España presiona para garantizarse derecho a veto sobre Gibraltar tras el brexit

El gobierno español considera que no queda claro en el artículo 184 del acuerdo de divorcio que la negociación sobre la futura relación entre la Unión Europea y Reino Unido será diferente de la negociación sobre la futura relación aplicada a Gibraltar, en la que España debe estar primero de acuerdo.
“Las negociaciones futuras sobre Gibraltar son negociaciones aparte. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Hasta que no quede claro pues no podremos dar nuestro acuerdo”, dijo este lunes a la prensa en Bruselas el ministros de Exteriores español, Josep Borrell.
El artículo 184 reza: “La Unión Europea y Reino Unido harán todo lo posible, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos para adoptar las medidas necesarias para negociar rápidamente los acuerdos que regulen su futura relación”.
Estos acuerdos, cuyas grandes líneas formarán parte de una declaración política sobre la futura relación actualmente en discusión, se negociará durante un período de transición previsto por ahora hasta el 31 de diciembre de 2020 -prorrogable una vez- y entrarán en vigor a su fin.
Aunque el servicio jurídico del Consejo de la Unión Europea dio garantías a España sobre la interpretación del texto, una fuente del gobierno español indicó no obstante que pidieron la modificación del artículo 184 y la inclusión de la misma idea en la declaración política sobre la futura relación.
«Hasta que no tengamos la declaración futura y no sepamos lo que dice, si estamos de acuerdo o no, tampoco vamos a probar el acuerdo de retirada», subrayó Borrell, quien traza un paralelismo con unas declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, en la misma línea.
Este escollo aparece al inicio de una semana decisiva para Reino Unido y el bloque de cara a finalizar su acuerdo de divorcio y sentar las bases para una futura negociación comercial, a los que los mandatarios deben dar su visto bueno el próximo domingo en una cumbre en Bruselas.
Antes del inicio de la negociación, los 27 socios de Reino Unido concedieron a España un derecho a veto sobre la aplicación de los diferentes acuerdos sobre el Brexit a Gibraltar y el poder de negociar bilateralmente con Londres aspectos sobre este territorio, cuya soberanía Madrid reclama.
El acuerdo de divorcio plasma así en un protocolo los diferentes ámbitos de cooperación entre España y Gibraltar, que ultiman Madrid y Londres, como los derechos de los ciudadanos, tabaco, medio ambiente, cooperación policial y aduanera y asuntos fiscales.]]>