Nicaragüenses detenidas denuncian ser víctimas de tortura

«Es lamentable que el Sistema Penitenciario Nacional se ha vuelto un centro de torturas, con métodos infames, nosotros tenemos muchos testimonios donde el tipo de tortura no sólo es psicológico, sino también físico», dijo el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, en conferencia de prensa.
La denuncia se da en un momento en que Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que, según la oposición y diversos organismos internacionales, ha dejado entre 317 y 448 muertos, la más sangrienta desde la década de los años de 1980, también bajo la administración de Ortega, quien reconoce 198 víctimas.
El abogado de la CPDH, Julio Montenegro, afirmó que «se está enviando gente que corresponde a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, al sistema (correccional) La Esperanza».
La DAJ tiene su sede en El Chipote, un centro de cárceles donde, según las organizaciones humanitarias, la Policía Nacional practica actos de tortura contra los reos.
Montenegro agregó que un ama de llaves, una encargada de salud y una responsable de Educación de La Esperanza, asistieron a actos de tortura contra la joven estudiante Elsa Valle, cuyo padre, Carlos Valle, un antiguo político opositor, ha reclamado públicamente la liberación de su hija.
Al menos seis privadas de libertad por delitos comunes fueron aisladas y perdieron sus derechos a recibir visitas y alimentos de sus familias, por haber pedido a las autoridades carcelarias que atendieran a Valle por una lesión en una de sus piernas, según la denuncia.
«Nosotros como CPDH responsabilizamos al Sistema Penitenciario Nacional y al Gobierno, porque ellas han perdido el derecho a la libertad, no el derecho a la salud, ni a la vida», sostuvo Carmona.
Los organismos humanitarios han informado que el Gobierno mantiene tras las rejas al menos a 185 «reos políticos», de los cuales 22 son mujeres.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que consiste en la «criminalización de manifestantes», frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.]]>