Claudia Patricia Díaz Guillén recurrió la decisión de la Audiencia Nacional española, que el pasado 26 de octubre aprobó su extradición.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la enfermera recordó que la petición de extradición por parte de Venezuela la hace un Estado «que no respeta los derechos humanos», sancionado por la Unión Europea.
La justicia venezolana la reclama por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, en vista de que su nombre aparece en la investigación de los «papeles de Panamá» por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para «blindar» una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.
El abogado de la exenfermera de Chávez argumentó para oponerse a la extradición el clima de violencia que se vive en Venezuela y recurrió a palabras del opositor venezolano Lorent Saleh, que llegó a España hace un mes, y que denunció torturas.
La defensa de Díaz Guillén añadió que ella «es objeto de una constante persecución política, simplemente por el hecho de no acatar las directrices» del presidente Nicolás Maduro.
El tribunal español que aceptó la entrega a Venezuela afirmó que no se han probado las «motivaciones espurias» de ese país contra la mujer, aunque la defensa cree que «sería anecdótico» que ese o cualquier otro país «mostraran claramente motivaciones de carácter de persecución política».
Díaz Guillén fue arrestada en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, quien ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, si bien su vista de extradición se celebrará el próximo día 16.
La defensa de ella sostuvo que al matrimonio «le han montado un expediente simulado, bajo la apariencia de un delito común, escondiendo motivaciones espurias», dado el «modus operandi» del Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin).
Además, alegó que Venezuela no incluyó en su petición de extradición «ni una sola descripción», «ni un solo hecho» que respalde las acusaciones contra ella: «Tan solo se aporta el recorte de prensa sobre los ‘Panamá Papers'».
Díaz Guillén está acusada en Venezuela de «presuntas irregularidades realizadas durante su ejercicio en la Administración Pública», donde fue secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y administradora del Despacho de la República Bolivariana de Venezuela, dinero que habría sacado fuera del país.
Sin embargo, su defensa alegó que su labor de tesorera, de la que fue cesada al mes de que falleciera Chávez, fue auditada por firmas internacionales como Deloitte, y negó que haya tenido nunca sociedades o cuentas bancarias en Panamá.]]>