Los líderes de las protestas de Sudán exigieron este domingo que la junta militar ceda "inmediatamente" el poder a un gobierno civil y que este lleve ante la justicia al depuesto dictador Omar al Bashir.
Miles de personas seguían acampadas el domingo ante el cuartel general del ejército en Jartum para mantener la presión sobre un consejo militar que tomó el poder después de derrocar a Bashir el jueves.
El domingo, la organización que encabezó las protestas contra Bashir, la Asociación de Profesionales Sudaneses (SPA), pidió al consejo militar «ceder inmediatamente el poder a un gobierno civil», reclamando además al «gobierno de transición y a las fuerzas armadas que lleven a Bashir (…) ante la justicia».
La SPA pidió que se juzgue también a aquellos que perpetraron el golpe de Estado que en 1989 llevó a Bashir al poder tras derrocar a un gobierno democráticamente elegido.
«Aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur, las montañas de Nuba y el Nilo Azul, tienen que hacer frente a la justicia», añadió el comunicado.
La Corte Penal Internacional de La Haya reclama a Bashir por genocidio y crímenes contra la humanidad por su papel en el conflicto en la región sudanesa de Darfur, unos cargos que él rechaza.
El presidente en funciones del partido de Bashir, el Partido del Congreso Nacional, Ahmed Harun, está siendo investigado por los mismos delitos.
«También pedimos la liberación de los soldados y oficiales que se pusieron del lado de la revolución», añadió el texto.
Estas exigencias se plantearon después de que nuevo poder militar instó a los partidos políticos a seleccionar una figura «independiente» como primer ministro.
«Queremos que se pongan de acuerdo sobre una figura independiente para ser primer ministro y sobre un gobierno civil», dijo el teniente general Yaser al Ata, en una reunión entre partidos y junta militar en Jartum.
La junta militar afirmó en su momento que rechazaría entregar a Al Bashir o a cualquier otro ciudadanos sudanés.
La directora adjunta de Amnistía Internacional para el este de África, Sarah Jackson, ya pidió el sábado a las autoridades desvelar el lugar donde se encuentra Al Bashir, de 75 años, y entregarlo a la CPI.
Entre tanto, el gobierno militar pidió apoyo a la comunidad internacional y tomó nuevas medidas.
Ésta tiene que «comprender la situación y apoyar al Consejo Militar de Transición (…) para responder a la voluntad del pueblo sudanés de realizar una transición democrática», dijo en un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores.
«Los pasos dados por el ejército el jueves 11 de abril se ponen del lado del pueblo por el bien de la libertad, de la paz y de la justicia», añadió el ministerio.
El sábado, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que ven con inquietud los acontecimientos en el país cercano, expresaron su apoyo «al pueblo sudanés hermano» y a la junta militar de transición.
El jefe de la junta militar, el general Abdel Fatah al Burhan, se «comprometió a instaurar un gobierno completamente civil y el papel del consejo militar será el de mantener la soberanía del país», recordó el ejército.
Al Burhan se comprometió igualmente a instaurar un sistema judicial independiente y a crear un entorno propicio para «una transición pacífica del poder».
El nuevo hombre fuerte de Sudán prestó juramento como presidente de la junta militar después de que su predecesor dimitiera tras solo 24 horas en el cargo, un día después de destituir a Al Bashir.
Entre las peticiones presentadas por una delegación de diez representantes de los manifestantes el sábado figuraba también la reestructuración del poderoso servicio de inteligencia sudanés (NISS), dirigido hasta su dimisión reciente por Salah Gosh, y que estos últimos cuatro meses encabezó la represión que causó decenas de muertos.
En sustitución de Gosh, el gobierno nombró al teniente general Abu Baker Mustafa. Asimismo, la junta destituyó al encargado de negocios en Washington, que era Mohamed Atta, un antiguo jefe del temido NISS.
Un general, que formaba parte del gobierno de transición, detuvo al primer ministro y otros líderes y declaró "estado de emergencia"
Sudán entregará al expresidente Omar al Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI), donde se le busca desde 2009 para responder de acusaciones de genocidio y crímenes de guerra durante el conflicto de Darfur, afirmó un alto funcionario sudanés.
El dictador y exmilitar de 75 años de edad, que dirigió el país con mano de hierro por 30 años, fue juzgado por un tribunal especial y declarado culpable de corrupción y posesión ilegal de fondos extranjeros.
