El gobierno de Donald Trump anunció que activará en mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios.
«Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio», advirtió Pompeo a la prensa, en un encuentro en el que fijó el 2 de mayo como la fecha de entrada en vigor del artículo.
Tras la declaración, Cuba volvió a manifestar su rechazo a la medida. Su canciller, Bruno Rodríguez, repudió «enérgicamente» el anuncio del funcionario estadounidense en Twitter: «Es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará», escribió en la red social.
La subsecretaria del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones. Y aseguró que Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque, de 1996.
Sin embargo, la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron este miércoles su disgusto por la activación del artículo en una declaración conjunta, y prometieron «proteger los intereses» de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En una carta a Pompeo previa al anuncio, el bloque había advirtido que la activación del artículo podría generar represalias. Más tarde, junto a Canadá, calificó la decisión de «lamentable», y advirtió sobre la «espiral innecesaria de acciones legales» que podría derivar de ella.
En detalle, la sección de la norma estadounidense permite iniciar acciones en sus tribunales contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.
Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar a Maduro, cuyo gobierno no ha sido reconocido por Estados Unidos, que apoya al líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino de Venezuela.
Estados Unidos encabeza la presión internacional para sacar a Maduro del poder y ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la colapsada economía venezolana. En el marco de estas sanciones, ha penalizado también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla.
El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en Twitter que «Estados Unidos va a seguir tomando acciones duras contra los REGÍMENES que apoyan la fallida dictadura de Maduro».
«El gobierno va a seguir rompiendo los vínculos reprehensibles que han contribuido al declive de Venezuela», advirtió Bolton.
El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes «acciones directas» contra lo que denominó la «troika de la tiranía», integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Breier aclaró que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos.
«Creo que la gran mayoría de las empresas europeas no tienen que preocuparse por estar operando en Cuba», dijo la funcionaria.
Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero desde entonces, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con países aliados.
En su declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, así como la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la «aplicación extraterritorial de medidas unilaterales» sobre Cuba «es contraria al derecho internacional».
El Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano, una organización con sede en Nueva York que impulsa los vínculos bilaterales, dijo que empresas con ingresos combinados de 678.000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas.
Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor, y sociedades tan diversas como la marca francesa de bebidas Pernod Ricard y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei.
El gobierno de Trump ha adoptado una postura muy firme contra Cuba, que contrasta con la apertura diplomática de su predecesor Barack Obama, quien afirmó que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington para derribar al régimen no había dado resultados.
«Esta es parte de una trayectoria que ha seguido el gobierno», explicó la subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental.
La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.
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