y otros subrogantes, incluso llegó a la Corte Suprema de Argentina, desde donde se pidió darle seguimiento a la pesquisa por contrabando.
Sin embargo, la justicia argentina no logró actuar contra el caso, que se vio impedida de procesar a alguno de los involucrados. Mientras tanto, en Estados Unidos fueron enjuiciados tres venezolanos y un uruguayo por haber fungido como agentes encubiertos enviados por Chávez para silenciar a Antonini.
Mientras, en Venezuela se presentó la apertura de una investigación que no se sostuvo.