Instituto Casla introduce otro pliego contra Venezuela en la CPI
El Instituto Casla dirigido por la abogada Tamara Sujú informó que brindó más información para el proceso que lleva a cabo la Corte Penal Internacional en La Haya por ataques de las fuerzas de seguridad venezolanas contra ciudadanos, una clínica privada y tres iglesias.
Según explicó la abogada venezolana Tamara Sujú el objetivo es demostrar que la represión del chavismo contra los ciudadanos se ha recrudecido durante el régimen de Nicolás Maduro.
“No importa ya atacar una clínica o centro de salud, lo que internacionalmente está penado”, señaló la jurista venezolana, que recibió asilo en la República Checa en 2014.
Casla, que recibe fondos del Estado checo, presentó en el pasado varios pliegos ante la Corte Penal Internacional (CPI) con más de 600 casos de torturas atribuidos a responsables del gobierno de Maduro.
En los dos expedientes por crímenes de lesa humanidad abiertos contra Venezuela en La Haya hay casos de torturas, de detención arbitraria, violencia sexual y desapariciones forzadas temporales.
En el material presentado ahora a la CPI se denuncia el ataque a la clínica privada “Alfa” en Maiquetía, estado de Vargas, donde fueron heridas de gravedad tres mujeres durante las protestas callejeras que siguieron a un discurso del dirigente opositor Juan Guaidó el 30 de abril.
Según Sujú, la intervención de las fuerzas del orden hizo que numerosas personas se refugiasen en el centro de salud, donde entraron agentes y abrieron fuego a quemarropa.
Agentes de la Guardia Nacional y Policía Regional allanaron ese mismo día tres iglesias, en Maiquetía, estado Vargas, San Cristóbal, estado de Táchira, y Barquisimeto, estado de Lara.
Allí se habían refugiado manifestantes, contra los que se usaron gases lacrimógenos dentro del templo durante el oficio religioso.
En el pliego de denuncia a la CPI figuran el gobernador de Vargas, José Luís García Carneiro; el vicealmirante Gustavo Romero Matamoros, y el jefe de la policía del estado de Vargas, Virgilio Pelequia, como las cabezas de la represión.
Seis países -Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Chile y Canadá- han denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional y han instado al fiscal a abrir la investigación, que se encuentra en fase preliminar, contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Por otra parte, Casla anunció que en cooperación con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos entregará en junio próximo un informe en la CPI sobre la masacre del pueblo pemón.
Esta comunidad indígena autóctona se ha visto desplazada por el gobierno venezolano para facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
“Unos 1.200 ‘pemones’ se han visto obligados a abandonar Venezuela y refugiarse en Brasil tras ser intimidados por el gobierno”, explicó Sujú.
En el caso de los pemones la acusación podría ir más allá de crimen de lesa humanidad – un intento deliberado, sistemático y generalizado de causar daño con conocimiento de causa- a una población a genocidio -pues podría considerarse que hay una política deliberada de eliminar total o parcialmente, en este caso a un grupo étnico- por hacerse de las riquezas.
